Castilla y León trabaja en un Decreto que vinculará legalmente a la familia

Aún en fase de borrador, el Decreto de derechos y deberes de los alumnos y las obligaciones y compromisos familiares, así como las actuaciones encaminadas a conseguir un buen clima escolar, en el que trabaja la Consejería de Educación de Castilla y León, se convertirá en la primera normativa autonómica que modifica el Real Decreto 732/95, de 5 de mayo. Éste último ya no se ajusta a la realidad actual en materia de convivencia y, dada su complejidad, Castilla y León ha optado por modificarle.
Una de las grandes novedades que presenta el texto es la vinculación legal de los padres ya que estarán obligados a participar de forma activa en la Educación de sus hijos y en los comportamientos de estos dentro y fuera del centro educativo. Las medidas más innovadoras se centran también en otorgar mayor autoridad a los docentes, quienes tendrán libertad para tomar medidas de forma inmediata ante cualquier situación de conflicto. Unas medias reeducativas que precisarán el acuerdo de todo el claustro, así como el consejo escolar y los propios padres de los escolares. “Es un documento complejo que modificará el reglamento interno de los centros y con el que se pretende, por fin, unir el sistema educativo y el modelo educativo-familiar”, subrayó el director general de Coordinación, Inspección y Programas Educativos, Fernando Sánchez-Pascuala.

Larga trayectoria

Éste es el último paso por el momento, pero antes de que saltaran a los medios de comunicación innumerables noticias sobre violencia en las aulas, Castilla y León ya disponía de un Plan de Fomento de la Convivencia propio, en enero de 2005. Desde entonces y hasta ahora su trabajo ha sido constante. Tras un amplio marco normativo, comenzó la creación de comisiones, numerosas acciones formativas y el apoyo incondicional a los centros para desarrollar sus propios Planes de Convivencia, entre otros. El engranaje marchaba tal y como estaba previsto, pero era necesario un foro de debate que conociera la situación real y promoviera actuaciones. El observatorio regional nació ya en mayo del pasado año y se convirtió en el primero de España.  

La importancia del Observatorio regional de Convivencia no sólo reside en su constitución como ente, sino en que está formado por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, que de una forma u otra están implicados en la Educación. Compuesto por 48 personas, aglutina además de la Administración Educativa, a las Consejerías de Sanidad, Familia, Delegación del Gobierno, Servicios Sociales, sindicatos y patronales. Su objetivo es mejorar la convivencia en las aulas, pero para ello es necesario que los centros participen en la recabación de datos sobre cualquier incidencia que perturbe el buen clima escolar. Por este motivo, los centros envían de forma constante datos sobre dichas incidencias que, posteriormente, se evalúan, y se dan a conocer a la sociedad, incluidos también los medios de comunicación, con el riesgo que esto conlleva. Así fue en mayo de 2006 cuando Castilla y León ofreció su primer estudio, correspondiente al primer trimestre del 2005-06, en el que se desvelaba que la mayor parte de las incidencias se registraban en las relaciones profesor-alumno y, de forma casi insignificante desde el punto de vista cuantitativo, entre iguales. Ya en diciembre de 2006 se conocieron los datos del curso 2005-06. Como conclusiones importantes, el 52,28% de los centros presenta incidencias, entendiendo por éstas aquellas en las que el alumno que participa, requiere de medidas correctoras. Sin embargo, un 1,6% de alumnos está implicado y, de ellos, el 50% reincide. Resolver la reincidencia es ahora el nuevo reto de Castilla y León.