Nuevo caso de bullying, impune por no haber sangre
Autor: Marta SERRANO
Se llaman Antonio y Marina y están viviendo unos días realmente difíciles porque no saben qué hacer para proteger a su hijo. No son los únicos. Lo mismo les ocurre a Luis y Margarita con David.
Alumno del CP “San Viator”, en el madrileño barrio de Usera, Luis y Margarita están desesperados. Su hijo, de 14 años y a pesar de su casi 1,70m de estatura, ha sido robado en varias ocasiones a punta de navaja. Le han amenazado con darle una paliza e incluso matarle si no saca cosas de su casa para que los agresores las vendan. Lo peor es que incluso saben donde vive su familia porque le acompañan a casa a la salida del colegio sin que él pueda negarse.
La Ley del silencio
Hasta ahora David no había dicho nada ni a padres ni a profesores por miedo, pero sufre acoso desde hace meses. Sus padres le notaban más nervioso y que iba peor en los estudios, pero siempre ha sido un chico muy vago y como respuesta a sus preguntas era que no le pasaba nada. Hace poco Luis y Margarita descubrieron que un valioso reloj que supuestamente había perdido, en realidad se lo habían quitado. Lo mismo ocurrió con distintas prendas de marca, y decidieron hacer algo.
En el centro escolar no pueden hacer nada porque las agresiones se producen fuera del recinto y la Policía, al parecer, tampoco puede actuar.
Los agresores no son otros que una banda compuesta por sudamericanos de diferentes nacionalidades. La pandilla incluye gente de distintas nacionalidades y sus edades están comprendidas entre los 15 y los 30 años. “Hay incluso padres de familia”, asegura Luis, quien reconoce que si hasta ahora no era racista “en este momento que agreden a mi hijo y atemorizan a mi familia, están consiguiendo que los odie”.
Lo mismo le ocurre a David, que hasta hace poco tenía amigos negros y chinos. “Pero a día de hoy no los puede ni ver y esto nos preocupa”, indica Luis. Y es que D.M.F. no puede ni ir al colegio sólo desde las últimas amenazas la semana pasada. Lo peor es que ambos padres son limpiadores; él de camiones y autobuses y ella de oficinas. Salen de casa a las siete de la mañana y no regresan hasta las seis de la tarde, por lo que D.M.F. pasa la mayor parte del tiempo solo.
Entre sus vecinos de la calle Parque de la Paloma de Madrid, otros menores también han sido víctimas de estas pandillas de sudamericanos que imponen sus normas y quedan impunes porque sus agresiones no son consideradas como delito por la policía. Pero Luis y Margarita se sienten solos porque “aquí cada vecino va a lo suyo y no hay unión de ningún tipo”. Se trata de una zona humilde donde desde hace dos años se concentran los inmigrantes dificultando la convivencia.
La ley de la calle
“Aquí se compran pisos, que suelen costar más de 180.000 euros y tienen cochazos. No sé como pueden hacerlo ni de donde sacan el dinero porque están todo el día en la calle”, asegura Luis.
De hecho, entre los agresores hay menores que al parecer no están escolarizados y si lo están no acuden a clase porque “estos chavales siempre están en la calle”, añade. Esto hace que impongan sus normas en la zona e incluso se apoderen de las canchas públicas de baloncesto y los campos de fútbol y hagan pagar un euro a cada menor que no sea de su pandilla y quiera jugar. Pero no es algo nuevo. Esta situación se repite en muchas otras zonas.
