Andalucía se suma a las protestas por aumento de horas lectivas semanales
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que hasta ahora había negado recortes de profesorado o aumento de su horario de trabajo, ya había regulado en agosto del año pasado –en la Orden de 20 de agosto de 2010, desarrollo del Decreto 327/2010– la posibilidad de impartir hasta 21 horas lectivas semanales. Según la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que ha recurrido esta disposición, la Junta “ha modificado de facto, sin negociación colectiva previa, el horario de los profesores de Secundaria, lo que ha supuesto un retroceso en nuestras condiciones laborales de casi un cuarto de siglo”.
En efecto, la carga lectiva semanal ha sido fijada en “un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21”, a pesar de que la resolución de noviembre de 1987 contemplaba la duración de 18 horas “con carácter general” y condicionaba su superación “excepcional y extraordinaria” a una compensación de dos horas complementarias por cada hora lectiva de más; compensación que ha desaparecido de la actual regulación.
De igual modo, la Orden de 20 de agosto ha creado una nueva función para los docentes, que es hacer guardias en periodo de recreo, es decir, fuera del horario lectivo de los alumnos. Por otra parte, la orden impugnada infringe el Decreto 349/2006 al no contemplar el periodo de descanso (de un mínimo de 20 minutos) dentro de la jornada laboral de los profesores, que la norma concede a todos los funcionarios públicos sin excepción. También concede un privilegio que APIA considera “inaceptable” a los miembros de los equipos directivos “para escapar total y absolutamente de la docencia, si así lo decide el director en cada caso, en lo que constituye un fraude de ley contrario a la propia LOE y al Decreto 327/2010, que consideran un deber ineludible de todo profesor (y los directivos lo son) el ejercicio de la docencia”, añade APIA.
En la misma línea de privilegios, la Consejería ha dispuesto que los responsables de los planes y proyectos educativos puedan verse exentos de una fracción indeterminada de su carga lectiva, “sin el menor criterio objetivo que pueda justificar semejante trato”.
La Orden de 20 de agosto, por otra parte, “dispensa un trato desigual y absolutamente discriminatorio” a los profesores de Secundaria respecto a los maestros –asegura APIA–, al considerar que las horas de guardia (en periodo lectivo y de recreo) y de biblioteca de los profesores de Secundaria (que se prestan en presencia de alumnos) no son lectivas, como sí ocurre en el caso de los docentes del Cuerpo de Maestros.
Por último, APIA también ha impugnado la Orden al no contemplar, a efectos de jornada laboral, aquellas horas comprendidas entre la primera y la última hora de permanencia diaria en las que no se asigna ninguna actividad (los llamados “huecos”), y que existen como consecuencia del desfase entre las 32,5 horas del horario semanal de los alumnos (incluidas las 2,5 horas de recreo) y las 25 horas de permanencia regular semanal del horario de los profesores de Secundaria; desfase que no ocurre en el caso de los horarios de los maestros.
Protestas en Andalucía
El pasado 20 de septiembre, alrededor de 3.500 docentes, según CCOO, se concentraron en las diferentes capitales de provincia andaluzas para reivindicar una Educación pública y criticar los últimos “recortes” en una manifestación conjunta convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, ANPE y Ustea. En Almería, unas 150 personas se manifestaron frente a la Subdelegación del Gobierno, encabezados por representantes sindicales al grito de “enseñanza pública, y de calidad” y “en Andalucía también hay recortes” y con pancartas donde se podían leer eslóganes como “no más mentiras, sí hay recortes” o “despido silencioso de miles de docentes andaluces por la firma del Decreto 302”.
Algunas centrales sindicales andaluzas, sin embargo, no han querido reconocer dichos “recortes” y afirman que se manifiestan en solidaridad con los profesores de otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o Valencia, gobernadas por el PP; o Navarra y Cataluña, donde gobiernan UPN o CiU, lo que daría la razón a quienes acusan a profesores y sindicatos de emprender movilizaciones de carácter político. El secretario general de CCOO en Jaén, José Moral, aseguró que estas protestas “no son ya tanto para solidarizarnos con los compañeros del sector que está padeciendo recortes injustificables”, sino también como “un aviso de navegantes para Andalucía” y pretenden reivindicar “un modelo de enseñanza prioritariamente público y de calidad”.
Incluso en comunidades donde no se han llevado a cabo estos “recortes” –como es el caso de Cantabria– los sindicatos se manifiestaron la semana pasada frente al Parlamento regional. El presidente de esta comunidad, Ignacio Diego, señaló que los sindicatos se manifestaban “por si acaso”, por lo que no sabe qué podría pasar si “en algún momento hay que aplicar recortes de manera razonable y razonada”.
Decreto 302
- En las protestas de Andalucía, a las modificaciones horarias no reconocidas por la Junta ni la mayoría de los sindicatos hay que sumar la aplicación del Decreto 302 por el que crea una doble bolsa de interinos ordenados según dos criterios distintos dependiendo de si el inicio de su relación laboral con la Administración se produjo antes o después del 30 de junio de 2010, lo cual contradice el principio de igualdad –según la Plataforma en contra de este Decreto–. Asimismo, con este decreto se pueden expulsar de la bolsa a profesores que hayan trabajado después del 30 de junio de 2010 y que, por tanto, ya hayan adquirido experiencia, lo cual va en contra del principio de capacidad. Y la formación realizada por estos interinos, posteriores al 30 de junio de 2010, para el baremo de méritos caduca en dos años, lo cual va en contra del principio de mérito, dicen los afectados.