Una propuesta sobre el “MIR educativo”

Se está abriendo paso entre nosotros, cada vez con mayor fuerza, la necesidad inaplazable de una reforma sustancial del modelo de selección y de formación inicial del profesorado. Y, también, la idea de que esta reforma podría inspirarse en el “modelo MIR”. Este modelo ha generado en España resultados excelentes en el ámbito sanitario y ha contribuido, decisivamente, a que nuestra sanidad, a diferencia de lo que sucede en Educación, se encuentre en los puestos de cabeza en el panorama internacional. Se trata, desde luego, de una magnífica noticia pues permite abrir un debate serio y riguroso, sobre un asunto crucial –el más crucial de todos– para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.

Debemos reconocer que el modelo vigente de selección del profesorado hace aguas por todas partes. El sistema tradicional de oposiciones se ha degradado hasta límites insospechados y no permite ya seleccionar a los jóvenes licenciados mejor preparados; antes bien, mediante una perversa combinación de elementos, los rechaza o, cuando menos, dificulta su ingreso en la carrera docente. Nuestro modelo actual no contiene ningún factor que estimule a los mejores jóvenes universitarios a ejercer la docencia y que recompense su esfuerzo y su dedicación. Además, el Máster de Secundaria está revelando ya todas sus deficiencias y contradicciones.

Sin embargo, existe un consenso creciente, apoyado en los resultados de abundantes investigaciones académicas, de estudios conducidos por organismos multilaterales y de análisis efectuados por prestigiosas consultoras internacionales, en el sentido de identificar la calidad del profesorado como el factor crítico por excelencia a la hora de mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

Nos encontramos ante una década decisiva para la renovación de nuestro profesorado. Por razones demográficas vamos a necesitar la incorporación de unos 200.000 nuevos docentes en los próximos diez años, algo menos de un tercio de los actuales 680.000 profesores. El reto es pues colosal. Y es tal la magnitud de la influencia del factor calidad del profesorado sobre los resultados de los alumnos –cuya cuantificación empírica es conocida– que una equivocación en este ámbito no podría ser compensada con aciertos en otros, cuyo impacto es de un calibre muy inferior.
¿Cómo se configuraría el nuevo modelo de “MIR educativo”? Pretendemos aquí esbozar tan solo los que deberían ser, en nuestra opinión, sus rasgos fundamentales. Pero antes queremos decir que, a nuestro juicio, el cambio de modelo sólo servirá verdaderamente para esa mejora sustancial de nuestra Educación, si se cumplen dos requisitos.

El primero es asumirlo como una tarea nacional que nos incumbe a todos. Poderes públicos, mundo universitario, entidades educativas, agentes sociales y sociedad española, en general, deberían comprometerse, renunciando a cualquier aproximación corporativista o a cualquier particularismo miope. La primera clave del éxito del “modelo MIR” estriba, pues, en su dimensión nacional.

El segundo consiste en que atienda a su objetivo primordial: lograr atraer a los mejores jóvenes a la profesión docente y prepararlos para ejercer su difícil misión educadora en las mejores condiciones posibles. Esto quiere decir que el modelo debe ser exigente; basarse en el esfuerzo, en la vocación y en la implicación personal, con el reconocimiento administrativo y social del mérito y la definición de una carrera docente, pieza complementaria a la anterior e indispensable para el éxito del nuevo modelo.

Con este planteamiento de principios, queremos someter a debate las siguientes características del modelo que proponemos:
1.- El proceso de formación inicial y de acceso a la función docente comprendería dos fases desarrolladas en tres años. Se definiría un doble programa: uno para los maestros de Educación Primaria y otro para los profesores de Educación Secundaria.

2.- La primera fase consistiría en un curso teórico-práctico (Máster) impartido en Centros Superiores de Formación del Profesorado, que debería ser superado satisfactoriamente. El programa de los cursos debería ser diseñado cuidadosamente y se centraría en la didáctica de las correspondientes materias, acompañado de los aspectos pedagógicos necesarios para la tarea docente.

