Vuelve la polémica de los pagos a concertados
Autor: Carmen TABERNÉ
Esta afirmación, procedente de algunos sindicatos de la Enseñanza de la región de Murcia, no es la primera vez que se produce. Sin embargo, muchas de las acusaciones de “financiación encubierta” de los centros concertados no han podido ser demostradas hasta el momento. A estos colegios se les reprocha la presión que ejercen sobre las familias de los escolares para aportar donaciones que son, de hecho, voluntarias, pero que ellos consideran, en la práctica, “obligatorias para algunas familias, que sienten que si no efectúan ese pago, no serán tratados de la misma forma”.
El secretario general de Fete-UGT Murcia, Rafael Soto, asegura que “diez APAS, aproximadamente, de distintos colegios, se han dirigido para denunciar la situación”, pero esta denuncia ha sido sólo verbal, ya que fuentes de la Consejería de Murcia aseguran “no tener constancia de ni una sóla denuncia a este respecto. Si así fuera”, añade dicha fuente, “la Consejería tendría el deber de intervenir, ya que es la Administración regional la que controla que no se efectúen estos cobros ilegales en la comunidad autónoma”.
Rafael Soto, cuenta que “se ha convertido en permanente y obligatorio lo que antes eran meras ayudas coyunturales”. Esta declaración contradice la versión dada por el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, José Francisco Parra Martínez, que asegura: “efectivamente, las aportaciones existen, pero siempre son voluntarias”. Recalca que hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia y recuerda que esta semana se debatirá en Murcia el Pacto Social por la Educación, una tesitura política, que en opinión de Parra, “puede ser utilizada por los sindicatos para fines propios”.
En Fete-UGT Murcia consideran el pago de estas cantidades, que las sitúan entre los 12 euros mensuales y los 250 euros, “excesivas e ilegales”, han dicho. Una amplia horquilla de la que no se poseen datos concretos del número de padres que pagan una y otra cantidad, ni tampoco la identidad de los colegios que la perciben.
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, José Cascales, ha insistido en que “quien no puede pagar no paga y no pasa absolutamente nada. Ni son obligatorias ni se presiona a nadie para que las realice”, asegura. Defiende que son “necesarias y justas” y que “el destino del dinero es siempre correcto. Se suele dedicar a becar a estudiantes que no pueden seguir en el centro en Bachillerato (sin subvención)”, explica.