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¿Por qué no ir más allá y elaborar la Ley Madrileña de Educación?

Laura del PozoMartes, 20 de octubre de 2009
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Desde el traspaso de competencias en el año 2000, el sistema educativo español ha sufrido una paulatina descentralización a favor de las comunidades autónomas; esta fragmentación se ha hecho más acusada con la aprobación de la LOE, ya que la Ley Orgánica de Educación ampara la creación de legislaciones autonómicas para regular aspectos como la lucha contra el fracaso escolar o la integración de alumnado inmigrante. La primera comunidad en subirse al carro de las leyes educativas fue Andalucía, que en noviembre de 2007 aprobó su normativa. Siguiendo su ejemplo vinieron Aragón –que presentó un anteproyecto de Ley en septiembre de 2008–, Cantabria (diciembre de 2008) y Cataluña (julio de 2009). Ésta última norma ha sido objeto de mucha polémica, al eludir la tercera hora de castellano en las escuelas –fijada por un decreto estatal hace dos años –mientras, entre bambalinas esperan otras dos comunidades: Castilla-La Mancha y Extremadura. La región castellano-manchega tiene previsto aprobar su Ley Autonómica de Educación a lo largo de 2009, una norma que “definirá nuestro modelo educativo, caracterizado por la calidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la convivencia”, según explicaba su consejera de Educación y Ciencia, Mª Ángeles García, durante la celebración del Pleno de las Cortes el pasado 25 de septiembre. Por su parte, Extremadura no tramitará su Ley hasta finales de 2010. Hasta el momento, las únicas regiones españolas que están acometiendo la tarea de elaborar su propia Ley de Educación son aquellas gobernadas por el PSOE o en coalición con el mismo –como es el caso de Cantabria–, pero, ¿no podrían hacer lo mismo las de signo Popular? Una ley para Madrid La Ley de Autoridad del Profesorado anunciada por Esperanza Aguirre el pasado mes de septiembre, levantó ríos de tinta a nivel nacional. La norma, que según explicaba a MAGISTERIO Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, “responde a una iniciativa nacional del PP y se asume por todas nuestras comunidades autónomas”, ha sido muy aplaudida por toda la comunidad educativa, pero también ha generado un intenso debate en torno a la necesidad de elaborar una Ley de Educación propia. La chispa prendió el pasado 25 de septiembre, durante una asamblea de directores celebrada por Escuelas Católicas de Madrid, cuando se le sugirió al representante de la Consejería esta cuestión: “Nosotros planteamos a la viceconsejera de Educación, Alicia Delibes, la posibilidad de que ya que acometen el esfuerzo de elaborar una norma para legislar la autoridad del docente, por qué no iban más allá y abordaban otras cuestiones como el fracaso escolar o la autonomía de los centros”, explicaba Emilio Díaz, secretario regional de la patronal. “El clima político es bueno y con una ley se elevaría a la categoría de derechos y garantías aspectos que hoy día están regulados a través de órdenes e instrucciones”. MAGISTERIO quiso sumarse al debate y trasladó la pregunta al Gobierno regional; ni la consejera de Educación, Lucía Figar, ni el portavoz adjunto y portavoz de Educación del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Juan Soler-Espiauba, veían la necesidad de acometer semejante labor. Para la consejera de Educación sería un trabajo innecesario, ya que “ni para ofertar nuevas plazas de Infantil, ni para poner en marcha los Centros Bilingües, ni para promover la libertad de elección de centro nos ha hecho falta una ley regional. Solo cuando hemos visto que era necesario, como en el caso de la Autoridad del Docente, hemos hecho la ley”. Por su parte, el portavoz de Educación aseguraba que la labor del Gobierno regional “es trabajar en la buena dirección haciendo pequeños retoques allí donde las competencias lo permitan, pero el marco legislativo general lo tiene el Estado y nosotros revindicamos que sea así”. Sistema vertebrado Tampoco a nivel nacional el Partido Popular considera necesario que sus comunidades autónomas elaboren su propia normativa en materia educativa. Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, considera que con la actual normativa es suficiente, “además, tenemos la experiencia de otras leyes, como es el caso catalán, que no han sido muy positivas. Nosotros consideramos que las comunidades del PP están desarrollando plenamente sus competencias”. La secretaria de Educación e Igualdad explicaba que la postura de su partido a este respecto es la de apostar por un sistema educativo “vertebrado y vertebrador. Se trata de ofrecer las mismas oportunidades a todos los alumnos, vivan en la comunidad que vivan”. El Partido Popular habla por lo tanto de un cambio de modelo, pero desde el ámbito nacional, “el Gobierno tiene que ser muy consciente de cuál es su papel y cuál el de las Comunidades Autónomas”, y para ello aboga por un Pacto nacional de Educación. De la misma opinión es el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, quien aseguraba que su comunidad siempre impulsará grandes acuerdos y convenios con los partidos mayoritarios. Tanto es así, que recientemente el parlamento autonómico acordó unirse para alcanzar un Pacto nacional por la Educación. Es por tanto evidente que la postura del PP a este respecto es clara y unánime, su apuesta por la mejora de la Educación pasa por un cambio de modelo a nivel nacional y no regional. El caso valenciano –La Comunidad Valenciana es a día de hoy la única comunidad autónoma de gobierno popular que se ha planteado la tramitación de una Ley Autonómica de Educación, aunque finalmente el borrador de la misma terminó archivado dentro de un cajón. –El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, explicaba que “el fijarnos objetivos generales podría plantear dificultades. El objetivo de la Ley era recoger una serie de cosas que ya estaban en marcha. En cambio ahora, nosotros trabajamos en cosas concretas”. –Según informaba MAGISTERIO Comunidad Valenciana (6 de julio de 2009), las causas de este retroceso en la creación de la Ley podrían deberse al clima de confrontación existente en la comunidad. El fracaso de Educación para la Ciudadanía en Inglés habría hecho muy difícil que la nueva norma se aprobase con el consenso de toda la comunidad educativa. –Éste es el único caso de comunidades gobernadas por el PP donde se ha intentado tener, al amparo de la LOE, su propia Ley de Educación.

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