La LOE light

Autor: José M. LACASA

La Ley Orgánica de Educación (LOE) inicia el trámite parlamentario, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio, a la carrera. La temprana fecha límite para la presentación de enmiendas, el 19 de septiembre, ha obligado a las organizaciones más críticas con el proyecto a “ponerse las pilas” según han llegado de las vacaciones, y ya se están estableciendo contactos para llevar a cabo una respuesta conjunta.

Sin embargo, el Partido Popular ya tenía ultimada la “Ley” alternativa que hay que presentar si se hace una enmienda a la totalidad, como estaba previsto. Sin embargo, la propuesta de Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy el lunes pasado para intentar llegar a un acuerdo sobre Educación ha abierto la posibilidad –remota– de que se llegue a algún tipo de acuerdo parlamentario que haga innecesario el apoyo de Esquerra.

Mínimos y máximos

Aunque el tono general del PP no ha sido especialmente favorable a este proyecto de Ley, el punto de conflicto más importante se refiere al artículo 6.3, que establece que “Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan”. En opinión de los populares, tal medida disgregaría definitivamente el sistema educativo español.

Sin embargo, de cara a la tramitación parlamentaria, parece que Rubalcaba se las tendrá que ingeniar para conseguir los apoyos de ERC e Izquierda Unida, guardandose en la recámara un posible acuerdo con PNV y CC.

Los aspectos polémicos

Lo que parece claro es que el Gobierno, en el proyecto de Ley, no quería complicarse demasiado la vida. De hecho, Zapatero siempre ha insistido en que esta Ley debe perdurar, y dio instrucciones claras de que se consensuara lo máximo posible. Quizás por ello se han reducido los aspectos más polémicos, o los que habían levantado más ampollas entre la opinión pública: la Educación para la ciudadanía y la enseñanza de la Religión.
En el primer caso, la nueva asignatura sólo ha quedado en un curso en Primaria, otro entre 1º y 3º de ESO, otro en 4º de ESO y la creación de una nueva asignatura, Filosofía y ciudadanía, en el Bachillerato, y que deberá ser cursada por todos los alumnos. Además, se pretende eliminar los aspectos menos objetivos del currículo, como la inspiración laicista.

En cuanto a la Religión, simplemente se dice que “se ajustará a lo establecido” en el acuerdo con la Santa Sede y con las otras confesiones religiosas.Sí se intenta que la confesión religiosa se responsabilice de los derechos laborales de los profesores que impartan tales enseñanzas, de cara a posibles despidos.

En cuanto a las protestas de los profesores, se ha cambiado la definición de los niveles de enseñanzas artísticas para intentar contentar a todos, pero en el caso de los tecnólogos contra los informáticos, han perdido estos últimos.

Parlamento y memoria económica

Cuando la ministra de Educación presentó la memoria económica, a nadie le pareció suficiente. La cantidad –6.000 millones de euros, un billón de pesetas– en seis años está muy lejos de las promesas electorales, ya que apenas supone la subida de dos décimas anuales (y eso con un PIB constante, que si sube al mismo ritmo que la era Aznar, aún seguiremos bajando). Desde luego, ni Esquerra ni Izquierda Unida, los partidos destinados a ser el soporte parlamentario de la LOE, quedaron satisfechos.

Así, una vez conocido el contenido del proyecto y admitidos los cambios pedidos por los socios catalanes, parece que el único escollo es, precisamente, el dinero. No parece que Izquierda Unida aceptase una cantidad tan reducida, tras haber exigido tantas veces una cantidad varias veces mayor; pero tiene una exigua cantidad de votos, y otras veces ha pasado por el aro para no perder su posición. Esquerra, por boca de Marta Cid, consejera de Educación de Cataluña, ya ha dicho que la cantidad es claramente insuficiente (“eso, sólo para empezar”).

