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Los alumnos extranjeros superan ya en muchos centros a los españoles

Los profesores creen que los conflictos han crecido de modo significativo en los últimos años y abogan mayoritariamente por tomar soluciones dentro de la propia comunidad escolar.
Miércoles, 8 de May de 2002
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Pese a que los profesores tienen la sensación mayoritaria de que los conflictos escolares han crecido considerablemente durante los últimos tres años, no parece ni justo ni correcto relacionar este asunto con el creciente alumnado de procedencia extrajera escolarizado en los centros educativos de nuestro país.
Para el catedrático de Psicología evolutiva de la UNED y ex secretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi, “el mayor riesgo de conflictividad escolar se relaciona más bien con los contextos sociales desfavorecidos”, a lo que habría que añadir los cambios sociales y las distintas actitudes tanto de los jóvenes como de las familias que se dan actualmente. Además, según Marchesi, “en otros países con menos inmigración también ha crecido la conflictividad escolar”.

No obstante, el hecho de que el 78 por ciento de los alumnos extranjeros estén escolarizados en la escuela pública “puede provocar desequilibrios y la aparición de guetos por las mayores dificultades culturales y lingüísticas”, según este teórico de la Educación, ya que un centro donde se concentran alumnos con necesidades Educativas especiales (NEE), necesita más medios para lograr una correcta Atención a la Diversidad.

En cuanto a la escolarización de aquellos alumnos que no conocen la lengua oficial de nuestro país, el ex secretario de Estado de Educación considera que deben crearse ‘unidades de transición’ en los centros educativos porque así “los alumnos, escolarizados de acuerdo con las leyes educativas, tendrían el apoyo lingüístico y cultural para poder progresar correctamente, mientras que de integrarlos en una clase normal, al no conocer la lengua, no aprenderían nada”.
El profesorado por su parte cree mayoritariamente que la convivencia escolar podría mejorarse mediante medidas adoptadas por la propia comunidad escolar (46%), con el matiz en muchos casos de que “la familia sea responsable de los actos de sus hijos y reflejar esta responsabilidad en alguna normativa” o con la modificación de la Carta de Deberes y Derechos de los alumnos (33%).

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