Autonomía de centro, competencias básicas y Carme Laura Gil

Como ese torero que grita “dejadme solo”, como aquellos guerreros iberos que hicieron de Numancia una leyenda perpetuada en un adjetivo y como aquella selección que le clavó doce goles a Malta. Así contesta Carme Laura Gil, consellera de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al alud de críticas de la comunidad educativa: resistiendo.

Ante un curso que se adivina tormentoso, Gil se aferra a las “competencias básicas”, es decir, a las habilidades mínimas que los alumnos deben adquirir al finalizar Primaria y Secundaria. “No se puede permitir que en el futuro haya gente excluida por no tener estas competencias, por eso se ha incrementado el horario de las disciplinas instrumentales”, explicó la consellera en una reciente rueda de prensa. Para conseguir este objetivo, la ex diputada de CiU opta por dar al centro mucha más autonomía, extremo que le ha valido las discrepancias de fuerzas sindicales y, especialmente, de asociaciones de profesores de Secundaria.

La razón de este desacuerdo se halla en que ahora los directores de centro pueden confirmar a los interinos según su propio criterio siempre y cuando estos tengan cuatro años de experiencia docente. Los sindicatos agrupados bajo la Plataforma Unitaria (USTEC-STES, CCOO y FETE- UGT) han impugnado judicialmente la normativa que rige los procesos de adjudicación de trabajo a interinos. La consellera se defendió diciendo que esta cuestión también dependía de una futura Ley de la Función Pública.

En el lado positivo, sólo se puede apuntar que la política de la Generalitat tiende a solidificar la condición laboral del interino mediante la convocatoria de oposiciones: de las 735 plazas ganadas el curso anterior, 706 correspondían a interinos.

Prácticamente ocurre lo mismo con los planes estratégicos de centro, creados por los docentes para alcanzar determinadas metas pedagógicas en un plazo de cuatro años. En este punto, Gil anunció que prepara un nuevo decreto destinado a dar a los directores de institutos más capacidad para escoger al profesorado que consideren más adecuado a los criterios del plan. Se trata, en palabras de la consellera, de “abrir la puerta a un nuevo tipo de gestión” y de “fortalecer la autonomía del centro”.

La titular de Ensenyament insistió en que no se trataba de “dar más poder al director” y remarcó que éste “debe tener, con toda la transparencia necesaria, la posibilidad de escoger a los docentes que necesita”. Precisamente este es el punto débil, en opinión de las fuerzas sindicales, de los planes estratégicos: no existe un control de las decisiones del director, que ejerce funciones de jefe de personal.

Gil responde a este argumento con el hecho de que uno de cada diez centros públicos ha firmado el contrato de un plan estratégico. De todas formas, no existe asociación de docentes de Secundaria (Aspepc, AMES o PES) que defienda esta medida. Intentando sofocar un fuego que no se apagará fácilmente, el Departament piensa introducir en el futuro decreto una inspección de seguimiento que vigile la correcta evolución de los planes.

Ley Catalana

Otro de los puntos sobre los que Carme Laura Gil había puesto el acento en diferentes comparecencias parlamentarias y ante la prensa, es la futura Ley Catalana de la Educación. “Es una ley que se debe hacer con el consenso de todos”, manifestó Gil al tiempo que reconocía que “todavía estamos trabajando en el esquema de la ley, pero ahora sólo tenemos su esqueleto”.

Otro proyecto de decreto que tendrá que esperar y cuyo primer esbozo recibió la negativa del Consejo Escolar, es el que regulará todos los establecimientos que atiendan a los niños entre 0 y 6 años. “Estamos en contacto con otras consellerias para regular estos servicios y esperamos, en un par de meses, llegar a un sistema que nos lo permita”.

La idea que preside este proyecto es dividir estos centros en tres categorías: los parvularios (de carácter educativo), guarderías (de carácter asistencial y educativo) y, finalmente, el resto de servicios de atención a los niños. Gran parte de la comunidad educativa acusa al Departament de querer favorecer al sector privado con esta iniciativa.

Hasta ahora, sólo IC-V, Aspepc y USTEC-STES han pedido la dimisión de Gil. Pero ella sigue resistiendo.

Siete conciertos malditos

Y con ellos llegó el escándalo. USTEC-STES abrió la caja de Pandora al denunciar siete conciertos concedidos por el Departament a centros a los que califica “de élite”: “Súnion”, “Sant Pau” i “SIL” (Barcelona), “Viaró” i “La Farga” (Sant Cugat del Vallés), “Pere Vergés” (Badalona) i “La Vall” (Bellaterra).

El proceso judicial ha obligado a la Conselleria ha hacer públicos los informes de los inspectores sobre estos centros. Seis de estos documentos afirman que los centros no cumplen los “criterios de preferencia” establecidos por la LODE: atender necesidades de escolarización, atender a población escolar de condiciones socioeconómicas desfavorables y, por último, realizar experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Únicamente en el caso de SIL se cumple la primera de las premisas. La Conselleria reiteró que los conciertos se conceden de acuerdo a la legalidad vigente y que no se deben confundir los criterios de preferencia con los requisitos que exige la Ley.

Pero la maldición no acaba aquí. En abril, CiU perdió una moción parlamentaria a causa de un error del sistema de votación. El resultado: tener que auditar todos los centros concertados. Gil explicó que se estudiaría como cumplir esta tarea.