¿Alergia a la transparencia?

Autor: José M. LACASA

“El cambio en la opinión pública y gubernamental, que ha desplazado su preocupación por los recursos y el contenido de la educación hacia un enfoque sobre los resultados, ha conducido, en muchos países, a la definición de estándares de calidad del trabajo desarrollado por las instituciones educativas […]. El establecimiento de estándares de rendimiento ha conducido, a su vez, al establecimiento de sistemas de rendición de cuentas”.

Son las palabras del Informe PISA 2006 que abren el capítulo dedicado a las “Disposiciones relativas a la rendición de cuentas”. Pero, indudablemente, entre esos “muchos países” que han decidido modernizar su Educación, no está España. España sigue preocupada por los recursos, no por los resultados, cuando cualquier mínimo análisis de nuestra situación nos dice que tenemos, sobre todo, un problema de resultados.

Así lo dice el último Informe conjunto de situación de 2008 del Consejo y de la Comisión sobre la ejecución del programa de trabajo “Educación y Formación 2010” publicado a principios de este mes: en resultados, la media está por debajo de la UE, y la evolución es negativa entre 2000 y 2006; en gasto, estamos por debajo de la media, pero al menos no hemos empeorado. Sin embargo, demasiado a menudo los análisis –políticos, sindicales o de otra índole– inciden en los recursos y pasan de puntillas sobre el fracaso escolar, el abandono temprano e, incluso, de PISA.

Precisamente, PISA publica no sólo rankings de resultados, sino otros que pasan más desapercibidos, como por ejemplo, el de transparencia y rendición de cuentas. Y, en este también, España suele ocupar los últimos lugares de la OCDE.

Publicación de resultados
En cuanto a la proporción de alumnos que acuden a centros donde los resultados académicos se han difundido públicamente, España está –con un 11%– en los últimos lugares,  a 27 puntos de la media de la OCDE. Apenas hay diferencias por regiones, aunque por redes es una práctica algo más habitual en la pública que en la privada.

El Informe PISA 2006 dice expresamente que la difusión pública de los datos sobre logros académicos es uno de los factores que “parece tener un impacto más allá de su asociación con el entorno socioeconómico de los estudiantes y con otros factores escolares”. Una vez más, una medida barata ampliamente desaprovechada en España.

En el siguiente capítulo, España vuelve a ocupar los últimos lugares –sólo el 14% de los alumnos acude a centros donde los resultados académicos se han utilizado en la evaluación del director–, a 18 puntos de la media de la OCDE.

Sin embargo, si en vez de evaluar al director, se evalúa a los profesores, el porcentaje de alumnos que acude a centros donde los resultados académicos se han utilizado en la evaluación de los docentes es del 42% a un solo punto de la media de la OCDE y a 28 puntos de los que evalúan al director.

Lo que indica que, en España, en el único estamento en el que la evaluación parece tener consecuencias –además de en lo obvio, los alumnos–es entre los profesores. No es de extrañar que sean los docentes los más reacios a la evaluación, y no es sólo porque a nadie le gusta ser examinado: es que, primero, es claramente injusto que se evalúe sólo al nivel inferior, y cuanto más se avanza en la en responsabilidad, menos evaluación haya. Y no sólo por los directores: los políticos se evalúan aún menos.

Consecuentemente, si sólo se evalúa a un nivel de responsabilidad, será ese nivel el que cargue con las culpas de todo lo que no salga bien, sean o no responsables: la falta de evaluación de los otros niveles hace que los docentes aparezcan como los únicos responsables.

Tampoco entre centros
La falta de transparencia afecta también a la información que llega a los padres. Por ejemplo, sólo el 10% de los alumnos españoles evaluados por PISA acuden a centros donde los padres reciben información del rendimiento de su centro comparada con el de otros centros, mientras que en la OCDE esa proporción asciende hasta el 27%. 17 puntos más.

Pero, en lo que peor estamos, es en las comparaciones regionales o nacionales. Somos los penúltimos de la OCDE en porcentaje de alumnos escolarizados en centros que envían a los padres información que permita comparar el rendimiento de sus hijos con unos estándares nacionales. En la OCDE esta práctica alcanza al 47% de los alumnos. En España, al 11%. Nada menos que 36 puntos de diferencia.

Claro que lo extraño es poder encontrar esos puntos de referencia: por un lado, en España no existen aún los exámenes externos basados en estándares. Por otro, los únicos resultados comparables a nivel regional hasta PISA eran los de las evaluaciones del Instituto de Evaluación, y como es sabido, existe sobre ellas un bloqueo político en el que participan todas las comunidades autónomas. No vaya a ser que se pueda hacer responsables a los políticos de algo de lo que ocurre con nuestro sistema educativo.

Sin embargo, la OCDE ha detectado que aquellos alumnos que van a centros que pasan exámenes externos obtienen de media 36 puntos más en la escala de Ciencias de PISA que aquellos que van a centros que no los pasan. Estos 36 puntos equivalen, más o menos, a un año escolar de progreso.

Aunque esa diferencia sea en parte explicable por factores socioeconómicos (queda en 17 puntos y deja de ser significativa), estos datos nos indican no sólo que la diferencia existe, sino también que los países más desarrollados apuestan mayoritariamente por los exámenes externos.