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El salario docente supone el 73% del gasto educativo autonómico

Adrián ArcosMiércoles, 7 de diciembre de 2011
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Frente a la crisis, más inversión en Educación. No paramos de escuchar esta frase por parte de políticos. La pasada semana, la consejera asturiana, Ana Isabel Álvarez, que actuó como portavoz de las autonomías ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, defendió la necesidad de mantener las inversiones en el ámbito de la formación, ya que “es uno de los pilares fundamentales que permitirán progresar a la sociedad, enriquecerla y desa-rrollar el potencial que las regiones necesitan para seguir avanzando”. También el ministro en funciones, Ángel Gabilondo, suele decir que “si invertir en Educación puede ser costoso, no hacerlo resulta mucho más caro”.

Pero la realidad es que, cuando las Administraciones tienen que acometer ajustes, la Educación también se está viendo afectada. Y con ello, la repercusión que está teniendo en el sueldo y las condiciones laborales del profesorado, una de las piedras angulares del sistema, si no la más importante. Ante esta situación, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? ¿estamos aprovechando los recursos de los que disponemos?
Lo cierto es que la crisis y la austeridad en los presupuestos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los recursos públicos crecieron hasta el 4,6% del PIB en 2008, y el 4,9% en 2009, según el Ministerio. Sin embargo, estos datos siguen dejando a España con una inversión educativa 0,76 puntos de PIB por debajo de la media de los 27 países de la UE y de 0,8 puntos menos que los de la OCDE. En la práctica, esta brecha de PIB en Educación significa unos 7.000 millones de euros menos al año.

Pero no hay que olvidar que, en España, la inversión en Educación depende, sobre todo, de las comunidades autónomas. En la actualidad, los gobiernos autonómicos son responsables de casi el 90% del gasto total en sus territorios. En 2007, del 11,3% del gasto público destinado a Educación, un 9,4% corresponde a las comunidades, un 0,4% al Ministerio y un 1,1% a otras administraciones. Este aspecto lo analiza de forma detallada el informe Calidad y reforma de la Educación Secundaria Obligatoria en España, realizado por la Fundación Alternativas. Los autores del informe –la profesora de la Universidad de Extremadura, Flor Arias, y el profesor de las universidades Complutense y Carlos III de Madrid, Alessandro Gentile– establecen que “las diferencias entre la inversión que cada autonomía hace se muestran en los niveles de gasto por alumno o profesor, en el número medio de alumnos por profesor y en la introducción de las nuevas tecnologías y de materias optativas”.

El estudio se centra en los datos de la ESO procedentes de cuatro autonomías (Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco) con el objetivo, por un lado, de observar la heterogeneidad de nuestro país, pero también de abordar las comunidades que, en su conjunto, presentan la mayor proporción de alumnado matriculado en esta etapa. De esta forma, la comunidad que registra un gasto público por alumno más elevado es el País Vasco (9.835 euros), y el menor gasto corresponde a Andalucía (5.060 euros). La Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de la media (5.993 euros), mientras que Cataluña está por encima (6.411 euros).

A nivel nacional, el gasto por alumno en centros públicos y concertados, de forma conjunta, es de 5.228 euros, y sólo en la pública es de 6.208 euros. Esto significa, a juicio de los autores del estudio, que “la enseñanza concertada es más barata para la Administración, pero no para las familias: los padres de la pública gastan la mitad en su hijo estudiante (600 euros) que los de la concertada (1.300 euros), donde los cobros al alumnado quedan justificados por los servicios adicionales”.

Salarios, el mayor gasto
Pero son, precisamente, los salarios de los docentes a los que se dedica la mayor parte de los recursos autonómicos, según el estudio de Alternativas. Concretamente, la proporción de gasto corriente en Educación destinado al pago del profesorado en la ESO es del 73,2%. La ampliación de las plantillas docentes con personal técnico de orientación, mediadores, trabajadores sociales o bibliotecarios supone un gasto corriente en España del 9,7%. A esta partida de gasto hay que añadir la representada por las transferencias para los centros concertados, que representa el 10,7% del gasto autonómico en Educación y que se destina, sobre todo, a pagar los salarios de los profesores.

El estudio también pone de manifiesto que el nivel salarial del profesorado español de Primaria y Secundaria era de los más elevados de la Unión Europea. En relación con sus colegas de la OCDE, los profesores de Secundaria cobraban casi lo mismo al inicio de su profesión y al término de ella, aunque se tardaba más años en llegar a ese sueldo final. Sin embargo, los autores señalan que entre 1996 y 2008, cuando en casi todos los países los salarios de los docentes crecieron, en España se registró una contracción salarial de siete puntos porcentuales para los profesores de la ESO.

Además, la tendencia creciente del gasto público en Educación en la última década chocó con el recorte producido en los presupuestos estatales para este año 2011, que disminuyeron el gasto en 1.800 millones de euros con respecto al presupuesto del año anterior (un 4,94% menos). El descenso fue menor que el total nacional en la Comunidad de Madrid (-4,83%), Andalucía (-4,05%) y País Vasco (-1,4%) El descenso de recursos produjo la ya conocida reducción de los sueldos de los docentes en un 5% y la limitación de plazas para las oposiciones.

A pesar de la complejidad de los equilibrios económicos y presupuestarios en este ámbito, el estudio apuesta por matizar mejor el esfuerzo financiero que se hace para conseguir un sistema educativo de calidad. En este sentido, se recuerda que los informes internacionales señalan que el nivel de gasto educativo no es determinante de los resultados. Una financiación más cuantiosa puede mejorar el nivel formativo del alumnado, pero hasta un umbral determinado. Por lo tanto, no es importante cuánto se gasta, sino cómo.

Los autores del informe consideran que , “una vez conseguidos los objetivos mínimos de proveer aulas acondicionadas o remunerar adecuadamente al personal docente, habría que abordar la mejora de la Educación también en sus características no monetarias”. De esta forma, los efectos de las inversiones se mostrarían en programas concretos, en tutorías o en una amplía provisión de becas. Asimismo, apuestan por fomentar la coordinación de los docentes con las direcciones escolares, la colaboración con las asociaciones de los padres y el aumento de la autonomía de los centros.

Alumnos por cada profesor
Por otra parte, según el estudio, el número medio de alumnos por profesor refleja el grado en que los recursos humanos llegan al alumno. Este dato ha experimentado una disminución uniforme en todos los tipos de centro, pasando la ratio alumno-profesor de 15 a 11 entre los cursos 1997-98 y 2007-08. Durante este último curso, la media de alumnos por profesor en la enseñanza pública es igual a 10, mientras que en la privada es 14.

Por comunidades, Cataluña y País Vasco están en la media nacional, mientras que Andalucía y Madrid están por encima, con 13 y 12 alumnos por profesor, respectivamente. Por titularidad del centro, la región que presenta mayor ratio de alumnos por profesor en los centros públicos es Andalucía (16 alumnos por profesor); por encima de la media también se sitúan Madrid y Cataluña (11 y 10), frente a los 9 alumnos por profesor del País Vasco.

Por tanto, para Arias y Gentile, “abordar la mejora de la Educación requiere un gasto público efectivo, es decir, una asignación de recursos dirigida a optimizar aspectos cualitativos del contexto educativo”.

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