Una filtración interesada hace que la posibilidad de pacto se tambalee

Autor: José M. LACASA

Los supuestos firmantes del pacto educativo anunciado en las ediciones del jueves de ABC y El País eran, nada menos, que Ceapa –los padres de la pública– y Concapa –los de la concertada religiosa–, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la FERE, que agrupa a los titulares de los centros religiosos (pero que no es patronal, y no tiene capacidad de negociar con los sindicatos sobre condiciones laborales).

Sin embargo, tal documento, elaborado por el catedrático de la UNED Manuel de Puelles y por Agustín Dosil (expresidente de Concapa), aún no había sido siquiera discutido por las organizaciones supuestamente firmantes, lo que explica la incredulidad de muchas organizaciones sobre el pacto. De hecho, muchos de los supuestos firmantes se desmarcaron del documento al día siguiente.

Manuel de Castro, en declaraciones a este periódico, defendía la idea del pacto y la fórmula para llegar a acuerdos: “Se trata de comenzar con un núcleo de las organizaciones más representativas y muy empeñadas en alcanzar un pacto, y llegar a un primer borrador. No se trata de excluir a nadie, sino de de crear un núcleo de representantes mayoritarios e ir incorporando a los demás después”. Castro recordó que el anterior pacto educativo, alrededor de la Fundación Encuentro, se consiguió de la misma forma.

Sobre la filtración, dijo que no sabía el autor, pero que desde luego era alguien que tenía “intención de romper el posible pacto”. En que la filtración “es interesada” coincide también Luis Carbonel, presidente de Concapa, que reconoce que el que el documento se haya hecho público ha dejado la posibilidad de llegar a un acuerdo muy tocada.

Carbonel no es optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo por la radicalización de muchas posturas en los últimos años, y predijo que en caso de alcanzarse, se necesitará mucho tiempo de conversaciones y amplias cesiones por ambas partes.

La Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), patronal que agrupa a buena parte de los centros concertados, se mostró sorprendida por la noticia del pacto, y acusó a FERE de “arrogarse una representatividad que no le corresponde”. El sindicato USO, por su parte, se mostró en contra de un pacto que calificó de excluyente, parcial e interesado, criticando a aquellos que “se arrogan toda la representatividad de un sector que, más que divisiones, necesita unidad”. ANPE expresaba la necesidad de “un compromiso institucional para conseguir una Ley Orgánica de Educación que responda al consenso, mediante el necesario compromiso de sus instituciones, y no al enfrentamiento”.

Pero el ambiente y los silencios dicen otra cosa: hablan de que el frente de la LOCE se ha roto, y nadie sabe si será posible reconstruirlo.

El documento, una buena base

Una lectura tranquila del documento, elaborado por Manuel de Puelles y Agustín Dosil, permite constatar que no era una mala base para alcanzar un pacto educativo, aunque quizás necesitaría clarificar los términos. Pero, hay que recordar que es un documento que aún ni siquiera había sido discutido por los supuestos firmantes. De hecho, en Ceapa estaban cansados de decir a sus federaciones que ellos no habían firmado tal documento, pues algunos párrafos se contradecían con la postura mantenida tradicionalmente por esta confederación de padres.

En Concapa, sin ir más lejos, ocurría algo similar: es difícil que una confederación católica de padres firme que la existencia o no de la asignatura de Religión se la ventilen directamente Iglesia y Estado cuando el 70% de los padres eligen voluntariamente esta asignatura para sus hijos. Esta confederación tuvo menos problemas porque se desmarcó ese mismo día públicamente de tal documento, cosa que Ceapa no había hecho oficialmente.

Pero, sin embargo, había puntos en los que era más fácil acercar posturas: la Ley de Financiación (aunque choca con la legislación vigente, que establece que eso es tarea del Consejo de Política Fiscal y Financiara) y elevar el gasto educativo hasta el 6% del PIB; que exista una base común para todas las comunidades; que ningún centro escolarice más de un tercio de alumnos inmigrantes (la cifra es ya de por sí muy elevada); o un refuerzo en 4º de la ESO para aquellos alumnos que pretendan afrontar el Bachillerato. Pero las distancias en los puntos donde hay más rozamiento ideológico imposibilitan el pacto.