Pacto educativo... ¿entre quiénes?
Autor: J. M. LACASA
La cuestión no es sólo qué reforma queremos, sino quién debe participar en esta discusión, qué es lo que le pide la sociedad a la Educación española. Por ello, esa pregunta no debe ser contestada sólo por los responsables de la Educación, sino por los diversos sectores sociales –al menos en lo que se refiere a los objetivos, no en el cómo realizarlos, que para eso están los profesionales.
Lo que cada vez parece más evidente es el descontento con los resultados del sistema educativo actual, tanto lo que PISA nos indica como los que nos ofrecen las propias estadísticas europeas sobre las salidas del sistema (ver los datos en MAGISTERIO de 3 de noviembre pasado, publicados posteriormente por el INE y el resto de la prensa), donde se aprecia un parón de la evolución de la Educación española en los últimos años. Parón aún más triste cuando se compara con la evolución económica general del país en esos mismos años.
A la vista de estos datos, Francisco López Rupérez es tajante: “La Educación es un tema lo suficientemente importante como para dejarlo en manos de políticos y profesionales de la Educación. Si no conseguimos que la sociedad sea un aliado para la mejora de la Educación no conseguiremos hacerla avanzar: la sociedad debe tomar conciencia y movilizar iniciativas. La alianza con la sociedad civil, con los agentes sociales, con los empresarios, es esencial. Pero son cambios para una década, no para un momento”.
Pero parece que esta doctrina no es aplicada en España, salvo en una comunidad, Canarias. Allí, José Miguel Ruano ha establecido un Pacto por la Educación en la que ha entrado la sociedad en su conjunto y, como consecuencia, está elaborando una Ley de Responsabilidad que delimite cuales son las tareas de la sociedad y de los distintos agentes que participan en el sistema educativo. Delimitar tareas, pero también responsabilidades.
Es el principio del camino que marca Víctor Pérez Díaz: “Cambiar el diseño institucional, con sistemas educativos abiertos, con centros que lleven a cabo políticas responsables: no hacer a la gente responsable es una locura”. En su opinión “hay que aspirar a leyes-holgura que permitan un espacio de libertad, de nuevas experiencias, y dejarlo abierto a las decisiones de los padres.”
Y ante un sistema más abierto se presenta otro problema, el de los datos del sistema y su transparencia –transparencia, por cierto, que se encontraba en los programas electorales del PP y del PSOE y que aún no se han visto reflejadas en ningún gobierno: ni nacional ni autonómico–, pues sin ella es imposible avanzar.
López Rupérez denuncia “una actitud política –bastante extendida entre las administraciones educativas y los agentes sociales– de prevención ante la evaluación, que es vista más como amenaza que como oportunidad”. A su entender, la transparencia es propia de democracias evolucionadas, puesto que “es imposible pedir a un ciudadano que se alíe contigo si le hurtas la información: hay que tratarlo como a una persona madura”.
Para Pérez Díaz la transparencia es una obligación. Pero no sólo en lo que respecta a la evaluación, sino a todos los datos: “Debe ser obligatorio facilitar datos veraces sobre diversos aspectos, y que estos no sólo fueran accesibles a los expertos, sino a sociólogos, investigadores, padres, periodistas y cualquiera que pase por la calle”.