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El Supremo afirma que no existe derecho a la objeción a la asignatura de Ciudadanía

La Sala Tercera del Tribunal Supremo en Pleno ha examinado cuatro recursos de casación, sobre el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía, tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla.
Jueves, 29 de enero de 2009
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El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Valoración de la ministra de Educación
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha valorado el fallo del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía en un vídeo-comunicado que transcribimos a continuación:

“El Tribunal Supremo acaba de dar a conocer un fallo que establece que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra, y que asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España.

Esta decisión avala la Ley Orgánica de Educación, una norma que fue aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento hace tres años, y las actuaciones que el Ministerio y la mayoría de las administraciones educativas han desarrollado desde entonces.

El fallo establece que ningún gobierno puede incumplir las leyes, y que no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía. No hay lugar a la objeción de conciencia sobre esta asignatura porque nada hay en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes. Todo lo contrario: Educación para la Ciudadanía les enseña sus derechos y deberes en una sociedad democrática y tolerante.

El Supremo también ha puesto fin a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla político. Algunos grupos políticos y sociales no han dudado en crear una polémica artificial y estéril con fines partidistas, sin importarles la calidad de la educación de nuestros jóvenes.

Lamento, en nombre del Gobierno, este debate irreal y el tiempo que hemos perdido. Un tiempo que no hemos dedicado a debatir sobre cómo mejorar la educación en España. Por eso, pido que aquellos padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases, que realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas.

Desde el Ministerio trataremos de impulsar todas las acciones posibles para que estos niños recuperen los conocimientos que no han recibido en estos meses y tengan la opción de aprobar la asignatura. Para que tengan el derecho de recibir la misma educación que todos los demás estudiantes. Para ello hablaremos con todos los responsables autonómicos para buscar soluciones y evitar más perjuicios a estos estudiantes.

Es momento de pasar página. De que dediquemos nuestros mejores esfuerzos a debatir de manera constructiva para lograr una mejor educación para todos. Ha llegado la hora de aunar nuestros esfuerzos para consolidar un sistema educativo de máxima calidad. Tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo.

Por eso me gustaría emplazar a estudiantes, padres y profesores, a organismos públicos y a todas aquellas organizaciones políticas o sociales que tienen algo que aportar al desarrollo estable de la educación en España, a dar un paso adelante.

A crear espacios de colaboración y de consenso. A realizar el ejercicio de responsabilidad necesario para que, entre todos, consigamos que nuestro sistema educativo dé el salto de calidad que nos merecemos.

Es la hora de hablar del éxito de los estudiantes, de mejorar la Formación profesional, de fomentar la lectura, etc. Es la hora de lograr la mejor educación posible para nuestros hijos.

Reacción de Cofapa
El no reconocimiento por parte del Tribunal Supremo del derecho a la Objeción de Conciencia frente a EpC –tal y como recoge la sentencia hecha pública hoy- supone para Cofapa un gran decepción ya que no queda garantizado el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación adecuada de acuerdo con sus convicciones, y no según el criterio del Estado.

Para Cofapa, tal y como ya ha señalado en múltiples ocasiones, sólo una parte de esta asignatura se centra realmente en lo que debe entenderse como educación para la ciudadanía, formación cívica común para todos los ciudadanos y ajena a cuestiones morales o de conciencia, mientras que muchos de sus contenidos lo que buscan es la construcción de una conciencia moral cívica y única, que de ninguna manera es competencia de las autoridades públicas, y que no cuadra con los principios fundamentales de un Estado democrático y plural.

Por todo esto, Cofapa considera que con esta sentencia emitida por el pleno de la sala 3ª de los Contencioso Administrativo del TS, se ha perdido una gran oportunidad de defender y reconocer explícitamente los derechos constitucionales de los padres como principales educadores de sus hijos sin ningún tipo de intromisión en esta tarea.

Cofapa ha defendido y defenderá siempre el derecho de los padres a recurrir a todos los medios democráticos legítimos para hacer prevalecer su derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Por este motivo, continuará prestando su apoyo y amparo a todas las familias que quieran ejercer las acciones legales que mejor les parezcan con las que defender hasta el final sus derechos fundamentales y que no están dispuestas a que sean conculcados por las imposiciones del gobierno de turno.

Declaración del sindicato ANPE
ANPE ha mantenido desde el periodo de elaboración de la LOE una postura crítica con respecto a los contenidos de EpC porque interfieren con materias imprescindibles de filosofía y humanidades y restan importancia a la acción tutorial, un elemento clave de la relación educativa. Sin embargo, ANPE mostró también desde el primer momento su rechazo a que los alumnos menores de edad pudieran ejercer la objeción de conciencia ni ante ésta ni ante ninguna otra materia obligatoria del curriculum educativo.

Para ANPE, una vez resuelto el debate sobre la objeción, es el momento de diseñar la EpC correctamente y dotarla de verdadero significado.

ANPE ha defendido en todos los foros que el contenido de la EpC debe centrarse exclusivamente en los principios y valores constitucionales, tal como sucede en el resto de Europa, sin imponer a los alumnos criterios morales de índole personal, cuyo ámbito de transmisión es la familia. Es exactamente lo mismo que ha dictaminado el Tribunal Supremo.

Sin embargo, nos parece que el debate sobre esta asignatura no debe cerrarse en falso. Para ANPE ahora es el momento de rediseñar la EpC, dotarla de verdadero contenido y significado, y definir cuál debe ser la formación específica del profesorado dedicado a impartirla.

