La Fiscalía quiere que las agresiones a profesores sean consideradas atentados a funcionarios públicos
Concretamente, la Fiscalía pide que concurran los requisitos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación y resistencia activa graves ejercidos contra médicos o profesores en el ejercicio de sus funciones.
Con este documento, la Fiscalía asegura que “trata de proteger el orden público, ya que estas agresiones dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración”. Esta consulta viene a resolver las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en los ámbitos de la sanidad y la Educación.
La Fiscalía aclara que “no será de aplicación este delito para aquellos profesionales de la salud o la Educación que presten sus servicios como empleados de empresas o de instituciones públicas relacionadas con la Administración en régimen de concierto u otra fórmula similar”. Este punto ha originado las críticas de los sindicatos de profesores propios de la Concertada.
El secretario general de FSIE, Francisco Vírseda, considera “lamentable que una institución pública, como la Fiscalía General, que ha sido creada para defender los derechos de los ciudadanos, desconozca los principios básicos de la LOE”. Según Vírseda, “el artículo 108 de la ley dice que la prestación del servicio público de la Educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, por lo que se trata, por tanto, de dos redes complementarias”.
Por otro lado, la USO señala que “de prevalecer la actual consideración del Fiscal General del Estado, contemplaríamos que una determinada agresión sería delito si se efectúa a un profesor de un centro público y exactamente la misma agresión podría quedar impune si se realiza a un profesor de un centro educativo privado o concertado”. En este sentido, el sindicato considera esta situación como “poco sensata, desequilibrada y discriminatoria”.
Para la FSIE, “cuando un padre o alumno intimida o agrede a un profesor no lo hace por ser funcionario, sino por ser profesor”. Según Francisco Vírseda, “la Fiscalía General manifiesta un menosprecio hacia los trabajadores que desarrollan su labor docente con la misma titulación, misma formación y mismas exigencias”. El secretario general de FSIE no entiende “por qué resulta más barato injuriar y agredir a un profesional que a otro, en función de la titularidad que tenga el centro educativo”.
La USO, por su parte, cree que “la autoridad inherente al profesorado no emana de su condición de funcionario público”. Para el sindicato “procede, más bien, del mandato que toda la sociedad otorga al profesorado de todos los centros educativos para formar al alumnado –futuros ciudadanos y ciudadanas– en unos determinados valores”.