La ministra pasa a las CCAA la pelota de la financiación de la Ley de Calidad

La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, compareció la semana pasada ante el Parlamento a petición propia y del Partido Socialista, para explicar tanto ante la Cámara Alta como ante el Congreso de los Diputados el calendario de aplicación de la LOCE.
Martes, 5 de marzo de 2002
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En el Senado, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ya el pasado 24 de febrero anunció que el Gobierno no tiene ninguna reserva de dinero para financiar la Ley de Calidad.

Pero la ministra fue más allá, y tal y como se temían los representantes de las distintas Consejerías de Educación de las autonomías, destacó que “las competencias están transferidas, tanto desde el punto de vista administrativo o de ejecución, como desde el punto de vista financiero”.

“No hay reserva de financiación a efectos de desarrollo de las competencias en normativa básica que mantiene el Gobierno”, subrayó, al tiempo que destacó que cada Comunidad Autónoma, según sus prioridades y preferencias, determina que porcentaje de su presupuesto destina a la Educación.

Reunión del CPFF

No obstante, la ministra volvió a emplazar a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será donde se determine el dinero que se necesitará para aplicar la Ley de Calidad.

Un discurso que repitió ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja el jueves 27.

Por su parte, desde los grupos de la oposición y en especial desde el PSOE, se critica a la ministra su prepotencia a la hora de explicar ante el Parlamento un calendario hecho publico ante los medios de comunicación casi un mes antes.
La portavoz de Educación del Grupo Socialista, Amparo Valcarce, exigió a Pilar del Castillo la retirada de los borradores de reales decretos de desarrollo reglamentario de la LOCE, hasta que no se alcance un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Valcarce censuró la actitud soberbia y autoritaria de la ministra en todo el proceso de tramitación de la Ley de Calidad y se refirió a “los diez mandamientos” de Pilar Castillo, entre los que destacó el desprecio al Parlamento, la deslealtad institucional, el desdén hacia los sindicatos, la falta de previsión de financiación y las prisas del calendario.

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