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La desastrosa escolarización de los discapacitados

El informe del Consejo Económico y Social (CES), dando sin dar y denunciando sin concluir, presenta un panorama desolador de los resultados de la escolarización de estudiantes con discapacidad.
Miércoles, 2 de junio de 2004
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Autor: José M. LACASA

Las frases negativas llenan el informe: “no llega a 10.000 el total de discapacitados que en el año 1999 estaban cursando estudios universitarios”; “España, junto a Portugal, son los dos países en los que el perfil educativo de las personas con discapacidad severa y moderada es más bajo, destacando además España por la mayor diferencia entre el perfil educativo de las personas con discapacidad o sin ella”; “actualmente pocos [alumnos] continúan con la Educación posobligatoria”; “la proporción de alumnos con necesidades educativas especiales integrados que no reciben ningún tipo personalizado de apoyo es del 46%”; “unas tasas netas de escolarización en Educación Especial prácticamente nulas de los niños de 3 a 5 años”; “la falta de información y formación del profesorado, la insuficiencia de profesionales especializados, la falta de estabilidad de los profesionales de apoyo…”.

Los resultados del informe La situación de las personas con discapacidad en España (CES, 2004), aunque incompletos por la falta de datos algo más concretos –falta, por ejemplo, una aproximación a lo conseguido en los últimos 15 años, lo que impide saber si el sistema Logse es un paso adelante o habría que introducir correcciones– permiten hablar de resultados catastróficos, que nos alejan de Europa. El simple dato de los que continúan estudiando tras la enseñanza obligatoria es ya bastante triste.

Mal punto de partida

Y es que España partía ya de una base muy pobre, como demuestran los gráficos adjuntos para la población menor de 65 años. Pero el informe señala que la situación actual “retardará de forma importante la mejora de su perfil educativo [el de los discapacitados]”.

Entre las causas de todo ello, el informe del CES señala algunas, dentro de un marco legislativo general que interpreta como positivo: la falta de detección precoz de deficiencias y discapacidades debida a la tardía escolarización de tales colectivos, que comienza generalmente –y con poca intensidad– tras los 3 años; la falta de atención a estos alumnos en entornos rurales (“cúmulo de desigualdades” denuncia el informe); insuficiente preparación del profesorado de los centros ordinarios, y el rechazo de los padres a su escolarización en centros no especializados; incumplimiento de la ratio de dos alumnos por aula, etc.

La conclusión es que “las oportunidades de Educación, a pesar de los esfuerzos realizados, se reducen bastante para esta población, dada su menor escolarización en los niveles no obligatorios y su mayor porcentaje de abandonos o de cambio de escuela”.

Tras la obligatoria

La Educación posobligatoria se realiza en régimen de integración “con las adaptaciones curriculares necesarias”. Sin embargo, dichas adaptaciones se realizan de manera muy irregular y poco frecuente, según el Cermi (Comité Español de Representantes de Minusválidos).

Tras denunciar el escaso número de alumnos discapacitados que llega a la Universidad (sólo un 3%), el informe hace una comparativa entre la Garantía Social y la Formación Profesional Ocupacional (FPO). Y su conclusión es que, a pesar de que hay muchos más alumnos en Garantía Social, tan sólo un 10% de estos alumnos se integraban laboralmente, mientras que los que entraban en la FPO conseguían una tasa de inserción media del 40%. A pesar de ello, tan sólo el 0,3% de los alumnos de FPO en 1999 era discapacitado. Funciona, pero no se usa.

Para rematar, un apéndice económico: existe una tendencia al decrecimiento del gasto por alumno en Educación Especial, pasando de 317 euros en 1997 a 280 en 2000. También ha disminuido la ratio de profesores. Tales datos, de los últimos cuatro años, no bastan para explicar la tendencia general. Pero no la ayudan en nada.
 

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