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Cientos de IES a favor de la Religión colapsan los ordenadores del MEC

La campaña de firmas a favor de una materia de Religión evaluable y parte del currículum no se verá afectada por los cientos de formularios no validados que llegan al MEC desde distintos centros educativos.
Miércoles, 2 de February de 2005
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Autor: Marta SERRANO

Los partidarios de que se mantenga una asignatura confesional en el currículo educativo –como ocurre en la mayoría de los países europeos a excepción de Francia–, no están dispuestos a que sólo se oiga a quienes piden una escuela laica. Por eso, a las más de tres millones de firmas a favor de la asignatura de Religión, (3.016.000 contabilizadas a día de hoy), se podrían sumar los primeros cientos de misivas (200 ó 300) que llegaron a la Confederación de APAS Concapa, y las que llegan al MEC directamente desde distintos centros educativos.

No obstante, el modelo de formulario empleado (que colapsan tanto los correos electrónicos como los equipos de fax de algunos despachos del MEC), no está unificado ni parece muy ortodoxo y, desde el MEC, se critica que muchos de los documentos sean modelos preparados con tres preguntas y tres respuestas cerradas. Al parecer, dicho modelo procedería de las distintas delegaciones diocesanas según ha podido saber MAGISTERIO. En concreto, de la página web de la Conferencia Episcopal, donde se exponía la postura de la Iglesia sobre el “Libro Verde” de la reforma en lo referente a la enseñanza de la Religión y a la Educación para la Ciudadanía.

Aunque dicha información formaba parte de la respuesta de la Conferencia Episcopal al documento de reforma de la LOCE presentado por el MEC y ya no está disponible en la Red de redes, muchos particulares y profesores habrían imprimido la información y estampado su rubrica junto a sus datos para hacer constar su concordancia con la postura adoptada por la Iglesia Católica.

Por su parte, desde Concapa se han apresurado a señalar que estos documentos tipo que ellos han recibido y han remitido al MEC “simplemente por cortesía”, nada tienen que ver con los tres millones de firmas que harán llegar al presidente del Gobierno. De hecho, las mismas fuentes han confirmado que envían diariamente un burofax a Presidencia de Gobierno según el notario computa y valida las firmas legales para mantener la información actualizada hasta el momento de la entrega de dichas firmas a Rodríguez Zapatero.

Ejecución de sentencias

Por otra parte, el Gobierno admitió la semana pasada, en respuesta a una pregunta parlamentaria, que el MEC lleva gastados unos 112 millones de euros en ejecución de sentencias en las que están involucrados docentes de Religión. Una cantidad que se suma a los 63,1 millones de euros de retribuciones para el profesorado de la materia confesional gestionado por el Ejecutivo en muchas comunidades.

Según Avelino Revilla, delegado de enseñanza de la Diócesis de Madrid, “la administración educativa hace frente al pago de las sentencias porque la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, constata que para estos docentes el Estatuto de los trabajadores es supletorio a los acuerdos Iglesia-Estado”.

“Los recursos se producen, sobre todo, por cuestiones de moral, cuando la vida del docente no se ajusta a la realidad que enseña.” No obstante, “también ha habido jurisprudencia a propósito de la no conveniencia de que este profesorado se regule por el convenio colectivo, o por el retraso en los pagos a este profesorado”, señaló Revilla.

Mejoras docentes

Desde la Asociación de Profesores de Religión (Apprece), señalan que “cuando la Administración gasta en ejecución de sentencias es porque no ha hecho bien sus deberes” y los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales, que, al final, les han dado la razón fallando a su favor.

El origen de las demandas está en el Convenio de los acuerdos de la Conferencia Episcopal con el Gobierno en 1993. Dicho Convenio sólo era de aplicación para el profesorado de Primaria, por lo que las sentencias ahora ejecutadas se refieren a ese colectivo.

Según el portavoz de Apprece, Rafael Martín, “el Convenio, además de incurrir en el desatino de incluir a estos profesores en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, señalaba que la equiparación económica plena con el interino entre los años 1994 y 1998”. Posteriormente, el Convenio de febrero de 1999 mejoró sensiblemente las cosas, aunque sin dar una solución definitiva.
 

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