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Si firmamos un Pacto, ¿me colgaré yo sólo la medalla?

Gobierno y oposición son conscientes de que firmar un Pacto por la Educación traería beneficios para el conjunto del sistema educativo. Sin embargo, las razones políticas parecen pesar más, en estos momentos, que los siete millones de estudiantes de nuestro país.
Miércoles, 24 de October de 2001
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La opinión de los políticos
La idea del pacto educativo no es nueva ni mucho menos. Ya en 1990, en plena elaboración de la LOGSE, el Partido Popular, desde la oposición, le reclamaba al Gobierno la firma de un pacto educativo. Sin embargo, el PSOE hizo caso omiso y así, una de las leyes ahora objeto de reforma pasó a la historia como una “buena Ley puesta en marcha por los socialistas”.

Once años después la historia se repite. El partido mayoritario de la oposición, ahora el PSOE, subraya que la Educación debe ser una prioridad en la política de Estado y, por tanto, no debe estar sujeta a los vaivenes políticos o económicos.

Carmen Chacón, portavoz socialista de Educación, señala que “hoy las competencias están trasferidas a las CCAA, algo que Pilar del Castillo olvida. Al igual que se olvida de contar con la comunidad universitaria, con los agentes sociales o con los profesores, por lo que será muy difícil hablar de acuerdos hasta el 2004 cuando el PSOE puede tener la mayoría social”.

Por otra parte, el portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, se muestra interesado en la medida y considera que su partido está abierto al acuerdo “siempre que quieran pactar medidas para elevar la calidad de la enseñanza”. No obstante, el portavoz popular de Educación insiste en que “no se trata de un cambio radical. Nosotros respetamos la LOGSE y la LRU, aunque nuestro programa electoral incluía reformas en aspectos educativos que atañen al fracaso escolar o al panorama universitario”.

Reticencias

Pero no todos los grupos parlamentarios se muestran tan abiertos a la posibilidad de firmar un Pacto educativo. El portavoz de Educación de Convergencia i Unió (CiU), Ignasi Guardans, declaró a MAGISTERIO que “no hay que exagerar en modo alguno con los pactos. El de la Justicia, por ejemplo, sí tenía su sentido, pero el que propusimos nosotros, no el que finalmente se firmó entre los dos grandes partidos y a espaldas de todos los demás”. Para Guardans “vista la experiencia lo mejor son las votaciones en cortes y que el parlamento se pronuncie y adquiera compromisos alrededor de un texto en sede parlamentaria”.

Ideas compartidas en parte por Izquierda Unida (IU). Para la portavoz de Educación de IU en el Congreso, Marisa Castro, “la ministra tiene claro desde el principio de la legislatura sus ideas y cómo piensa sacarlas adelante. Por eso aplica la mayoría absoluta en el Congreso de manera total, la Ley del embudo, mostrando un gran despotismo y desprecio hacia los partidos políticos en la oposición y los agentes sociales”. Para la diputada de IU “lo ideal hubiera sido dialogar y sacar adelante leyes con el máximo consenso posible, pero han perdido una oportunidad de oro y ahora sólo pueden plantearnos la retirada del proyecto de Ley de Universidades del Parlamento”.

El embrión

En lo único que a día de hoy parecen coincidir todos los partidos políticos es en que un Pacto traería beneficios para el sistema educativo. “Los consensos y acuerdos siempre son positivos, pero es necesario que todas las partes se impliquen y asuman los condicionamientos derivados del acuerdo”, explica el subsecretario del MECD, Mariano Zabía.

Sin embargo el tiempo apremia y parece que aspectos como los intereses políticos coartarán la posibilidad de firmar un Pacto Estatal por la Educación.
No obstante, desde el Partido Popular se insiste en que la ministra ha reiterado en numerosas ocasiones la voluntad de consenso. “Nosotros estamos abiertos a un postible Pacto desde hace bastante tiempo, concretamente desde que se firmó en 1997 la Declaración Conjunta en favor de la Educación, auspiciada por la Fundación Encuentro”, afirma Guerra Zuzunegui. Una declaración de buenos principios que logró sentar en una misma mesa a toda la comunidad educativa y que sale siempre a relucir a la hora de hablar de consenso educativo.

Extraparlamentario

La declaración, firmada por las principales organizaciones del ámbito educativo (patronales, sindicatos, asociaciones de padres y de alumnos), así como por numerosos expertos en Educación como Alvaro Marchesi o Manuel de Puelles, entre otros, cuenta con el beneplácito además de los partidos políticos, aunque finalmente no ha pasado de ser un documento extraparlamentario, que no “obliga” a nada.

En esa declaración ya se marcan los objetivos más urgentes para mejorar la calidad y la equidad de la Educación y se advierte del peligro de que la enseñanza quede sometida a los vaivenes de la coyuntura política, económica y social.

¿Utópico?

Lo suscrito por las 18 organizaciones firmantes de la declaración de 1997 no difieren en realidad mucho de las que cuatro años después barajan tanto el equipo de gobierno como la oposición. De hecho entre los compromisos adquiridos entonces se encuentran los de garantizar la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años; establecer un sistema de financiación que garantice el buen funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos, así como la complementariedad con la red educativa Privada; incrementar la autonomía de los centros, mantener la doble estructura de la Secundaria, con una primera etapa de cuatro cursos (lo que sería la ESO) y una etapa postobligatoria (Bachillerato, FP u otro tipo de estudios); garantizar un sistema comprensivo compatible con una progresiva diversificación curricular; evitar la segregación de los alumnos y otras medidas relacionadas con la correcta Atención a la Diversidad de los alumnos.
 

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