Por tanto, con el dinero –con Solbes– hemos topado. Porque el MEC consiguió a duras penas rebañar ese billón de pesetas de las arcas del Estado, y el Gobierno no parece dispuesto a aportar más. Sin embargo, también parece difícil que Esquerra acepte ese dinero sin más. Una de las vías puede ser el aumento del monto total de la memoria económica. Pero otra vía puede ser –la LOE se aprobará en el Congreso poco antes que el debate de presupuestos– pactar con ERC una cantidad destinada a Cataluña en otro concepto.

Si no, la otra opción que queda es recabar otros apoyos parlamentarios (el PNV no suele poner problemas monetarios, sino de otra índole), pero esa carta parece más una amenaza a Esquerra que una posibilidad real.

Cambios en el proyecto de Ley

Dicen que los cambios de ultima hora esconden lo que el Gobierno quería introducir desde el principio y que no se atrevía a plantear directamente. Existen en el borrador algunos cambios: cuales son decisiones de última hora y cuales no puede decidirlo usted mismo.

1. En el tono general
Ha habido, con respecto al anteproyecto, algunos cambios más o menos sutiles y que se encuentran repartidos por todo el texto. El más claro se refiere a la introducción, de forma machacona, de la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres: “se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres”; o que se “deberá incluir formación específica en materia de igualdad” en la formación docente.
Hay, sin embargo, algunos cambios más sutiles y que esconden un cambio de orientación en el documento: la sustitución del futuro de carácter imperativo (“harán”) por el “podrán hacer”, más abierto y condicional, cada vez que se habla de las comunidades, y que no siempre está justificado; o la eliminación de competencias que el Estado asumía y en las que ha desaparecido la palabra “Gobierno” y se ha sustituido por “administraciones educativas”; y algún otro detalle más, no pueden ser casuales ni correcciones de estilo.

2. Con respecto a los alumnos y las familias
A instancias del Consejo de Estado, el MEC se ha decidido a incluir, con respecto a los alumnos, el esfuerzo individual (no sólo el colectivo), el deber de estudiar y la educación en el mérito y el esfuerzo personal. También se ha eliminado el carácter “censor” de la administración educativa, que según el anteproyecto podía “instar” a cerrar espectáculos contrarios a los fines educativos. Por supuesto, se mantienen las pellas colectivas.
Las familias se ven beneficiadas en un punto: da tantos puntos, para elegir centro educativo, la proximidad del domicilio como la del centro de trabajo. También tienen que respetar el proyecto educativo del centro, pero su adhesión no cuenta para la admisión del alumno.
Pero se ven perjudicadas en muchos más: aparte de lo referente a la información que reciben sobre su centro (véase apartado siguiente), se elimina el requisito “demanda de las familias” para la existencia de plazas en 0-3 años, o se quita la obligación de informar a las familias en el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

3. Obligaciones de la Administración
Parece que la Administración se comprometía con la transparencia del sistema educativo. De hecho, el artículo 10 trata sobre la difusión de información. Sin embargo, el compromiso es mínimo, tampoco se le dan poderes al ex-Ince, ex-Inecse, nuevo Instituto de Evaluación, para facilitar datos sobre los resultados de las comunidades autónomas. Y además, ponen una barrera importante para que los padres conozcan de verdad si funciona bien el centro en que se escolarizan sus hijos, al prohibir que se puedan establecer categorías entre los centros que se presentan a las pruebas de diagnóstico, es decir, saber si es o no bueno.
En el apartado de recursos, se sustituye “garantizar” por “facilitar” a los centros pequeños “los apoyos necesarios para garantizar la calidad” de la Educación.

4. Promoción de los alumnos
Lo más sorprendente, en este punto, tras fijarse muy claramente los criterios de promoción y repetición en la ESO, le niegan al profesor de ESO –al menos, ha desaparecido del proyecto, mientras que se mantiene para Bachillerato y FP– la capacidad de suspender a un alumno, dejando este medida en el limbo de las decisiones, e invalidándose por tanto lo anterior. Concretamente, ha desaparecido que “el profesor (de la ESO) correspondiente decidirá, al término de cada curso, si el alumno ha superado los objetivos de la materia”.
A esto hay que añadir que se mantiene la promoción automática encubierta en la ESO, y se permite sólo una segunda repetición en 4º de la ESO si no se ha repetido antes. Al menos, se establece que, para el título de Bachillerato, hay que aprobar todas las asignaturas.

