Aguirre promete desgravaciones fiscales por gastos en Educación

Autor: Marta SERRANO

Por dos veces ya y, eso sí, en petit comité, Esperanza Aguirre ha anunciado una medida que introduce un concepto nuevo en España en torno a la financiación de la enseñanza obligatoria, y que es gratuita según la Constitución. Se trataría de permitir la desgravación fiscal de una pequeña parte del gasto que las familias realizan en Educación, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid aún no ha desvelado si el establecimiento de dichos beneficios fiscales recaerían también en los titulares de inmuebles.

Como si se tratara de una inversión en vivienda o en pensiones, ésta sería la primera vez que en nuestro país se considera la Educación como un bien básico o de primera necesidad. Éso sí, la medida no se pondría en práctica hasta el último año de la actual legislatura, el 2007, siendo las primeras desgravaciones en 2008, año electoral.

Como baza claramente electoral o no, la medida anunciada por Aguirre beneficiaría a las familias, sobre todo, a aquellos padres que han optado por escolarizar a sus hijos en centros de titularidad privada y a aquellos que más inviertan en formación, que serían quienes más dinero recuperarían al hacer la declaración de la renta. La cuestión ahora es saber en hasta qué porcentaje se podrá desgravar la Educación y qué fórmulas concretas se emplearían. Aguirre ha dicho que “será un porcentaje pequeño” a pesar de que distintas fuentes consultadas por MAGISTERIO afirman que “lo justo sería desgravarse lo mismo que cuesta una plaza en la enseñanza Concertada”.

En este sentido, el Foro Calidad y Libertad en la Enseñanza presentó el pasado jueves un documento sobre la financiación de la enseñanza que compara el gasto público por alumno en centros públicos y concertados constatando que el gasto por alumno es notablemente superior en los centros públicos.

Coste por puesto escolar

Según datos del MEC del curso 2001-02 (últimos datos al respecto publicados por el Ministerio), “el gasto público por alumno de enseñanzas no universitarias fue de 3.517,62 euros en la enseñanza pública y de 1.840,75 euros en la privada concertada. Esto supone términos porcentuales que los poderes públicos invierten un 48% más en los alumnos de la enseñanza pública que en los de la concertada”, afirmó el presidente del Foro Calidad y Libertad de la enseñanza y catedrático de Economía, Juan Velarde.

Asimismo, el secretario general de FERE y EyG, Manuel de Castro, añadió que “el propio Ministerio ha reconocido –en la memoria económica del anteproyecto de la LOE– que un aula de Primaria de un centro público supone un gasto de, al menos, 4.124,24 euros más, que el de esa misma aula en un centro privado concertado.

Por eso, para el presidente del Foro Calidad y Libertad de la enseñanza, “de suprimirse los conciertos con los centros privados, el sector público debería hacer un esfuerzo adicional de 1.676,87 euros por alumno, lo que supone 3.206 millones de euros anuales. Ésta es la cifra que se están ahorrando los poderes públicos con la enseñanza privada concertada al año”.

Así, con las cifras en la mano, los responsables del documento Libertad y financiación de la enseñanza: condiciones y exigencias. En defensa de un sistema de calidad, tildaron la Educación Privada Concertada como “una bicoca para el Estado”.

Los autores del documento consideran además que “es el momento de diseñar un nuevo sistema de financiación de la Educación escolar”, pero, ¿cuál sería el sistema óptimo?

Para algunos expertos, debe hacerse a través de una fórmula válida con carácter universal, por lo que bastaría con actualizar el régimen de conciertos o subvenciones, que sería el método más idóneo. En este sentido, Velarde insistió en que “la cuantía del módulo de concierto debería establecerse de forma que se garantice la gratuidad de la enseñanza, es decir, de manera que se tenga en cuenta el coste real que se deriva del ejercicio de la actividad docente”.

Las becas, el cheque escolar o las desgravaciones fiscales serían, a juicio de los expertos, fórmulas de financiación complementarias muy útiles y válidas, por ejemplo, para el gasto en actividades extraescolares o Educación no obligatoria. “Hay que garantizar la gratuidad de la Educación”, señalaron.