Los expertos auguran un futuro negro si no se cambia el sistema
Autor: José M. LACASA
El mismo Alejandro Tiana, secretario general de Educación del MEC, hablaba hace poco con este periódico sobre cómo los Pactos de la Moncloa –los que en 1977 establecieron diversas fuerzas políticas para atajar la inflación y relanzar la economía, y que incluía un capítulo con el compromiso de aumentar las plazas escolares y dotarlas de financiación–, apoyándose en la Ley General de Educación de 1970, habían elevado los resultados de la enseñanza española a cotas insospechadas, gracias a lo cual el país redujo considerablemente el atraso secular con que nos encontrábamos.
El problema es que tal crecimiento se ha visto detenido en los últimos años, separando a nuestro país de nuevo de la media europea en cuanto a logros educativos –así lo indican las estadísticas europeas y nacionales–, estancándonos en una mediocridad que parece satisfacer a muchos de nuestros políticos, y que a juicio de numerosos expertos traerá consecuencias económicas, sociales y políticas muy negativas.
Claude Thélot, que preside en Francia la Comisión del debate sobre el futuro de la Escuela, escribe para el MEC: “Es absolutamente necesario elevar el nivel educativo, de formación y de cualificación de los jóvenes. Es necesario para la cohesión social de nuestro países, pero también para la calidad de nuestras democracias y la expansión individual de cada persona”.
Es la expresión abstracta de un problema que Santiago Arellano, exdirector del Inecse, baja a la tierra: “Si yo digo que un 30% de los alumnos tiene problemas de lectura, estoy diciendo que de cada 500.000 familias, 150.000 van a tener hijos con dificultades para encontrar trabajo y salir adelante”.
En su opinión, hay que actuar inmediatamente, porque “los alumnos que entran ahora en el sistema salen de él en 2020. Y si no se hace nada, en 2020 nos vamos a encontrar con una generación formada muy por debajo de lo esperable”.
Francisco López Rupérez, exsecretario general de Educación y experto en evaluación, habla de que “el agujero negro cuya fotografía nos ofrece PISA constituye una hipoteca importante para el desarrollo económico y social del país. Hay una correlación elevada entre el nivel educativo posobligatorio y el PIB per cápita, y ese conocimiento medio es imprescindible en una economía de productos y servicios como la española”. La consecuencia de esta merma del capital humano desembocará en una caída económica y en la deslocalización de empresas.
El análisis de Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología de la UCM, coincide en líneas generales con respecto a la economía con Rupérez: “Estos datos nos colocan en inferioridad de condiciones respecto a otros países de Europa”. Pero también le preocupan las consecuencias políticas: “La dificultad de lectura y la falta de disciplina mental nos aboca a un espacio público donde la demagogia ocupará un amplio margen de la discusión política. PISA nos dice que este nivel educativo mediocre viene de 10-15 años atrás, y que le quedan otros tantos años para corregirse, lo que va a reducir el espacio de discusión pública ante temas como Europa, la integración territorial, las pensiones o la política exterior.” Y las decisiones que se tomarán “no serán realistas, sino angélicas”.
Y lo más estremecedor es lo que dice Santiago Arellano: “Si una generación pierde su ritmo, la catástrofe no se soluciona hasta cien años después, porque sus descendientes heredarán su nivel y sus expectativas”.
