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Las CCAA, responsables para elegir a los mejores directores

El equipo de Pilar del Castillo pretende que las administraciones autonómicas se responsabilicen de escoger a los mejores directores. Tendrán más competencias. En la imagen, Carme Chacón.
Miércoles, 13 de noviembre de 2002
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“Hay que ser consecuente con lo que tenemos: el Estado de las autonomías. El gobierno lo único que puede hacer es un Proyecto de Ley que aprueba el Parlamento y establecer lo que es el tronco básico para el Estado, en el caso de la enseñanza, dándole, por ejemplo, más funciones en la elección del director”. Estas palabras resumen el modus operandi del equipo de Pilar del Castillo, el “yo legislo y tú pagas” que tanto crispa a los partidos de la oposición.
Con la nueva Ley las comunidades son las que tienen atribuidas la posibilidad organizativa y, por tanto, quienes tienen la pelota sobre su tejado en el caso de la elección del director, así como a la hora de desarrollar las propias normas de funcionamiento para sus centros, por ejemplo, en cuestión de establecer reglamentos disciplinarios.

Pero a la hora de plantear un nuevo modelo de director de centro más profesionalizado, ¿por qué no establecer un Cuerpo de directores?
Desde el Ministerio de Educación y Cultura la respuesta es rotunda: “se ha tratado de establecer un procedimiento serio con la participación de la Administración, pero no hasta tal punto que fuera una designación directa porque pensamos que también es necesaria la participación de la comunidad educativa. Sólo así el director o directora electo encontrará el respaldo de buena parte de aquellos con quienes va a convivir y a quienes va a dirigir”, afirman.
Para el equipo de Pilar del Castillo “con el nuevo modelo se ha dado un paso muy importante, evitando que fuera el Consejo Escolar el órgano que decidiera por sí sólo a quién había que nombrar como director sólo por ser el más votado en el Claustro, sin tener en cuenta méritos, capacidad y evaluación”, señalan.
En cuanto a sus nuevas funciones y su remuneración, desde el MECD se afirma que “una mejor formación de los candidatos derivará en una mayor profesionalización de la función directiva”, aunque también serán las administraciones competentes, “las encargadas de definir y desarrollar posteriormente las medidas de carácter profesional y retributivas contempladas en la LOCE, unas medidas que podrán impulsar si lo consideran conveniente”. Una postura que a juicio de los responsables de Educación de la oposición “es muy irresponsable”.

Sin embargo, fuentes ministeriales señalan que ahora serán las administraciones autonómicas quienes tengan la responsabilidad de elegir al mejor director. “A un mayor nivel de competencias implica una mayor responsabilidad, pero eso garantiza el verdadero estado de las autonomías”, afirman. No se trata, por tanto, de recuperar competencias que han sido ya transferencia a las autonomías, sino de desarrollar el mejor sistema educativo posible a partir de unas medidas básicas y respetando siempre las competencias autonómicas.

Bolsas de candidatos

No obstante, el nuevo modelo se enfrenta al hándicap de la falta de candidatos para un centro en concreto, en cuyo caso desde el MECD se afirma que “este sistema favorece que existan más directores, que cada uno pueda elegir un centro de su interés, que pueda establecer y marcar un perfil concreto para ese centro, haciendo, por ejemplo, que se convierta en un referente en lenguas extranjeras, o en nuevas tecnologías, a través de la especialización profesional”.

Cuestión de dignificación

Si uno de los argumentos esgrimidos por las máximas autoridades educativas del país para reformar el sistema de dirección escolar es la necesidad de dignificar la función docente, no se entiende, por lo menos desde el punto de vista de los muchos profesionales consultados por MAGISTERIO (maestros, docentes, directores e inspectores), que en el nuevo modelo, el peso del profesorado en la elección del director descienda del 70% actual al 15% (la mayoría absoluta del Consejo Escolar se sitúa en 9 ó 10 votos, y hay 7 profesores en el mismo). Además, la mayor parte de los afectados, en torno al 80%, también se muestran disconformes con no poder desarrollar su proyecto educativo en el centro que ellos elijan, dependiendo el centro del que van a ser directores de distintas variables como el número de candidatos en cada zona escolar y otros aún no desarrollados al no estar la Ley de Calidad aprobada de forma definitiva.

Desde la Comisión Permanente Estatal de directores de institutos se preguntan sobre el modelo de centro que se quiere configurar. 

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