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Cuando Religión era para voluntarios

Los docentes de Religión, 1.200 maestros y profesores en toda la Comunidad, también tendrán derecho al cobro de los trienios como los interinos, según el Estatuto de Empleado Público. Este colectivo reclama que se reconozca toda su vida laboral.
Miércoles, 24 de enero de 2007
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Cuando hace un par de semanas, los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, calificaban el Estatuto Básico del Empleado Público como “histórico”, apuntaban que el cobro de trienios por parte de los interinos iba a afectar más de 18.000 interinos y algo más de 500 laborales en la Comunidad Valenciana. Posteriormente, CSI-CSIF se dio cuenta del error de cifras y rectificó, pero el ejemplo sirve para ilustrar el grado de compromiso sindical -especialmente en aquellas organizaciones contrarias a la enseñanza de Religión en las escuelas- con las revindicaciones del colectivo de docentes de Religión. Nadie había sumado los casi 800 maestros de Religión que hay en la Comunidad y que con los de Secundaria conforman un colectivo de cerca de 1.200 docentes. Ellos también tendrán derecho a la percepción de estos trienios, como el resto de interinos.
Esa es al menos la opiniones de las asociaciones profesionales del colectivo -Apprece y Apereva- y de los sindicatos docentes, ya que este personal está considerado como laboral docente en Primaria e interino en Secundaria.
Sin embargo, ¿desde qué fecha se les reconocerá la antigüedad a los maestros de Religión? Ésta es la reivindicación que va a tratar el comité de empresa de los maestros de Religión que se reúne esta semana.
Para comprender esta duda hay que remontarse a los años noventa. Por el Concordato del Estado con la Santa Sede, se creó un sistema para nombrar al profesorado de Religión por el cual los arzobispados proponen a la Administración que es la que nombra al profesorado. El arzobispado, cada curso, concede la idoneidad, condición necesaria para que estos maestros, que son titulados también en capacitación teológica, puedan dar la asignatura de Religión. La Administración daba al arzobispado la cantidad económica necesaria para abonar los sueldos docentes. Eran épocas donde las condiciones laborales de este personal eran paupérrimas.
En los años noventa, a título personal, los maestros de Religión comenzaron a acudir a los tribunales y, tras un largo periplo liderado por el sindicato USO, consiguieron sentencias que recalcaban que existía relación laboral entre la Administración y los maestros de Religión. Finalmente, el MEC –entonces el ministro era Mariano Rajoy–, no tuvo más remedio que reconocer su condición de empleador y en 1999 asimilaba a este colectivo. Inmediatamente, era transferido a las comunidades autónomas con competencias educativas.
Por lo tanto, fue a partir del curso 1999-00 cuando los maestros de Religión comenzaron a firmar un contrato anual singular con la Conselleria de Educación para impartir cada curso la asignatura de Religión.

Toda la vida laboral

Por ello, las asociaciones de profesores de Religión van a reclamar el cobro de los trienios contando la fecha de incorporación a los centros y no desde que tienen contrato, es decir, desde el curso 1999-00. Como comenta José Antonio Diaz, “en Primaria, vamos a pedir no sólo el reconocimiento desde 1999, sino también lo trabajado anteriormente que ya está reconocido judicialmente”.
Además, esta cuestión es especialmente importante porque, a diferencia del personal interino, los profesores de Religión no tienen oportunidad de presentarse a oposiciones en su ‘especialidad’ y, por tanto, toda su vida laboral transcurre en interinidad. Así, docentes con treinta años de servicios es más habitual que en el personal interino del resto de especialidades, donde la gran parte son interinos con menos de tres años de servicios prestados.
“En Valencia tenemos la ventaja de que en 1996 exigimos a la Inspección de Hacienda un reconocimiento de la vida laboral, que recurrió la Conselleria pero ganamos”, señala Marivi Iribarren (Apereva). “Lo que pedimos es que la Administración reconozca la vida laboral de todos, no sólo de los que ganamos las sentencias judiciales”, afirma Iribarren.
Por de pronto, estas asociaciones han pedido una reunión con la Dirección General de Personal.

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