El Gobierno abre la “puerta de atrás” para obtener un título de FP por experiencia

El pasado 5 de diciembre, los ministros de Trabajo y Educación presentaron en el Consejo General de FP el borrador de Real Decreto de acreditación de la experiencia laboral. Según el texto del borrador [ver cuadernillo central], que se va a aprobar en enero, los trabajadores podrán acreditar su experiencia y convalidarla por algunos módulos de FP, así como recibir orientación para completar su formación.
Diego FranceschLunes, 22 de diciembre de 2008
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El pasado 5 de diciembre, los ministros de Trabajo y Educación presentaron en el Consejo General de FP el borrador de Real Decreto de acreditación de la experiencia laboral. Según el texto del borrador [ver cuadernillo central], que se va a aprobar en enero, los trabajadores podrán acreditar su experiencia y convalidarla por algunos módulos de FP, así como recibir orientación para completar su formación.

Las primeras convocatorias para la acreditación de esa experiencia serán las de los trabajadores de la atención a la dependencia, la Educación Infantil y el sector de las energías renovables.

El portavoz de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid (Aceim), Juan Martín Maestro, señaló a MAGISTERIO que la propuesta inicial afecta de distinta manera a cada comunidad, en función del desarrollo normativo que tienen los centros de Infantil. Por ejemplo en Madrid existe una normativa muy clara sobre los centros autorizados y las titulaciones requeridas. Por eso Martín afirma que “sería llamativo, por no decir vergonzoso, que se hiciera legal algo que ahora no lo es”.

La propuesta del Ministerio plantea el problema de la titulación de los profesionales. Y, en este sentido, la LOE establece que “la atención educativa directa a los niños del Primer Ciclo de Infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en Educación Infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad”.

Algunas comunidades se circunscriben a este artículo de la LOE para determinar la titulación requerida, pero otras como Madrid, Canarias o el País Vasco especifican las titulaciones necesarias, entre las que se incluyen las de Técnico Superior de Educación Infantil, Técnico Especialista Educador Infantil o Técnico Especialista en Jardines de Infancia. En el caso de Andalucía, se ha dado un plazo de cuatro años para obtener el título.

El pocedimiento de acreditación de la experiencia tendrá tres fases que incluirán, en primer lugar, el asesoramiento individualizado. En una segunda fase de evaluación para cada una de las áreas de competencia, una comisión de cinco miembros comprobará si el candidato demuestra la competencia profesional requerida. Por último, en la fase de acreditación se expedirá la certificación acorde con los títulos de FP.

Según Juan Martín, de Aceim, en las comunidades en que esta normativa está clara la acreditación de la experiencia no tendrá margen, pero sí en aquellas donde no hay un desarrollo normativo. En este aspecto influye también si el ciclo 0-3 años depende de Educación o de Familia o Servicios Sociales. Martín es tajante a la hora de afirmar que una medida así en Madrid “carece de sentido”, ya que al existir requisitos previos de titulación será difícil que se pueda acreditar experiencia para una validación posterior de ésta por un título.

Un problema distinto se plantea en aquellos centros que se mueven en un ámbito intermedio, como las ludotecas o centros de recreo, y en los que se está desvirtuando el planteamiento educativo. O aquellos centros que carecen de autorización.

Para estos casos Aceim expresa el “peligro” de que por esta vía accedan a una homologación de la que carecen ahora. En este sentido coincide con STES al afirmar que este plan es “una puerta de atrás” para obtener un título. En el caso de haber acreditado su competencia, los candidatos recibirán orientación para completar su formación y obtener un título de FP o un certificado de profesionalidad. Una de las finalidades de este proyecto es que, en una primera fase, unos 80.000 trabajadores puedan engrosar las aulas de Formación Profesional y obtener un título oficial. En su aplicación final el objetivo es atraer a 200.000 estudiantes más a la FP de Grado Medio.

“Dignificar” la Formación Profesional
El proyecto del Ministerio pretende “dignificar” la FP y alcanzar una mayor cifra de alumnos que opten por estos estudios. El sindicato STES, en su propuesta al Consejo Escolar del Estado, indicó que las Administraciones educativas tienen que aumentar su oferta “para conseguir que ninguna persona que quiera desarrollar estudios de FP se quede sin plaza en el ciclo elegido”. Por eso para STES este proyecto “es una especie de puerta de atrás”.

Según este sindicato, el proyecto favorecerá lo contrario de lo que persigue. Es decir, “el abandono de la opción académica por la opción laboral o los cursos de formación no reglada”. Así, aumentará el número de titulados pero no la calidad de los titulados. “El alumnado potencial –dice STEs– verá más rentable la formación en sentido inverso. Es decir, entrar en el mundo laboral al terminar la ESO, aunque sea con contratos basura y validar después a los 18 años esa experiencia”.

Para CSI-CSIF, en una valoración inicial, este proyecto no tiene en cuenta ni al profesorado ni la capacidad de respuesta de los centros públicos, por lo que puede derivar en una privatización encubierta que maquillará el desastre de la formación postobligatoria y que, probablemente, sirva únicamente para mejorar las estadísticas, pero no para satisfacer la demanda del sistema productivo ni la progresión personal”. Para STES otro peligro para el profesorado de FP es que ahora tendrá que convencer a los alumnos de la necesidad de formarse integralmente.

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