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Si gana, el PSOE aplicará el modelo educativo de Maragall

“El modelo educativo del gobierno tripartito que preside Pascual Maragall es el modelo del PSOE y es lo que defendemos los socialistas para toda España”. Así de contundente se mostró Amparo Valcarce, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, en el cara a cara que mantuvo en MAGISTERIO la semana pasada con Eugenio Nasarre, coordinador de Participación del PP. Prueba de ello es que el pasado viernes, el gobierno de Castilla-La Mancha publicó un decreto de admisión de alumnos que, como en Cataluña, ha suscitado las protestas de la escuela concertada.
Miércoles, 10 de marzo de 2004
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Autor: J. M. de MOYA

Ya anunció el propio Zapatero la semana pasada que, si gana las elecciones, aprobará en su primer mes de Gobierno “un plan extraordinario de apoyo a la Educación pública” y que para ello hará “un esfuerzo de inversión para que esos sectores [personas de clase media] vuelvan a llevar a sus hijos a la escuela pública con garantías”. Sin embargo, parece que ese esfuerzo por reflotar la escuela pública también pasa por modificar el sistema de matriculación de alumnos. Un sistema que, a juicio de expertos consultados por este periódico, vulnera frontalmente el derecho a la libre elección de centro por parte de las familias que reconoce la Constitución.

Se trata del mismo procedimiento de matriculación de alumnos que el Gobierno tripartito de Cataluña hizo público hace escasamente un mes y que la semana pasada ha adoptado el gobierno de Castilla-La Mancha. A grandes rasgos, el modelo pretende que el proceso de admisión de alumnos se centralice desde la Administración mediante unas oficinas municipales de escolarización. Además, se suprime el concierto a aquellos centros que ofrezcan Educación separada por sexos. Y finalmente, a la hora de optar por una plaza, se prioriza el factor de cercanía del domicilio al centro.

Cómo funciona

Con la entrada en vigor del nuevo Decreto, los centros ya no organizarán procesos de admisión, sino que esta responsabilidad recaerá en un Consejo Local de Escolarización creado al efecto. Éste recibirá las solicitudes de los padres, a los cuales se ahorrará gran parte de los engorros burocráticos ya que el Consejo recabará los datos directamente del censo del municipio y otros organismos para otorgar puntos a las solicitudes. De esta manera se evitará que las familias caigan en la tentación de falsear algunos datos para obtener una puntuación más alta en el baremo. Precisamente, otra de las novedades del Decreto es que se dará más importancia en dicho baremo a la cercanía del alumno al centro (contará el 50% de la puntuación total) y se rebajará el peso específico de la situación económica familiar. Una vez finalizada la recepción y baremación de las solicitudes, el Consejo se encargará de distribuir a los alumnos en los centros públicos y concertados de la localidad.

Fuentes de la Consejería aseguran que con este nuevo modelo se evitará que los centros concertados rechacen a alumnos con necesidades educativas especiales.

La cruz de la moneda

Sin embargo, según expertos jurídicos consultados por este periódico, la centralización de los procesos de admisión en oficinas municipales “va en contra del derecho de los padres a ser informados y contra el derecho de los centros de informar de modo fehaciente y completo de su carácter propio, y a gestionar el proceso de admisión de alumnos. Los padres y el centro tienen derecho a que no se escatime esa información y a que se considere su relación como un libre convenio mutuo y no como un mero acto administrativo”.

De igual modo que ocurriera en Cataluña –con la diferencia de que en aquella región representan el 50% de la oferta educativa, mientras que en Castilla-La Mancha apenas llegan al 20%– la escuela concertada manchega ya ha amenazado con recurrir el citado decreto de admisión de alumnos y su orden correspondiente (publicamos extracto de ambos en las páginas de Normativa).

Según un dictamen emitido por la CECE, “la Orden proyectada invade competencias de centros y familias ya que irrumpe en el proceso de asignación de puesto escolar, impidiendo la libre elección de centro por los padres e incumple la obligación de la Administración de garantizar y no suplantar las competencias de los centros y de las familias”, entre otras razones.

Representantes de la escuela concertada manchega intentaron en vano frenar la publicación del citado decreto. Buscaron la mediación del arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que, a través de José Bono, procuró in extremis un encuentro entre la concertada y el consejero de Educación, José Valverde.

Finalmente, el decreto se publicó sin apenas cambios el pasado viernes, 5 de marzo. El mismo lunes 8, el arzobispo, en una carta a los medios, denunció la amenaza que suponía dicho decreto a “las libertades y derechos de los padres y de los alumnos”, sin querer entrar en más polémica antes del 14-M.

Y es que desde la consejería de Educación de Castilla-La Mancha las cosas se ven de un modo muy distinto. Según manifestó Valverde en rueda de prensa, este texto legal persigue simplificar los trámites que han de seguir los ciudadanos y, además, garantizar la justicia en la elección de centro y en la igualdad de los alumnos a la hora de escoger plaza en un centro, tanto público como concertado.

De hecho, la aprobación de este Decreto, tal y como explicó Valverde, “viene derivada de la necesidad de adaptar el proceso de admisión a los requerimientos de la Ley de Calidad (LOCE). Es, además, una oportunidad que el Gobierno socialista no quiere dejar pasar para establecer lo que, a nuestro juicio, es un sistema más justo”. Sobre todo esto último, ya que esa adaptación a la LOCE nada tiene que ver con el decreto de admisión de alumnos que ha preparado el propio Ministerio para Ceuta y Melilla y que será llevado al Consejo Escolar del Estado esta semana.

Sea como sea, parece claro que éste es el modelo que el PSOE quiere para las comunidades donde gobierna y para el resto del Estado si el 14-M le fuera favorable.

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