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División de opiniones en los primeros análisis

Como ya se esperaba, la Ley de Calidad no ha convencido a todos, aunque las primeras impresiones no han sido especialmente combativas, quizás debido a la prontitud con que se han pedido las primeras impresiones y a la indefinición del documento. De todas formas, MAGISTERIO ofrece las primeras valoraciones. En la imagen, Pilar del Castillo y los consejeros de Educación de las CC.AA. en la presentación del Documento de Bases.
Miércoles, 13 de March de 2002
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Tres han sido los puntos que más han sido criticados en el Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación: la falta de un proyecto de financiación, el olvido casi absoluto a que se ve sometida la enseñanza concertada, y la falta de un diagnóstico claro de los problemas educativos.
Tanto a FERE, como a CECE, como a Educación y Gestión, patronales de la Concertada, les preocupa que en todo el documento apenas les dediquen seis líneas, cuando representan el 35 por ciento de la enseñanza española. Además, les preocupa la indefinición en que ha quedado la Infantil, y lo difuso que ha quedado la forma de organizar y financiar los nuevos itinerarios. Sin embargo, las tres patronales están de acuerdo en una valoración positiva de los objetivos y reformas pedagógicas que plantea la nueva Ley.

Las opiniones sindicales son más dispares: por ejemplo, para CCOO, “el MECD intenta cambiar, de forma radical, el sistema educativo”, lo que para este sindicato es preocupante porque “se apuesta por una opción segregadora desde edades tempranas”. En una valoración de urgencia, para CCOO el documento falla en cinco puntos esenciales: carece de diagnóstico de los problemas educativos; pasa del modelo comprensivo al segregador; no entra en los verdaderos problemas del profesorado; se retrotrae a “viejas propuestas a los nuevos problemas”; y vuelve a olvidarse de los problemas de financiación.
Para el sindicato STE, el documento dista de acertar con la solución a los problemas de la enseñanza española. Para ellos estamos ante una auténtica “contrarreforma educativa”, que lo único que hace es avanzar en la privatización del servicio público de la enseñanza, pues en el fondo las medidas “tienen como objetivo último un desprestigio de la enseñanza pública y un traslado de los alumnos a la privada”.

Por su parte, USO valora positivamente medidas como la supresión de la promoción automática, la recuperación de los exámenes de septiembrelos itinerarios y la reválida, pero “considera insuficientes las propuestas sobre la Educación Infantil, y se muestra sorprendida por la ausencia de una memoria económica que tenga en cuenta las mejoras que se quieren introducir. Para este sindicato, aunque la LOGSE aportó elementos positivos, era necesaria una urgente revisión que tenga en cuenta las opiniones ya expresadas por los docentes en multitud de encuestas. “Se han de corregir los errores más significativos”.

Amparo Valcarce, Portavoz de Educación del PSOE

“Es un documento denso, que merece un estudio más amplio. Una valoración positiva sería que han suavizado el asunto de los itinerarios, por ejemplo. Pero tiene dos carencias fundamentales: no hay diagnóstico de los problemas del sistema educativo, y no se dice una palabra sobre financiación. Y en estos temas mover cualquier cosa supone miles de millones”.

Esta es la primera valoración de Amparo Valcarce, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso. Pero no se queda ahí, pues para ella no hay un modelo de dirección, es muy grave expulsar a los alumnos del sistema a los 18 años, y considera peligroso bajar la edad para ir a garantía social a los 15 años.
Valcarce, por otro lado, se pregunta: “¿Qué es eso del grupo de refuerzo? ¿El grupo de los repetidores? Eso es muy peligroso”. También critica la vuelta al antiguo sistema de la FP, y en general la regresividad del documento: vuelta a los cuerpos, a la reválida, a las pasarelas, se recorta la participación. En resumen, “muchas cosas difusas, muchas confusas, muchas por aclarar, pero también muchas cosas muy cerradas, como los itinerarios”.

Néstor Ferrera, presidente de Educación y Gestión

Para Néstor Ferrera, el documento en su conjunto merecería una valoración positiva en el aspecto educativo, si no fuera por dos aspectos fundamentales: no se tiene en cuenta a la Concertada, es una Ley para la Pública, y se introduce una tremenda inseguridad jurídica en los conciertos.

Para Ferrera, “no se puede dejar al arbitrio presupuestario de las comunidades autónomas el pago delegado de los conciertos, las cantidades que cubrirían la antigüedad de los profesores o los complementos de dirección”. Lo mismo ocurre con el tratamiento del ciclo 3-6 años, del que esperaban alguna medida que racionalizase el gasto público teniendo en cuenta a la Concertada, y que permitiese la libre elección de los padres. “Luego dicen que no admitimos inmigrantes, pero nos obligan a que en la etapa de Infantil sólo podrán entrar en nuestros colegios los niños cuyos padres puedan pagar”. El hecho de que el documento prescinda de las plazas ya creadas por la Concertada, estableciendo que se creen las necesarias, “lo único que provocará es un gasto superior, a la vez que impedirá respetar la libre elección de los padres”.

José Valverde, Consejero de Castilla-La Mancha

Para el consejero de Educación manchego el debate es falso y nace truncado porque “la calidad no se soluciona con medidas de ordenación académica”. Para Valverde “la ley es regresiva, la ministra no acepta que la reforma necesita financiación”. Además, Valverde mostró su preocupación por la Formación Profesional porque “en los últimos años hemos tratado de evitar que los estudios de tipo profesional sean el sumidero del sistema educativo, sin embargo con esta Ley damos marcha atrás en esto y en la concepción académica de los centros ya que la Administración se reserva competencias sobre la selección de los directores”.

Eva Almunia, consejera de Aragón

“Se quiere plantear la reforma mirando por el retrovisor”, afirmó la consejera de Educación de Aragón. A su juicio “se deben plantear los retos para unas aulas en constante transformación. Debemos ser capaces de formar a ciudadanos europeos”.

Para Almunia “falta respeto a las comunidades autónomas porque las competencias educativas no son del Estado”. Además la consejera de Educación del gobierno de Aragón criticó la política ministerial del “yo legislo y tú pagas”, en referencia a las autonomías y pidió una participación más directa de las consejerías a la hora de concretar el texto de la futura Ley de Calidad.

Cándida Martínez, consejera de Andalucía

“La reunión ha sido decepcionante y frustrante porque el documento carece de diagnóstico y porque no se quiere compartir el análisis con las comunidades autónomas”, señala la consejera de Educación de Andalucía, para quien la preocupación principal tiene tres fuentes: “Una reforma no se puede llevar a cabo sin plantear un sistema de financiación”, señala Martínez, para quien “no se puede pretender mejorar la calidad sin invertir. Además la consejera andaluza cree que los 14 años es una edad temprana en la que no se puede decidir el futuro profesional y considera nefasto que “desaparezca la participación de los padres”.

Ángeles Iztueta, consejera del País Vasco

Para la consejera vasca “el diagnóstico que se ha hecho de la realidad es simplista, queriendo hacer una norma única que no tiene en cuenta la pluralidad y complejidad del Estado español”.

Según Iztueta “no se han tenido en cuenta las iniciativas que ya se han puesto en marcha desde distintas autonomías para resolver problemas como la inmigración, por ejemplo, por lo que se debería haber dado un documento de mínimos y no uno completamente reglamentista. Además, la consejera vasca afirma que “el planteamiento de la ley es muy viciado y no hay que olvidarse del contexto europeo”.

F. Javier Fernández Vallina, consejero de Asturias

“Salimos defraudados. No ha merecido la pena venir”. Con estas palabras se manifestaba el consejero de Educación asturiano al término de la Conferencia Sectorial donde la ministra dio a conocer las bases de la Ley de Calidad. Para Fernández Vallina “lo que cuesta dinero se ordena que lo paguen las CCAA, mientras que lo que no se impone desde el MECD, que no tiene en cuenta la cooperación y corresponsabilidad de las CCAA en cuanto a competencias educativas”. El consejero asturiano calificó de fraude la Ley y afirmó que no tenían “ni diagnóstico, ni instrumentos, ni financiación” para poder poner la ley en marcha. 

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