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El préstamo de libros pone en guardia a los editores

Malestar entre libreros y editores ante el proyecto parlamentario de préstamo de libros de texto en los centros públicos. Ven amenazados, no sólo sus negocios, sino también la cultura vasca.
Miércoles, 17 de mayo de 2006
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Autor: Luis ÁLVAREZ

El departamento de Educación del gobierno vasco pondrá en marcha el próximo curso el sistema de préstamo de libros de texto para los alumnos. Tanto el gremio de editores como las asociaciones de libreros han comparecido en la comisión de Educación. La semana pasada intervinieron en el Parlamento para vaticinar un futuro dramático tanto para su negocio como para la enseñanza y la cultura vasca.

Ambos colectivos predijeron que tanto las pequeñas librerías –que sobreviven casi exclusivamente con las ventas de los libros de texto– como las editoriales autóctonas están condenadas a desaparecer si se lleva a cabo dicha medida. Incluso ofrecieron cifras: según Jorge Jiménez, responsable de editores en lengua vasca, “el 70% de la facturación que se obtiene con la venta de publicaciones en euskera se logra con los textos escolares”. No resulta extraño que, como indica Olatz Osa –vicepresidenta de la organización– este sistema haría “peligrar la política de apoyo a la producción literaria en euskera y se hipotecaría todo el trabajo hecho con las instituciones”

“Costes encubiertos”

La medida se originó en octubre del año pasado a partir de una moción presentada en el Parlamento por el PSE. Dicha moción ha prosperado gracias al apoyo de los partidos en el gobierno, y el voto en contra del Partido Popular, Aralar y el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

El sistema de préstamo de libros es una medida ya instaurada en comunidades como Andalucía, Extremadura y La Rioja. Para Andrés Fernández Secreto, representante del Gremio de editores de Euskadi, este tipo de sistema lleva aparejado una serie de “costes encubiertos”, al hacer necesaria la contratación de un trabajador en cada centro para que gestione y supervise el préstamo de los libros, como se ha puesto de manifiesto en Andalucía.

Fernández propone otro tipo de medidas que no afecten tan directamente a las editoriales y a los libreros como son el sistema de gratuidad total de los libros de texto o el “cheque-libro” a partir de un bono dotado por una cantidad determinada común para todos los alumnos y financiado por la Comunidad Autónoma.

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