Los profesores también serán examinados

Autor: Diego FRANCESCH

La LOE recoge en su artículo 106 que la Administración educativa evaluará la función docente con la participación del profesorado. Hasta ahora sólo ha habido dos tímidos intentos de dar cumplimiento a este artículo de la ley. El más avanzado es el de Asturias, donde se ha implantado un modelo de evaluación para todos los empleados públicos que se ha puesto en marcha este año de forma experimental y, en principio, voluntaria. Los sindicatos educativos ya han rechazado el procedimiento a través de una declaración adoptada por la Junta de Personal Docente, ya que el modelo de evaluación no se ha aprobado en la Mesa Sectorial de Educación, que en Asturias no se convoca, y por tanto no cumple el requisito que establece la LOE de contar con la participación del profesorado.

El modelo asturiano se denomina eufemísticamente “de seguimiento de la actividad profesional” y se presenta como “el mejor medio para mejorar la prestación de todos los servicios públicos”. Una circular de la Jefa del Servicio de Inspección de Educación, Isabel Alvarado, señala que este proceso se halla “en estadio de experimentación, no es definitivo y está sujeto a cambios”.

Entre los objetivos de la evaluación educativa figura –en Secundaria– un incremento del uno por ciento como mínimo del número de titulados en cada centro. Junto a ello, también se marca el objetivo de realizar entrevistas individuales de los tutores de ESO con, al menos, el 70 por ciento de las familias. En el caso de Primaria, el objetivo es incrementar también un uno por ciento el número de alumnos que promociona a ESO con calificación positiva en todas las áreas. También se indica como objetivo prioritario las entrevistas individuales de los tutores con las familias.

Aunque en esta fase experimental el modelo de evaluación no tendrá consecuencias laborales ni económicas, en el futuro sí tendrá implicaciones. Por otra parte, los sindicatos vinculan la evaluación a la carrera docente e incluso la Administración que inicialmente negaba toda relación con ella, posteriormente ha reconocido que el fin último es dicha carrera. En este sentido, la evaluación sólo afecta a funcionarios de carrera y personal estatutario fijo, no a los interinos.

ANPE ha sido uno de los sindicatos más críticos con la medida. “El procedimiento de ensayo-error adoptado –señala Gumersindo Rodríguez– ha convertido a los docentes en meros cobayas”. Además, esta organización critica que “aunque las medidas propuestas son cuantificables, no son objetivas en tanto que pueden prestarse a manipulación”. “Como hipótesis –dice Rodríguez– algún docente puede tener la tentación de aprobar, aunque el alumno no alcance la suficiencia”, lo que arrojaría dudas sobre todo el colectivo docente. Otro de los reproches que se plantea a la evaluación es que descarga en el profesorado toda la responsabilidad sobre los resultados académicos, sin fomentar la corresponsabilidad del alumnado y de las familias.

Por su parte, la postura del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, es clara. En declaraciones a MAGISTERIO manifestó hace unos días como “incuestionable” que en Asturias “todos los funcionarios públicos van a ser evaluados y los docentes son una parte de esos funcionarios y también van a ser evaluados”. El consejero reconoce que es una tarea de Administraciones Públicas, pero que en el caso de los funcionarios docentes se adaptarán las pautas generales a la función docente. Riopedre quiere tiempo para experimentar sobre el modelo y aprobarlo sin prisas.

Evaluación en Baleares
Otra de las comunidades que se ha propuesto evaluar a los docentes es Baleares. La consejera Bárbara Galmés anunció esta medida hace unas semanas. En este caso se concibe más bien como una recogida de información entre el profesorado encaminada a mejorar aspectos muy concretos. No como medida sancionadora sino correctora.  Además, en este caso la evaluación se basará en la autonomía del centro, que decidirá cómo y qué se evalúa. Para ello se dará más importancia a la Comisión de Coordinación Pedagógica y a los jefes de departamento en lo que se refiere a la materia concreta, y a los equipos directivos en los demás aspectos. Aún así la Consejería deja la puerta abierta a evaluaciones externas y ya está en fase de elaboración un documento para empezar el curso que viene.  Para STEI-i, la evaluación del profesorado generará tensión en el profesorado y romperá el trabajo cooperativo.