3.- Se crearía una red nacional de este tipo de centros en función de las necesidades de profesores previstas para cada área. Los centros superiores estarían incardinados en las universidades. El Estado, con las comunidades autónomas, fijaría los requisitos para la preceptiva homologación de dichos centros y definiría procedimientos exigentes de aseguramiento de su nivel de calidad.

4.- Se establecerían unas pruebas nacionales de acceso a esos centros superiores entre graduados por áreas de conocimiento. Las pruebas tendrían una periodicidad anual. Se fijaría un numerus clausus conforme a una previsión de necesidades de profesorado acordada en la Conferencia Sectorial de Educación.

5.- Las pruebas de acceso se elaborarían de acuerdo con un diseño cuidadoso y versarían sobre los conocimientos precisos para el desempeño de la función docente en la materia correspondiente. La prueba sería homogénea en todo el territorio nacional. La organización correría a cargo de las administraciones educativas pero los criterios de baremación serían idénticos en todas las comunidades autónomas.

6.- Cada aspirante obtendría una nota global de la prueba que le permitiría acceder al Centro Superior de Formación de su elección, en función de la nota obtenida. Estos centros funcionarían en sana concurrencia para que los alumnos, de acuerdo con su calificación, pudieran escoger aquellos que se hubiesen acreditado como los mejores. La movilidad sería un factor primordial del modelo.

7.- El 25 por ciento de los aspirantes con mejores resultados recibirían, como premio, una beca de excelencia que, en el caso de elegir un centro situado en un lugar distinto al de su residencia habitual, incluiría gastos de residencia y manutención.

8.- Superado el curso satisfactoriamente, se desarrollaría la segunda fase consistente en el ejercicio docente en un centro educativo bajo la dirección de un profesor tutor durante dos años. Los profesores tendrían la condición de profesores en prácticas y percibirían por su trabajo una retribución adecuada. Su tarea sería objeto de seguimiento y de evaluación. La superación de esta segunda fase culminaría con la obtención de un diploma de aptitud.

9.- Transcurridos los tres años del período de formación, aquellos profesores que quisieran ingresar en la función pública docente se someterían a una evaluación final, en la que se comprobaría la adquisición de las capacidades necesarias para el desempeño de la tarea docente. Tras su superación, los profesores adquirirían la condición de funcionario y el derecho a participar en los concursos de adjudicación de plazas que las administraciones educativas convocasen.

10.- Los centros educativos privados seleccionarían a su personal docente libremente entre los que, tras haber seguido el mismo proceso de formación inicial, hubieran obtenido el diploma acreditativo de aptitud docente.

Somos conscientes de que, en este esbozo de propuesta, no se han descrito todos los detalles de sus componentes esenciales. Por ejemplo, el perfil y las condiciones de los profesores de los Centros Superiores de Formación, o el plan de tutoría de los dos años de práctica docente. En todo caso, el modelo en su conjunto está elaborado con el criterio primordial de la búsqueda de la excelencia del profesorado, porque es ella la que garantiza la mejora y, a un tiempo, la que facilita el reconocimiento social de la función docente; ello contribuye, a su vez, a la mejora y, así, cíclicamente.

Como sucede con cualquier cambio de envergadura, sabemos que su implantación será una tarea ardua y habrá que vencer no pocas resistencias. Pero, sinceramente, llamamos la atención sobre los riesgos que, para la necesaria mejora de nuestro sistema educativo, comportaría un cambio superficial o aparente que, a la manera lampedusiana, dejase las cosas como están. Sería una ocasión perdida, un engaño más para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad. Finalmente, no habría que escatimar los recursos necesarios para su adecuada puesta en práctica, con el convencimiento de que se está operando sobre el factor más decisivo de la calidad educativa. Éste sería el mejor empleo imaginable de los recursos públicos, pensando en el futuro de España, en el interés general.

El hecho de que actores políticos y educativos relevantes y de distinto signo hayan manifestado su parecer favorable al “MIR educativo” es una ocasión que no podemos desaprovechar. Urge ponerse manos a la obra y pasar de las palabras a la acción. No es otro el propósito de esta propuesta que someteríamos gustosamente a cualquier otra mejor fundada. ¿No valdría la pena lograr en este punto un auténtico pacto educativo?
Eugenio Nasarre, diputado.

Francisco López Rupérez, presidente del Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid.