“Repartir alumnos supone pervertir la ley”

Autor: José M. LACASA

Tras más de 25 años ocupando cargos de responsabilidad en el Ministerio de Educación, Martina Cases se jubiló de la función pública el pasado agosto, pasando poco después a encargarse de la coordinación jurídica en la patronal de centros concertados CECE. Experta en enseñanza privada, Cases fue subdirectora general de Régimen Jurídico de Centros con la LODE. Desde el 93, su trabajo cobró proyección internacional, primero como consejera de Educación en Francia y Luxemburgo, y después como máxima responsable de la coordinación educativa con Iberoamérica.

Usted estaba en el Ministerio de Educación cuando se aprobó la Constitución del 78, incluso antes. ¿Cómo se vivió el consenso constitucional alrededor del artículo 27?
Con mucha ansiedad, mucha preocupación y una cierta perplejidad. Antes de alcanzar el consenso, todos creíamos que iba ser difícil. Había muchos intereses consagrados por la época anterior, concretamente en las subvenciones indiscriminadas a la enseñanza privada de la Iglesia. El artículo 27 consagra derechos fundamentales que yo comparto; si se volviera hacer y de mi dependiera lo repetiría exactamente igual. Consagra, por una parte, el derecho de la iniciativa privada a crear centros docentes, y la posibilidad de dirigirlos sin más limitaciones que las de la propia ley. Consagra la elección de centro por parte de los padres. Consagra, en definitiva, un sistema dual Pública-Privada. Por eso yo me sorprendo mucho cuando oigo ahora determinados pronunciamientos a favor de una u otra. Si hubiéramos querido otra cosa, hubiéramos plasmado otro modelo.

¿Y cómo se aplica el artículo en esos primeros momentos?
Nos dimos cuenta de que una cosa era hablar y otra practicar. Teníamos un gran equipo. Había mucha ilusión y mucho trabajo: las jornadas hasta las dos de la mañana eran frecuentes, y a las siete estábamos otra vez sobre el tajo. Nos parecía que estábamos viviendo un momento histórico, y que poder participar en él era un honor. Por lo que a mí respecta, viví esa época con muchas ganas de igualdad. Pensé que estábamos llevando la democracia a los centros, especialmente a los públicos con la introducción de los consejos escolares, aunque creo que nos pasamos un poco con las competencias que les otorgamos. Yo ahora las limitaría, aunque mantendría otras muchas.

¿Tenían claro los derechos de padres, alumnos y centros? ¿Su verdadero alcance?
Salvo esos errores que siempre se cometen al principio, quizá por pensar que eres la protagonista, que has venido a salvar a la sociedad, salvo esos errores, yo creo que lo entendimos bien. Miren ustedes, los padres tienen derecho a elegir centro para sus hijos. ¿Esto que quiere decir? Que al Estado no le basta con proporcionar plazas gratuitas suficientes, sino que tiene que procurar que la oferta sea amplia y variada para que se pueda ejercer la libertad de elección. Tengo que confesar humildemente que al principio yo no lo entendía así, fueron juristas de la Privada los que me lo hicieron ver.

¿Y los de alumnos y centros?
En cuanto a los alumnos, básicamente acceso a la Educación en igualdad de oportunidades, sin más limitaciones que las que no estaban a nuestro alcance competencial. Y en centros, y esto era lo más difícil, había que entender lo que implicaba la libertad de creación de centros, y sobre todo que el hecho de que un centro sea concertado no significa renunciar a todos sus derechos. ¿Cúales eran las limitaciones? Exclusivamente las que incluía la propia ley. Eso es el estado derecho: yo no puedo inventarme limitaciones que la ley no consigna.
En su etapa en el Ministerio, hubo algún tipo de evolución con determinados ministros en el tema de la admisión de alumnos.
Que yo recuerde no. La evolución fue mínima, no recuerdo diferencias sustanciales desde Maravall, el primer ministro socialista, a Pérez Rubalcaba, cuando yo me fui a París. Incluso el Ministerio actual creo que se mantiene en la misma línea. Donde veo una contradicción con lo que nosotros hicimos es en lo que está haciendo Castilla-La Mancha.

¿Podría concretar?
Vamos a ver. Si yo he interpretado bien el decreto, creo que atribuye a la Administración competencias que son de los titulares de los centros concertados. Es mi opinión, una opinión formada según la ley, no surgida frívolamente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que es buenísima, dice que la libertad de creación de centros implica muchas cosas. Implica la dirección de los mismos e implica intervenir en la admisión de alumnos, algo que dicen tanto la Logse como la LOCE. Francamente, creo que es una ley que va a hacer mucho daño a una administración socialista honesta.

Quizá lo que falten sean comisiones de escolarización informativas. Estoy pensando en los inmigrantes, que muchas veces desconocen sus derechos.
Estoy de acuerdo. Las comisiones o juntas de escolarización son buenas siempre y cuando se limiten a cumplir unas funciones beneficiosas para la sociedad, sobre todo para las familias desfavorecidas, y que no invadan competencias de los titulares de los centros. De hecho, es el papel que les reconoce el decreto de admisión que siguió a la Logse.

El otro día comentaba a MAGISTERIO un representante del Ministerio que están estudiando la forma de importar el decreto de Castilla-La Mancha eludiendo los problemas jurídicos que plantea.
No me lo creo. Lo que estarán haciendo, y me consta que es la forma de trabajar del Ministerio, es analizar esa sentencia para ver en qué se ha metido la pata. Está claro que la sentencia del Tribunal Superior no censura las formas, que también, sino el fondo del decreto.
¿Qué cree que se esconde realmente tras el decreto?
No es mi tarea descubrir intenciones ocultas. Como ve, apoyo mis argumentos en bases jurídicas. Personalmente, siempre he creído que la Educación sirve, bien para perpetuar privilegios sociales, bien para eliminarlos. Yo siempre he luchado por lo segundo. Ahora no creo que la Educación corrija desigualdades tanto como lo creía cuando era joven, pero tengo claro que las corrige. Si hay gente que utiliza la Educación para otros fines… Prefiero pensar que en CastillaLa Mancha, donde conservo buenos amigos, simplemente se han equivocado.

¿Cree que el decreto es un paso a la izquierda respecto a la LODE?
Sin ofender a nadie, no es un paso a la izquierda ni a la derecha, es un paso torpe. La izquierda no se ha definido nunca por vulnerar la ley. Puede entenderla de una manera o de otra, pero no la vulnera.

Concertada y zonificación

La consejera de Andalucía, Cándida Martínez, nos dijo en una entrevista que la Concertada es transitoria porque no cumple ninguna función social, que es un modelo a extinguir.
A lo mejor vamos a cambiar la Constitución y yo no me he enterado. Si no es así, y con todos los respetos para esta señora, a quien no conozco, tengo que decir que incurre en un craso error. La Constitución es la que es.

¿Qué opina sobre la zonificación estricta para los centros, de “calle a calle”, que están imponiendo desde la Consejería de Asturias?
Habría que especificar si esa zonificación se aplica en todo caso o sólo cuando las plazas no son suficientes.

Es una zonificación previa, sin atender a la demanda de plazas.
Entonces es ilegal. Si un centro, público o concertado, tiene plazas suficientes, acepta lo que le llegue. Si no, entonces aplicará los criterios de prioridad establecidos. Lo que no se puede es hacer trampas. Eso es pervertir la ley.