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“Sería imprudente lesionar derechos constitucionales”

Entrevista en exclusiva con Isabel Bazo, que acaba de ser reelegida presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
Miércoles, 6 de July de 2005
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Autor: Marta SERRANO

Conoce el mundo educativo desde dentro, pues tiene una gran trayectoria profesional como maestra. Tras jubilarse, Isabel Bazo sigue muy ligada al mundo educativo pero desde otro ámbito, el institucional. Acaba de ser reelegida presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

Ha afirmado, tras ser reelegida presidenta de CECE, que su objetivo para los próximos años es que se cumpla la Constitución, ¿por qué ese empeño en poner el artículo 27 como bandera de la enseñanza?
Como bien sabe, el artículo 27 garantiza la libertad de enseñanza y establece de forma clara los derechos de los padres y de los centros y ratifica las obligaciones de los poderes públicos para respetar ambos y mantener la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios.

Parece que no corren buenos tiempos para la concertada. ¿Qué opina del voto de los representantes del MEC en el Pleno del Consejo Escolar del Estado?
Que hicieron un pobre papel, tirando abajo lo que el MEC manifiesta que la LOE garantiza. ¿Qué se puede pensar de quienes votan no, o se abstienen, en enmiendas que transcriben párrafos de la propia Constitución española? El Consejo Escolar del Estado ha quedado desprestigiado con la forma de tramitar el anteproyecto de la LOE. MAGISTERIO ha hecho una información fiel de lo ocurrido en las sesiones maratonianas del Pleno en pasadas ediciones. No es preciso añadir más.

Este organismo también ha pedido que la Religión salga del horario lectivo pero en la última reunión entre Gobierno e Iglesia Católica no se decidió nada, ¿cuál sería la mejor solución?
El tema de la Religión no había sido polémico hasta ahora, por lo menos no con la virulencia fomentada por esa plataforma que pretende imponer una escuela única, laica y estatalizada. El acuerdo entre Iglesia y Estado de 1979 es un pacto expreso entre el Vaticano y España, dos estados, y su cumplimiento es obligatorio para nuestro Gobierno porque así queda garantizado en el art. 10.2 de la Constitución. La mejor solución es su total respeto mientras no se modifique.

En cuanto a los conciertos, las patronales han asegurados que no están asegurados y la LOE ni siquiera se refiere a ellos. ¿Hay conversaciones con los titulares del MEC en este sentido?
En todas las reuniones con el MEC el tema de los conciertos ha sido tratado reiteradamente, pero lo cierto es que es un tema de Estado, ya que su incremento para ajustarse al coste real del puesto escolar debe ser recogido en los Presupuestos Generales. Así que todo depende de la voluntad política.

¿Cree que se revisará la política de conciertos? ¿Podrían llegar a desaparecer?
Es imprescindible que se revise, porque los conciertos son la única garantía existente en este momento para que los padres opten en libertad y con igualdad de oportunidades por el centro educativo que deseen. Es preciso que la sociedad entienda esta realidad. ¿Pueden llegar a desaparecer? Los conciertos se renuevan cada cuatro años y su concesión, según dice la LOE, depende de que existan consignaciones presupuestarias suficientes. Personalmente creo que sería una imprudencia por parte de cualquier Gobierno de turno que intente lesionar un derecho constitucional.

En este sentido, la prensa de Murcia ha acusado a varios concertados de élite de cobrar a las familias hasta 210 euros por una enseñanza que es gratuita por Ley. ¿Se puede hablar de práctica generalizada? ¿Cómo se puede solucionar esta cuestión?
Si es así, hay que entender como puede producirse este hecho que, yo sinceramente, no conozco en profundidad. Todos sabemos que los conciertos son insuficientes para cubrir el servicio de la Educación en un centro privado, pero puede ser que las familias, conscientes de ello, hagan donaciones voluntarias al centro para ayudar a su mantenimiento. Esto es perfectamente legal y no se puede llamar “cobro”. La solución está clara: aumentar los conciertos.

Si finalmente se introduce en el currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿cree que los padres pueden objetarla como ya ha anunciado Concapa?
Los padres objetarán con todo derecho aquellas materias que puedan contener cualquier tipo de adoctrinamiento, y eso lo sabremos cuando se especifiquen los temas que la integren. Curiosamente, Educación para la Ciudadanía fue rechazada en el Consejo Escolar del Estado por mayoría.

Por otro lado, CECE ha estado muy molesta con el intento de un Pacto Social y educativo para dar estabilidad al sistema, y FERE ha anunciado que seguirá intentándolo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para que el Pacto pudiera hacerse efectivo si se empieza desde cero? ¿Podría ser viable?
En la CECE tenemos muy claro que no se puede inventar lo que ya está inventado. El pacto por la Educación se hizo en 1978 con las aportaciones de todos los partidos políticos, que se concretaron en los 10 puntos del artículo 27 de la Carta Magna Yo pienso que entre la FERE y la CECE existen más puntos de unión que de separación. Ambos tenemos, como es lógico, los mismos objetivos, pero distinta forma de llegar a ellos. Partiendo de cero, con la Constitución sobre la mesa para no renunciar a lo irrenunciable y con participación de todos los sectores afectados, padres, titulares y sindicatos, CECE siempre estaría dispuesta a trabajar para la mejora del sistema educativo. 

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