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La LOE incluye el proceso para una “desamortización” de centros

Los centros concertados que lo deseen podrán integrarse en la red pública si cumplen los requisitos marcados por las administraciones autonómicas. ERC ha logrado incluir esta disposición en la LOE, lo que ha causado cierto temor en la enseñanza concertada.
Miércoles, 8 de February de 2006
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Autor: Pablo ROVIRA

La LOE que ha llegado al Senado incluye una de las enmiendas presentadas por ERC que ha creado alarma en el sector de la enseñanza concertada. La ahora ya disposición adicional trigésimoprimera establece que “las comunidades autónomas podrán integrar, en la respectiva red de centros docentes públicos, los centros concertados que, manifestando su voluntad de integrarse en dicha red, atiendan poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que desempeñen una reconocida labor en la atención a las necesidades de escolarización”. En la práctica, esta disposición abre la puerta a “una nueva desamortización”, como la calificaron fuentes de la patronal CECE. Una pica en Flandes para aquellas autonomías que van “a la caza del centro concertado”.

Francesc Canet (ERC) quiere quitar hierro a la inclusión de esta enmienda, puesto que “no hay ni segundas ni terceras intenciones. En Cataluña hay determinadas escuelas de Especial, cooperativas y de movimientos de renovación pedagógica con dificultades de subsistencia que se pusieron en contacto con nosotros. Esto ya ocurrió con anteriores leyes y no hubo ningún problema”.

Por su parte, desde el Ministerio se señala que es una nueva redacción a “una disposición transitoria que incluía la LOCE de una manera más enrevesada”. Sin embargo, la LOCE de lo que hablaba era de la integración de redes en los procesos de “transferencia de competencias” educativas a las autonomías.

En el resto de grupos no se ve con muy buenos ojos esta medida, como es el caso del PNV, que tiene sus dudas sobre cómo podría afectar a la red de ikastolas.

Más críticos se muestran desde FERE-CECA. Luis Centeno considera que la disposición “choca con el ordenamiento jurídico”. Eso sí, hacen una interpretación benigna, “suponemos que es para atender a determinadas escuelas con una situación difícil” y no como un posible intervencionismo. Desde la concertada confían que la voluntariedad que marca la ley invalide cualquier intento de “quedarse con los centros”.

Desde los sindicatos también se rechaza la disposición, aunque “pensamos que no va a ir a mayores”, señala Adolfo Torrecilla (USO). Sin embargo, FSIE siembra la duda porque “la voluntariedad es vulnerable ya que la Administración puede no concertar”.

Los docentes, a la calle

La enmienda 474 presentada por ERC incluía una segunda parte que señalaba que los docentes de estos centros podían, a través de unas pruebas específicas, pasar a ser funcionarios, manteniendo los beneficios de su vida laboral. Sin embargo, esta segunda parte no se ha incluido en la reforma por su imposibilidad legal. Por lo tanto, la disposición deja de tener sentido como modo de ayudar a una cooperativa docente en apuros, ya que todo su claustro iría a la calle, siendo sustituido por profesores de la Pública.
 

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