La FERE reclama los compromisos que le llevaron a dar su aprobación a la LOE

Hace ya más de dos años que se aprobó la LOE, una ley que desde el principio fue rechazada por las patronales de la enseñanza privada, pero que, por el contrario, sí que recibió la aprobación de la FERE, precisamente por la cantidad de compromisos que contenía respecto a la Concertada. Sin embargo, pasado todo este tiempo, las disposiciones que se han llevado a la práctica han sido mínimas, lo que ha llevado a la Federación de Religiosos de la Enseñanza a denunciar ahora todos los incumplimientos y discriminaciones que están sufriendo sus centros, y que están creando un enorme agravio comparativo con la Pública.

Los incumplimientos comprenden desde medidas de atención a la diversidad o formación del profesorado, hasta la financiación de los conciertos y la autonomía de los centros. Según la FERE, “la discriminación más generalizada que sufre la enseñanza concertada es la deficiente financiación del módulo económico de concierto que mantiene un enorme diferencial con respecto al coste real de la enseñanza”. Los últimos datos de los que dispone la patronal cifran en unos 4.500 euros el déficit medio por unidad, en la partida de otros gastos. En este sentido, la FERE pactó con el Gobierno (y en la LOE aparece) una disposición adicional que indica que se debía constituir una comisión de estudio que analizara el coste medio del módulo.

Justo hace un año, el secretario general de la FERE, Manuel de Castro, afirmaba en una entrevista publicada en MAGISTERIO que “de momento no se ha dado ningún paso en este tema y estamos urgiendo al MEC para que empiece a trabajar”. Asimismo, recordaba que “esta precariedad económica por la que estamos pasando es evidente cuando constatamos que un alumno de un centro público cuesta al menos un 40% más que en la Concertada”.

Unos meses después, durante su participación en un seminario sobre financiación pública, el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana, se comprometía a crear “de manera inmediata” dicha comisión que sirviera para calcular en el seno de la Conferencia Sectorial el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Manuel de Castro aprovechó para solicitarle que “no se demorara más y se llevara a la práctica en la primera parte de esta legislatura, ya que hablamos de un problema serio que la Concertada arrastra desde hace mucho tiempo”.

Sin embargo, la salida de Alejandro Tiana del Ministerio provocó de nuevo la paralización del compromiso. Los centros no han recibido cantidad alguna suplementaria para la aplicación de la LOE, a pesar de que en la memoria económica así se contemplaba. Tampoco se han incrementado los módulos de los centros privados concertados que escolarizan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ni se han recibido las compensaciones económicas para la mejora de la función directiva de los centros concertados, que deben ser análogas a las previstas para los cargos directivos de los centros públicos.

En declaraciones a MAGISTERIO, Tiana asegura que dejó el asunto en cuanto salió del Ministerio, aunque se habían producido trabajos preliminares para constituir la comisión. El ex secretario general del Ministerio señala que los demás compromisos con respecto a la Concertada sí que se fueron cumpliendo, así como un acuerdo para los años siguientes en el que se incrementaban los presupuestos para los módulos del concierto.

Concierto del Bachillerato
Pero las discriminaciones que señala la FERE no se reducen a los incumplimientos que se producen en el Gobierno central. Hay que sumarle también los de las distintas comunidades autónomas. El caso más llamativo es el del Bachillerato, ya que mientras que Valencia, País Vasco, Navarra y Baleares lo tienen concertado, el resto de alumnos de la Concertada tiene problemas económicos reales para continuar sus estudios en el mismo centro.

De hecho, son muchos los alumnos que tienen que abandonar el colegio concertado contra su voluntad cuando llegan al Bachillerato por no ser gratuito. Para la FERE, “la actual crisis económica y el incremento del coste que supone la aplicación del nuevo sistema de evaluación y promoción hacen necesario que las Administraciones educativas procedan cuanto antes a la concertación de esta etapa postobligatoria”.

Escuelas Católicas ha anunciado también que va a crear un Observatorio para la no discriminación del alumnado por motivos del centro donde se escolarice y a denunciarlo públicamente. El objetivo de este nuevo organismo es luchar a favor de la igualdad de trato para todos los alumnos, independientemente de si se escolarizan en la Pública o en la Concertada.

La falta de financiación para la Concertada se está dejando notar también en las medidas de atención a la diversidad. La FERE manifiesta que si “los centros no presentan soluciones específicas para los alumnos que manifiestan dificultades especiales de aprendizaje se debe a que las Administraciones no dotan a estos centros de los recursos necesarios para aplicarlas”. Sin embargo, lamenta que se le acuse de falta de compromiso con respecto a la escolarización y atención a los inmigrantes, cuando constantemente le niegan los medios para poder hacerlo en igualdad de condiciones que los centros públicos.

A todas estas diferencias hay que unirle la discriminación en cuanto al acceso al bilingüismo, dotación de recursos para la aplicación de las nuevas tecnologías, ayudas a para transporte escolar, becas de comedor o creación de bibliotecas escolares.

MÁS DISCRIMINACIONES

• Atención a la diversidad

Se habla en la LOE de la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo, de agrupamientos flexibles y de desdoblamiento de grupos. Ninguna de estas medidas se puede llevar a la práctica por falta de autorización, regulación y financiación.

• Formación docente

La LOE indica que es obligación de las Administraciones educativas la promoción de la utilización de las tecnologías de la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado. Nada de esto se ha puesto en práctica, al menos en la Concertada.

• Construcción de centros

No se cuenta con el apoyo económico de los ayuntamientos, como sucede con los centros públicos, pero en cambio se mantiene la presencia de un concejal en los consejos escolares de los concertados.

• Autonomía de los centros

Las Administraciones educativas están cerrando todas las puertas en lo que se refiere a posibilidad de adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario, etc. Dicha autonomía está siendo sistemáticamente sofocada por las Administraciones que, a través de los programas informáticos creados para la recogida de los datos de los centros, fiscalizan desde la distribución de la jornada hasta cuestiones de organización interna de los mismos.

• Salarios del profesorado

Los salarios de los trabajadores de la Concertada son inferiores a los de la Pública, salvo en Navarra, aunque en esta comunidad, al igual que en el resto, las jornadas laborales son mayores que en la escuela pública.