La Educación ya no es un asunto del Estado

Autor: Diego FRANCESCH

Los sistemas educativos necesitan, en palabras de la Comisión Europea, “una transformación radical” para hacer accesibles a todos los ciudadanos de manera permanente una oferta de Educación y de formación. Siguiendo esta recomendación, ya en 2005, las sociedades europeas sienten la necesidad, manifestada en el Libro blanco sobre la gobernanza europea (2001), de redefinir la arquitectura de sus sistemas educativos y permitir una puesta en marcha de políticas con la participación de los tres elementos que componen el sistema social: autoridades públicas, sociedad civil y sector privado.

Hasta hoy el papel de la sociedad civil en la Educación no ha sido suficientemente pensado, debido a que los sistemas educativos fueron creados en su momento como un servicio que debía ser asumido esencialmente por los poderes públicos.

El Simposio Internacional sobre El papel de la sociedad en gobernanza de la Educación, al que asistieron la semana pasada en Santiago más de 300 expertos mundiales, pretende hacer balance de la “Estrategia de Lisboa” y plantearse de manera nueva las relaciones entre los tres componentes del sistema social.

La “Estrategia de Lisboa” tenía como finalidad “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.

Un asunto de todos

El objetivo de este nuevo modo de gestionar la Educación –la buena gobernanza– es conseguir que la Educación deje de ser un “asunto del Estado” para ser un “asunto de todos”, único modo de lograr que los sistemas educativos respondan al estándar de calidad definido por la Unesco.

En este sentido, la Conferencia Internacional de Educación manifestó en 2001 la urgencia de poner en marcha un diálogo político en Educación, consciente de que los sistemas educativos sólo podrán ser eficaces si implican de manera activa en una negociación política a las partes implicadas: profesores, padres, sociedad civil, sector privado y autoridades públicas.

En este marco, el Director General de Oidel y experto en Derecho a la Educación, Alfred Fernández, indicó que “para lograr una Educación de calidad, hay que reformar el sistema político en su conjunto”. No se trata sólo de una conclusión personal, sino de una idea que aparece en los informes de la Unión Europea, según los cuales, esta transformación, independientemente de cómo se lleve a cabo, implica una mayor participación de la sociedad civil en la gestión de la Educación. Para Alfred Fernández, “la primera dificultad para implicar más a la sociedad civil es conceptual, porque hace falta cambiar de óptica para que la Educación deje de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos”.

Según el Director General de Oidel, “es una revolución en la manera de concebir la política”: ya no se trata de hablar de más o menos Estado –modos habituales de caracterizar el socialismo y el liberalismo–. El Estado dejaría de ser director, para ser moderador.

En este contexto, la sociedad civil no es sólo una conciencia crítica que ejerce una vigilancia sobre las políticas públicas. Debe ser también un apoyo a las acciones del gobierno para suscitar la adhesión del conjunto del cuerpo social. Esta “nueva” función es esencial en la puesta en marcha de las reformas educativas.

Por su parte, el profesor de la Boston University, Charles L. Glenn, experto en Educación comparada, explicó que “es importante dejar atrás las ideas preconcebidas sobre las ventajas de la Educación única”. Para esto, indicó varias ideas que ya no se pueden sostener, como que la Educación del Estado garantiza mayor nivel de neutralidad, que la familia es fuente de resistencia al proceso social, o que las escuelas públicas son las que garantizan el aprendizaje de la democracia al promover los valores comunes de la sociedad.

Diversidad educativa

Glenn se centró en cuatro argumentos para defender la diversidad educativa: el Estado no tiene derecho a “estandarizar a los niños”. Tal estandarización iría en contra de la naturaleza misma de la democracia, ya que no es monolítica sino necesariamente plural. Por lo tanto, el ideario en sí de una escuela no es obstáculo a la “formación a la democracia”. Al contrario, es condición de posibilidad de esta formación.

Según Glenn, “en nombre de la libertad, los ideólogos actuales desean utilizar la Educación para imponer su propia concepción de la libertad”.

En el marco de este simposio, Oidel presentó un conjunto de propuestas para una transformación radical de la Educación en España. La expresión “transformación radical” puede parecer exagerada o maximalista, pero en realidad es la Comisión Europea quien la utiliza en su informe de 2001. Estas diez tesis no constituyen un programa político ni tampoco técnico. Pretenden adoptar un enfoque de la Educación basada en derechos.

Diez tesis para una transformación radical de la Educación en España

1. La Educación es, ante todo, un derecho humano.
2. La validez de una política educativa se mide, antes que por los resultados académicos y las consideraciones pedagógicas, por el derecho humano a la Educación.
3. Para responder a las exigencias del derecho, la política educativa debe reunir cuatro características: dotación suficiente de centros; accesibilidad (no discriminación); aceptabilidad y adaptabilidad a los cambios sociales y a la demanda.
4. Responder a las necesidades reales de cada alumno debe ser el primer objetivo de la política educativa.
5. Para respetar adecuadamente el Derecho a la Educación, los sistemas educativos deberán comprender centros de titularidad pública y de titularidad ejercida por la sociedad civil o el sector privado.
6. La promoción de la diversidad obliga jurídicamente a los poderes públicos. La existencia de centros separados para minorías y para personas de uno u otro sexo no se considera como discriminatorio si el nivel de formación es igual o equivalente.
7. La buena administración de la Educación exige la colaboración de los poderes públicos, de la sociedad civil y del sector privado.
8. El sistema educativo no puede responder a las exigencias de la buena administración sin una verdadera autonomía administrativa, pedagógica y financiera de los centros.
9. La libertad de elección no puede estar limitada por razones económicas.
10. Los poderes públicos tienen no sólo una obligación de medios, sino también de resultados.