Las Fiscalías de Menores archivan dos casos de agresiones a docentes

El Fiscal de Menores de Málaga, con fecha de 2 de marzo pasado, informó de la apertura de diligencias preliminares por unos hechos supuestamente cometidos por un menor y que pudieran ser calificados como delito menos grave, en concreto, una falta de lesiones. La Fiscalía –en el escrito que reproducimos en esta página– señala que el menor carece de antecedentes y que el instituto donde sucedieron los hechos ya sancionó la conducta denunciada con la expulsión, instando además al cambio de centro.

Por ello, y tras prestar declaración, el menor ha sido advertido de las consecuencias que se podrían derivar de la reiteración de su conducta y ha decidido archivar las diligencias por considerar que su corrección corresponde hacerla “en el ámbito educativo y familiar”.

En este sentido, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha remitido un escrito en el que manifiesta “su más profundo rechazo a las últimas actuaciones de algunos fiscales de menores que, haciendo caso omiso del compromiso hecho público en varias ocasiones por el Fiscal Jefe del TSJA, han archivado, sin más, varias denuncias interpuestas por agresiones, amenazas u otros delitos perpetrados contra profesores de instituto”.

Según el comunicado de APIA, “llaman la atención particularmente” el reciente archivo de la denuncia por las amenazas de muerte proferidas contra una profesora del IES “Itálica” de Santiponce (Sevilla) y el dictado por la Fiscalía de Menores en una causa por agresión a un profesor de un instituto de Málaga y al cual nos referimos en esta información.

Para el sindicato APIA, “resulta de todo punto inadmisible que el titular de la Fiscalía del TSJA ande promoviendo actos publicitarios, desde hace varios años, en los que se promete reiteradamente que todos los delitos cometidos contra profesores serán perseguidos (incluso de oficio, como llegó a afirmar públicamente en noviembre de 2006) y permita, sin embargo, que los fiscales a su cargo, saltándose el principio de funcionamiento jerárquico al que están obligados a someterse, actúen de modo contrario a las directrices por él marcadas, condenando al desamparo y a la indefensión a las víctimas de estos delitos, que por otra parte quedan impunes”, añade esta asociación de docentes.

Recientemente, nada más estrenar su cargo, el nuevo consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, y el fiscal jefe del TSJA han vuelto a protagonizar un encuentro en el que, una vez más, se proclama el “noble objetivo de reconocer a los profesores su autoridad ‘magistral y académica’ y establecer no sabemos qué protocolos para hacerlo posible”, señala APIA.

Autoridad pública
“Nosotros –añade esta asociación de docentes– nos conformaríamos con que, en vez de fórmulas retóricas sin contenido alguno, se afronten de una vez por todas los cambios legislativos pertinentes para convertirnos en autoridad pública, estatus legal que comparten desde los delegados provinciales de la Consejería, hasta los miembros del servicio de Inspección; y el fiscal Jefe del TSJA haga promesas que esté dispuesto a cumplir, garantizando la persecución del delito, incluso cuando este se cometa dentro de un centro docente”.

Finalmente, el comunicado de APIA señala que “hasta que los poderes públicos no afronten su responsabilidad en la erradicación de estas conductas delictivas, en lugar de dedicarse a la teatralización, no habrá posibilidad de restablecer unas mínimas condiciones para el ejercicio digno de la profesión docente, con las lamentables consecuencias que todos conocemos”.