Órdago a la Educación para la Ciudadanía
Autor: José M. LACASA
Mientras el director provincial de Toledo mandaba una circular a los centros donde decía que “el alumno que no curse una materia, sea esta cual sea, no podrá ser evaluado y, en consecuencia, no promocionará de curso y no titulará”, y Raimundo Benzal, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista hablaba de la “feroz campaña” contra la asignatura.
Por el otro lado, también han aparecido críticas a la asignatura cuando menos muy cogidas por los pelos, relacionando enlaces web con el contenido de Ciudadanía cuando en principio poco o nada tenían que ver.
Claro que tampoco es evidente que la asignatura sólo vaya a impartir valores constitucionales y que sea similar a la que se imparte en otros países europeos. Sin ir más lejos, existe una evaluación internacional sobre valores cívicos (desarrollada por la IEA, el mismo organismo que realiza TIMMS para Matemáticas y PIRLS para Lectura), avalada por la Unión Europea y en la que el Instituto de Evaluación español está trabajando, en la que al alumno se le plantean cuestiones que algunos políticos que dicen defender Ciudadanía no contestarían correctamente, al menos a juzgar por sus declaraciones.
Por ejemplo, en las preguntas de esta evaluación (CivEd es su nombre, por Civic Education) referidas a las actitudes y los comportamientos, se le plantea al alumno si es bueno para la democracia que “la gente proteste pacíficamente en contra de una ley que considera injusta”. No hace falta irse muy lejos para recordar las acusaciones de miembros del Gobierno y del partido que lo sustenta a los manifestantes de algunas de las numerosas concentraciones contra las leyes impulsadas por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
No se queda ahí el cuestionario: también pregunta si es un buen ciudadano aquel que “participaría en una protesta pacífica contra una ley considerada injusta”. Esta consideración contrasta con las declaraciones de Alejandro Tiana, secretario general de Educación, que acusó a los promotores de la objeción de conciencia frente a Ciudadanía de promover la “desobediencia civil”, y que cursar o no la asignatura “no es negociable”. Claro que, para uno de los promotores de Educación para la Ciudadanía, el propio Peces Barba, el hecho de que una Ley aprobada por un parlamento democrático pueda ser calificada de injusta es poco menos que un oxímoron, algo propio de fundamentalistas.
Más órdagos
Pero los órdagos del MEC no han acabado ahí: la propia ministra, Mercedes Cabrera, en el Congreso de los Diputados, declaró que no cursar la asignatura “impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos correspondientes”. Algo que a primera vista sorprende, ya que en el ámbito de competencia del MEC –Ceuta y Melilla–, el 35% de los alumnos que obtuvieron el título de ESO lo hicieron con al menos una asignatura suspensa.
De hecho, la LOE establece que obtendrán el título los alumnos con dos asignaturas suspensas al finalizar 4º de la ESO, y con tres en casos excepcionales. Es más, si se aprueba la orden de evaluación –que debe estar a punto de salir en el BOE– el alumnos ni siquiera obtendría un cero, sino un uno. Es el nivel de exigencia del sistema educativo que tenemos.
Claro que la ministra podía no estar tan sólo asustando con el hombre del saco, sino que puede estar pensando en recurrir a normas pensadas para casos extremos –situaciones de marginalidad, minorías no integradas, casos de homeschooling radicales– que rara vez se aplican en la actualidad. Dichas normas hablan de la “pérdida de escolaridad” en el caso de faltas reiteradas del alumno a clase, y que podrían aplicarse incluso ante la falta a una sola asignatura, según fuentes ministeriales.
Como vemos, los jugadores ya se han olvidado de que es posible envidar, y ya sólo lanzan órdagos, por lo que el conflicto tiene pinta de acabar en los tribunales.