Filtro a la matrícula

Llega la hora de elegir centro, momento cumbre en la muchas veces escasa implicación de las familias en el sistema educativo. Vuelve el papeleo, la burocracia, las carreras de última hora, las dudas sobre lo acertado de la elección, las esperanzas de obtener plaza en el centro deseado. Con la LOCE a la virulé, sometida a una permanente incertidumbre sobre su aplicación, las comunidades continúan como si nada ocurriese y organizan, un año más, el acceso a los colegios e institutos de su territorio.

Es el de matriculación un proceso que siempre propicia quejas y disputas entre las redes concertada y la pública. Pero este año, con la publicación de los dos nuevos decretos de admisión en Castilla la Mancha y Cataluña, comunidades gobernadas por el PSOE, y la consecuente merma en la capacidad de los centros para seleccionar a sus propios alumnos, el debate parece más animado que nunca.

Más peso para la cercanía al domicilio y creación de oficinas municipales de escolarización son las principales novedades incluidas en los textos aprobados por los gobiernos de Josep Maragall y José Bono. En teoría, se trata de ganar en transparencia a la hora de tramitar las solicitudes y hacer más justo el reparto de alumnos con necesidades educativas especiales (a destacar, alumnos inmigrantes) entre ambas redes. Conjugar, en un difícil equilibrio, el derecho a la Educación per se y el de la libre elección de centros.

Reparto

A partir de ahora, las oficinas municipales, controladas por la Administración, decidirán el reparto de plazas siguiendo criterios clásicos (cercanía a domicilio y lugar de trabajo, renta, presencia de hermanos…), pero reservándose por completo la decisión última.

La consejera de Educación de Cataluña, Marta Cid, ha precisado que las oficinas pretenden ser “instrumentos de colaboración” entre la Administración, los centros y los padres, pero muchos han alzado la voz contra lo que consideran el primer paso de una estrategia de control político en la selección de alumnos. Hasta tal punto están los ánimos caldeados, que la Confederación de Madres y Padres de Alumnos (Cofapa), que representa a la mayoría de padres de la Concertada, ha calificado ambos decretos de “estalinistas”.

Aunque aún no se sabe con certeza como funcionarán estas oficinas, y a pesar de los llamamientos a la tranquilidad de ambos gobiernos (el de Castilla la Mancha ha asegurado que el 95% de familias obtendrán plaza en el centro deseado), hay fragmentos del texto legislativo que invitan a la sospecha. En el decreto de la comunidad castellanomanchega, se dice textualmente que la Consejería de Educación tiene la capacidad de realizar “una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que garantice la efectividad del derecho a la Educación y el derecho a la libre elección”.

Entrevista

Uno de los puntos más criticados por los centros privados sostenidos de financiación pública es áquel que les priva de tener contacto directo con los padres que desean escolarizar a sus hijos en ellos. Como las solicitudes pasan a entregarse directamente en las oficinas dispuestas por la Administración, los centros pierden la oportunidad de explicar a los padres su ideario pedagógico.

De hecho, con la anterior normativa, las familias llevaban en mano su solicitud al centro elegido en primera opción y mantenían una reunión con algún responsable del centro, normalmente del equipo directivo. Éste les explicaba su planteamiento didáctico y les otorgaba, si procedía, un punto de libre disposición en su carrera para conseguir plaza en el centro.

Las posibles tácticas disuasorias de los colegios concertados en este tipo de encuentros (de un centro católico con una familia de musulmanes; de un centro con prestigio académico hacia un niño con malas notas) habían levantado sospechas entre algunos sectores de la comunidad educativa. Con los nuevos decretos, se elimina dicha posibilidad, pero también un primer contacto centro-familia que en ocasiones evita posteriores malentendidos. Claro que existen otras vías para conseguir información sobre la oferta educativa de la zona de interés, pero la reunión pre-matrícula era muy apreciada en la Concertada, y su desaparición se ha visto como un auténtico atentado a la autonomía de cada colegio.

Otro aspecto controvertido de los nuevos decretos de admisión es el que otorga mayor puntuación a la proximidad al domicilio en detrimento de la cercanía al lugar de trabajo de los padres. Aunque no de manera absoluta, el PSOE ha optado tradicionalemnte por esta política, ya que la distancia al centro de trabajo implica abrir (liberalizar) el mercado de plazas escolares.

La duda es ahora saber si las oficinas municipales son moda de un día o un nuevo elemento de la Educación en tiempos ZP.

Decreto anti-trampas

Otras de las razones aducidas por Cataluña y Castilla la Mancha para justificar la creación de oficinas municipales de escolarización es la “transparencia” que éstas permiten en el trasiego de datos que presentan las familias y las facilidades que aporta un ente centralizador cuando se trata de gestionar tal volumen de documentos.

En realidad, este tipo de eufemismos se refieren a la capacidad para controlar los documentos que tienen que conseguir la familias para que la solicitud sea tramitada. Y es que algunos padres se ven, año tras año, vencidos por la tentación de falsear algún dato con el objetivo de conseguir una mayor puntuación. Entre las tretas ideadas por los padres figura a la cabeza presentar una renta más baja de la que en realidad se tiene. Antes, cuando las solicitudes se tramitaban en los colegios, la posibilidad de engaño era más grande. Con el nuevo sistema, los padres no tendrán que presentar la declaración porque las oficinas se encargarán de pedirlas directamente al fisco. Los mismo ocurrirá con otro tipo de documentos.

Otra de las trampas más habituales en los procesos de matriculación es empadronar al niño en un domicilio de un familiar que viva cerca del centro en el que se quiere matricular al niño. Aunque normalmente suelen ser los abuelos, existen casos de padres que han enviado a sus hijos a vivir una “temporadita” en casa de sus tios. Se entiende que las oficinas tendrán también en este aspecto un mayor alcance logístico para detectar cambios y recambios de residencia.

Como es sabido entre los padres con hijos en edad escolar, las tretas para hacer efectivo a cualquier coste el derecho a la libre elección de centros no conoce límites. Aunque la ocultación de renta y el cambio de padrón son las que más suenan, existen otras como la obtención de puntos por minusvalía con la excusa de una mínima dolencia.

En un proceso en el que padres y alumnos se juegan tanto, en ocasiones parece que lo idóneo sería que las autoridades contratasen un plantel de inspectores y peritos que verificase la veracidad de los documentos. Máxime cuando los padres se pueden permitir el lujo de traspasar la legalidad con consecuencias mínimas. Con el sistema actual, las sanciones a los tamprosos son mínimas.