La Educación para la Ciudadanía, tal como está planteada, invade contenidos que corresponden a las materias de Conocimiento del Medio en Primaria y Filosofía en Secundaria. Además se estructura sobre técnicas de grupo, discusiones y debates – que son dinámicas de aprendizaje pero no contenidos en sí mismos-, y sin embargo convierte en contenidos aspectos que pertenecen a ámbitos estrictamente personales. Por eso debemos plantear de una vez y con seriedad qué debe conocer un alumno sobre la Constitución, los fundamentos y la historia de la democracia, los derechos humanos, los deberes cívicos, la capacidad crítica y la participación activa en la dinámica social, es decir, los principios y valores constitucionales a que se refiere la sentencia del TS. Si no se perfecciona el diseño actual, la EpC, a la cual se dedica un horario muy escaso, se convertirá en una materia irrelevante.

ANPE ya denunció en el año 2007 que el debate sobre EpC desviaba la atención de los auténticos problemas del sistema educativo. Aunque la profesionalidad de los docentes españoles garantiza que la EpC tenga sentido, resulta absolutamente imprescindible hacer de ella una verdadera materia, impartida por profesores especialistas, que incluya contenidos significativos, que no interfiera con las materias de humanidades más próximas y que respete el ámbito y la transversalidad de la acción tutorial.

USO: es una nueva oportunidad de recuperar el consenso perdido
Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza de USO quiere, en primer lugar, hacer un reconocimiento a. las actuaciones llevadas a cabo por los padres y madres ante este asunto. El movimiento cívico emprendido, novedoso y arduo, es un claro testimonio que demuestra la urgente necesidad de recuperar ell dinamismo y la vitalidad de la sociedad civill en nuestro pais.

Desde FE-USO hemos valorado como un hecho significativo las numerosas objeciones de conciencia hacia esta asignatura, un dato que el Mepsyd no debería esquivar amparándose exclusivamente en la nueva situacion legal creada. La política de un Gobierno se legitima día a día si mira hacia el interés general y busca el máximo consenso y la integración de todos los ciudadanos. Por eso, tomamos la palabra a la ministra, quien ya ha señalado que desde el Ministerio se buscarán soluciones para que el fallo del Tribunal Supremo sea lo menos problemático para los alumnos. Por ello, pedimos al Mepsyd que, ahora, tome la iniciativa para recuperar el consenso perdido y haga todo lo posible para establecer canales y vías de comunicación y diálogo constructivo con las asociaciones de padres y movimientos sociales que han planteado la objeción de conciencia.

CCOO saluda el fallo del Supremo
Ante el fallo del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y tras las manifestaciones sociales y objeción a la que hemos asistido por determinados sectores en contra de impartir esta materia , y la objeción de conciencia y el absentismo promovido entre sus hijos para que no acudan a esta clase, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, recuerda a las administraciones educativas que ningún gobierno puede incumplir las leyes, que es obligatorio cumplir la LOE, en la que se enmarca esta materia, y que si es necesario se apliquen las sanciones oportunas a los centros que boicoteen su enseñanza.

José Campos acusa a algunas organizaciones de haber abordado este asunto con irresponsabilidad y de utilizar la polémica suscitada en torno a la Educación para la Ciudadanía para desgastar al Gobierno central. También subraya que se ha tratado de un falso debate provocado por motivos ajenos a la educación académica. Asimismo, dice no entender que “alguien pueda vislumbrar algún perjuicio en que la escuela refuerce la formación de nuestros estudiantes en principios cívicos cuya práctica sólo puede redundar en la mejora de la convivencia en los mismos centros, y cuando abandonen el sistema educativo, en la vida social”.

La Federación de Enseñanza de CCOO recuerda que la LOE fue aprobada democráticamente por los representantes de los ciudadanos y que, por tanto, debe ser acatada por todos, siendo responsabilidad del Gobierno su cumplimiento.

CCOO comparte los contenidos de esta asignatura porque están basadas en los principios fundamentales de la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos principios aspiran a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación, en perfecta consonancia con los fines y principios de nuestro sistema educativo.

Por último, el sindicato pide al Ministerio de Educación que se impulsen todos aquellos mecanismos posibles en los centros para que estos niños recuperen los conocimientos que no han recibido en estos meses y tengan la opción de aprobar la asignatura.

FSIE pide serenidad
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, mayoritaria en el sector de la enseñanza privada y concertada, una vez conocido el avance de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia con respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, quiere expresar su confianza en que esta decisión sea un punto de partida y de referencia para cuidar, en lo sucesivo, el planteamiento de esta materia.

Atendiendo a lo conocido de la sentencia que dice sí a la asignatura, sí también al derecho de los padres a elegir la formación que desean para sus hijos, según el mandato constitucional, y no a la objeción de conciencia, creemos que aunque no esté del todo cerrado el conflicto planteado, sí se dan los cauces para unificar posturas y poder trabajar en los centros con la serenidad que exige la tarea educativa.

Desde FSIE siempre hemos defendido la libertad de enseñanza, el respeto al ideario de los centros y a la opción de los padres, juntamente con la libertad de cátedra. Hemos denunciado el riesgo de cualquier tipo de intromisión que no proteja estos principios de libertad en la formación de los alumnos. Por este motivo, valoramos positivamente que el Tribunal Supremo reconozca que, en la situación actual, estos derechos quedan garantizados.

Por último solicitamos a toda la sociedad y a las administraciones públicas que, una vez más, hagamos un esfuerzo por sacar de la escuela todo aquello que pueda servir de confrontación y de discrepancia por motivos ideológicos y centremos nuestro empeño en procurar una educación de calidad basada en el respeto y en la pluralidad.

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