Caza al porro en los alrededores escolares

Autor: Rodrigo SANTODOMINGO

El Ejecutivo central ha emprendido el 2006 con fuerzas renovadas para romper el terrible binomio que une droga y escuela, una alianza cada vez más habitual en los colegios e institutos de nuestro país.

Desde el pasado 10 de enero, más de 3.000 policías nacionales y guardias civiles patrullan los alrededores de determinados centros de Secundaria a la caza del camello de poca monta y menos escrúpulos: aquel que encuentra su cantera de potenciales clientes entre los estudiantes menores de edad. A ellos se suma un número indeterminado de agentes locales y regionales, según decidan comunidades autónomas y ayuntamientos en colaboración con el Gobierno central.

Con la salvedad de las organizaciones de estudiantes y alguna otra voz discordante, el plan diseñado por el Gabinete de Acción Concertada del Ministerio de Interior ha recogido aplausos y parabienes desde todos los frentes. Sindicatos de profesores, padres de alumnos, Administraciones regionales, patronales de la Concertada… Hay matices, pero en general todos han elogiado al unísono una iniciativa que la mayoría juzga absolutamente necesaria.

Aunque el plan habla de drogas en su conjunto, pocos dudan que la palabra clave es cannabis en sus diversas modalidades: polen, resina, marihuana… El famoso porro, cuyo consumo se extiende como la pólvora entre los alumnos cuando cruzan la frontera de los 13-14 años. En Madrid, por ejemplo, el recurso a esta sustancia se ha visto doblado en los últimos diez años entre los jóvenes de 15 a 24 años, según un reciente estudio del consistorio comandado por Alberto Ruiz-Gallardón.

Insuficiente

Tras la puesta en marcha del plan la pasada semana, resultó curioso comprobar como todas las valoraciones resaltaban sus aspectos positivos, pero acompañando siempre la alabanza de una muletilla que se resume en el aunque no es suficiente.

“Vigilar los colegios para acabar con el trapicheo está bien”, asegura la presidenta de la Ceapa, Lola Abelló, “pero la clave para alejar a nuestros hijos de la droga es mantener una comunicación fluida con ellos desde edades tempranas y ayudarles a que se formen una buena imagen de si mismos para que sepan decir que no”.

“Se ataca a los efectos, pero no a las causas”, añade por su parte el presidente de la Concapa, Luis Carbonell. “Hay que conseguir acciones coordinadas con otros ministerios como Sanidad y Educación porque, en cuanto a prevención, está claro que algo estamos haciendo mal”, concluye Carbonell.

Más escueto, el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, declaró a Europa Press que la vigilancia policial es buena como “medida aislada”. Para Núñez de Morgades, la clave para disminuir el consumo estriba en una “nueva estrategia” que incida en los efectos negativos del cannabis, hasta ahora considerado por muchos chavales como un estupefaciente “idílico” que no provoca secuelas de gravedad.

Eficacia

Amén de otras preocupaciones como la posible criminalización del alumno (ver texto de apoyo abajo), las asociaciones de estudiantes cuestionan la utilidad de un plan que, sostienen, sólo servirá para desplazar la compra-venta y el consumo hacia otros entornos.

De igual forma opina la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). Su presidente, Luciano Poyato, considera que “mientras los jóvenes sigan buscando drogas, las seguirán encontrando, cerca o lejos de los centros escolares”.

Lo cierto es que Interior ha previsto un plan paralelo al de los colegios e institutos, menos conocido y centrado en este caso en las zonas de marcha, el cual empezó a funcionar el pasado 2 de enero. Los objetivos son parejos: mano dura contra el pequeño traficante y disuasión para vendedores y compradores.

Otro aspecto controvertido de la iniciativa responde a la selección de los centros a vigilar y a la posibilidad de que estos queden estigmatizados con la poco honrosa fama de ser núcleos de tráfico y consumo de cannabis.

Nombres

Hasta el momento, Interior mantiene un silencio a cal y canto sobre el método empleado para determinar los llamados Mapas de Puntos de Riesgo Específico, así como el nombre concreto de los colegios e institutos objeto de vigilancia. Por supuesto, algunos ya han trascendido a la opinión pública, en ocasiones porque su propio director ha admitido abiertamente que existe trapicheo en las inmediaciones del centro.

Otra duda aún sin resolver tiene que ver con el margen de acción en el que se moverán los agentes destinados al plan, sobre todo cuando toque actuar contra el que compra o consume pero no trafica.

Lola Abelló asegura que el ministro Alonso garantizó, en reuniones mantenidas con asociaciones de padres el pasado diciembre, que las medidas represivas sólo afectarán al camello y nunca al estudiante. Sin embargo, ya el jueves día 12 de enero, un alumno de Villanueva de la Serena (Badajoz) fue sancionado con una multa de 300 euros al serle aprehendidos dos gramos de marihuana, cantidad considerada para consumo propio. El chaval se encontraba en los aledaños de su instituto.

Muchos interrogantes planean todavía sobre un proyecto en fase experimental y abierto a cuantas modificaciones sean necesarias. Es éste un aspecto sobre el que el Ministerio del Interior ha querido insistir, recordando que se pretende mantener una comunicación fluida con todos los sectores implicados. Se aceptan propuestas.

Primeros resultados

A los pocos días de ponerse en marcha el plan de vigilancia anti-droga en centros de toda España, la prensa local reflejaba ya varios casos de actuación policial en las inmediaciones de varios colegios e institutos. Aquí repasamos algunas de ellas:

–En Asturias, los agentes policiales levantaron el 11 de enero doce actas por posesión de hachís en seis centros de Secundaria.

–En Villanueva de la Serena (Badajoz), el jueves 12 de enero se impuso una multa de 300 euros a un alumno de un instituto, también por por posesión de cannabis.

–Según el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, a los tres días de arrancar el plan ya se habían tramitado 14 denuncias por tenencia de estupefacientes: siete en Zaragoza y otras siete en la provincia de Huesca.

–En La Rioja, la policía descubrió que un joven de 19 años que pululaba por los alrededores de un instituto en Logroño tenía en su poder 36 gramos de speed (un derivado anfetamínico). Fue detenido y puesto a disposición judicial.

–En la localidad de Sagunto (Valencia), la policía también impuso multas administrativas a varios mayores de edad que estaban fumando porros en los alrededores de un IES. Otros fueron obligados a identificarse.

Legalización y barrios obreros

Unidos en sus reproches al plan lanzado por el Ministerio del Interior, el Sindicato de Estudiantes (SE) y la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) –las dos asociaciones de alumnos de la enseñanza no universitaria más importantes en nuestro país– coinciden hasta cierto punto en el contenido de la crítica pero discrepan en cuanto a su opinión sobre el problema de la droga en sentido global.

El secretario general del SE (progresista), Juanjo López García, piensa que la vigilancia policial sólo conseguirá criminalizar al alumno y “hacer que los camellos se muevan 300 metros”. Una visión que comparte Álvaro Vermoet, presidente de la UDE (liberal-conservadora, afín al Partido Popular), quien sostiene que “aumentando la presencia policial no se conseguirá que disminuya el consumo, sino, como mucho, el efecto contrario”.

De forma algo sorprendente, Vermoet apuesta por legalizar el consumo de estupefacientes para “acabar con el mercado negro, con las mafias y con la violencia asociada al tráfico de drogas”.

Por el contrario, levantar la prohibición no es el camino para López García, quien considera que la droga es un problema social que encuentra su raíz en la “falta de expectativas” que padecen “los barrios obreros”.