5. Otros aspectos a destacar
Dirección: El director pasa a estar cuatro años en el cargo, sea o no elegido a dedo (antes, dos y tres años). La elección pasa a ser Logse pura, “democráticamente”, y donde se decía que se la elección “se basará” en la valoración objetiva de los méritos, en la nueva redacción sólo “se tendrán en cuenta”.
Enseñanza de adultos: hay modificaciones importantes, como el permitir incluir a los alumnos desde los 16 años si tienen un contrato de trabajo, pero se elimina la obligación de atender educativamente a la población hospitalizada.
Enseñanzas de régimen especial: se incluyen las deportivas, y se modifican en algunos puntos las Artísticas.
Prueba de Acceso a la Universidad: Se deja mayor participación al Consejo de Coordinación Universitaria en la definición y organización de la prueba “única”, y se establecen medios para la admisión de alumnos de la UE.

El informe del Consejo de Estado y los cambios del proyecto de Ley

Este verano, la noticia educativa fue el “revolcón” que el Consejo de Estado le dio al anteproyecto de la LOE; revolcón, por otra parte, sin consecuencias jurídicas, pues desde este órgano se admitía que el texto no tenía problemas de inconstitucionalidad ni chocaba con los acuerdos internacionales firmados por España.

A ello se agarró el Ministerio de Educación para sostener que la LOE había pasado sin problemas el trámite. Sin embargo, algunas de las apreciaciones del Consejo de Estado tienen bastante calado, y de hecho el MEC ha incluido algunas de sus recomendaciones. Aunque, todo hay que decirlo, más aquellas que tienen que ver con las formas que con el fondo.

Una de las curiosidades que tiene el informe es saber cuales son las objecciones que los diversos ministerios pusieron al anteproyecto de Ley, y qué recomendaciones hacían para mejorar el texto.

No puede sorprender que el Ministerio de Medio Ambiente haga especial hincapié en la lucha contra los incendios forestales, ni que el Instituto de Cinematografía pida a través del Ministerio de Cultura, la inclusión del Cine como asignatura (lo extraño es que el Ministerio de Carmen Calvo sólo incluya esa recomendación).

Sí puede sorprender más que la Secretaría General del Consejo de Universidades pidiera que se incluyeran menciones a la “educación de los hábitos saludables a la práctica del deporte”. Debe ser que lo de los “cursos cero”, que se extienden a lo largo y ancho del panorama universitario español es una coincidencia, y no tiene que ver con la caída del nivel de nuestros bachilleres.

Aunque las mayores objecciones se plantearon en la articulación de la extensión de la jubilación voluntaria Logse (Economía y Trabajo y Asuntos Sociales). Este último Ministerio pidió también mejorar el tratamiento de la discapacidad en el texto, la inclusión de referencias a los derechos y libertades de los extranjeros en España, y que se recoja la regulación que sobre educación hace la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Pero la parte más enjundiosa del informe contiene una serie de críticas al anteproyecto, a saber:
“En la medida en que la propuesta del sistema que el anteproyecto de Ley orgánica plasma no recoge un pacto de Estado, no puede sino lamentar este consejo el desconcierto que para los españoles supone el mero hecho de tener que ajustarse cada breves periodos de tiempo a toda una revisión sistemática y pretendidamente total del sistema educativo”.

“No sólo la estructura del anteproyecto sigue en gran parte la citada Ley [la LOCE], sino que muchos de sus artículos son simple reproducción de los que contiene” esta ley, llegando a sostener que para esto no hacía falta derogar la Ley de Calidad, tan sólo modificarla.

Se acusa al texto de “pivotar sobre determinados extremos” sin “construir sobre los valores esenciales y tradicionales que constituyen la Educación”.

Esto sólo en cuanto a conceptos claves: el proyecto critica la definición de la prueba de acceso a la Universidad, acusa a la exposición de motivos de falta de realismo, y avisa de que la diversificación curricular no puede ser una vía indirecta al título.