Cataluña propone crear una red única de centros educativos
Autor: Marta SERRANO
Madrid y Barcelona nunca en la historia han estado tan unidas como desde que Zapatero entró en La Moncloa. Si ERC puso encima de la mesa más inversión en asuntos sociales (Educación), más infraestructuras y la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña como condiciones sine qua non para dar estabilidad al Gobierno presidido por los socialistas, ahora la Consejería de Educación dirigida por Marta Cid (ERC) ha copiado el método de María Jesús San Segundo.
El fin no es otro que lograr un pacto educativo y social en Cataluña con el que afrontar luego la redacción de la futura Ley de Educación de Cataluña. Una Ley propia para la Educación no universitaria a imagen de la que ya existe en Cataluña para la Universidad y que se elaboraría tras la revisión del Estatuto.
Los primeros pasos para la elaboración de la futura Ley de Educación de Cataluña pasan por la negociación colectiva de unas propuestas que el pasado 6 de septiembre el Departamento de Marta Cid hizo llegar a la comunidad educativa catalana y que recuerdan al “libro verde” o documento “Una Educación de calidad para todos y entre todos”, distribuido por el MEC antes de dar a conocer el texto articulado de la LOE.
No obstante, en el texto dado a conocer por el gobierno catalán (formado por el Partido Socialista (PSOE), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa Por Cataluña (IPC) se recogen propuestas que, ni siquiera a priori, pueden ser asumidas por buena parte de la comunidad educativa catalana. Así al menos lo afirma Antoni Arasanz, secretario general de la Confederación de APA Fapel. “Se trata a la escuela concertada como un problema y a la familia como subsidiaria de la administración educativa”, por ejemplo.
Entre las medidas más polémicas se sitúa la creación de una red única de centros sostenidos con fondos públicos entre los que se repartiría de forma equitativa el alumnado de origen inmigrante y con necesidades específicas y en los que se impartirían los mismos itinerarios educativos. Todo a cambio de más financiación.
Jornada lectiva
Otro punto conflictivo es la extensión de la jornada en Primaria en los centros públicos de 25 horas a 30 horas semanales. ERC dice que se haría contratando más profesorado, pero entre los profesores hay recelo y no están dispuestos a dar una hora más de clase. Por su parte, desde la Consejería, Marta Cid insiste en que no se trata de aumentar los currículos sino de dar clases de refuerzo como ya hacen los centros concertados –a costa de los padres–.
En definitiva, la propuesta de la Consejería no ha convencido a nadie, como ya pasara en con las medidas de María Jesús San Segundo. Ni a los padres (Ceapa, Concapa y Fapel), ni a la mayoría de las patronales y organizaciones sindicales consultadas por MAGISTERIO, les gusta este Proyecto de Pacto Nacional por la Educación. Oportunidad y compromiso. Así se lo expresarán en la próxima reunión con la Consejería. Por su parte, Marta Cid y ERC piden a la LOE que sea lo más abierta posible con el fin de elaborar en el futuro su propia Ley de Educación y tener competencias plenas en los currículos escolares.
El concierto educativo
El sociólogo y experto en Educación Jordi Sánchez (director de la Fundación Jaume Bofill) es el autor de la parte más polémica del texto, en concreto, la parte sobre el concierto educativo.
El texto del Pacto considera la Educación como un servicio público, algo que no ha sentado nada bien a los titulares de centros privados. En concreto, el apartado 3.3 del texto dice: “El Gobierno establecerá el concierto educativo en cada uno de los centros educativos de titularidad privada que han de prestar el servicio público educativo. El concierto no es un derecho del centro privado, sino un instrumento que la Administración ofrece para atender a las necesidades de escolarización en un marco de planificación de la oferta educativa”. La Generalitat consideraría que los centros concertados son parte del servicio público educativo a todos los efectos, incluidos los de la escolarización de alumnos con necesidades específicas.
Así, literalmente el apartado 3.2.5 dice: “el servicio público educativo comportará a todos los centros que formen parte, independientemente de su titularidad, y recibirán un trato equiparable de la Administración en recursos y servicios, así como en cuanto a la planificación, control y gestión”. Todo basado en la trasparencia.
