ANPE y SATSE alegan al Plan de Garantías del Gobierno Regional
La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), integrada por ANPE y SATSE, ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Medidas Complementarias del Plan de Garantías de Servicios Sociales, cuyo trámite se ha iniciado en las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación. En el documento, registrado en las Cortes y dirigido al presidente de la Cámara y a los dos Grupos Parlamentarios (PP y PSOE), FSES expone su rechazo al texto del proyecto de Ley, tal y como se ha presentado, según ha informado hoy esta Federación.
Según ANPE y SATSE, el Plan "no garantiza" que los esfuerzos que se exigen a los empleados públicos y que suponen un importante retroceso en las condiciones laborales, vayan a servir para el objetivo que tiene la Ley y que no es otro que garantizar los servicios sociales públicos de calidad a los que tienen derecho los ciudadanos de Castilla-La Mancha. FSES ha querido hacer llegar a quienes han de votar el proyecto de ley sus aportaciones con el fin de mejorar el texto. Asimismo, han recordado que las medidas que se pretenden implantar no responden al conocimiento riguroso de los errores de gestión cometidos por la anterior Administración, ni se orientan a corregir el desequilibrio de los recursos humanos. Tampoco propician, dicen, la distribución racional de los recursos profesionales, sino que se toman en aras a la reducción de déficit, lo que llevará a acometer verdaderos recortes que comprometen la calidad de esos servicios públicos esenciales.
FSES rechaza igualmente que en el texto no se haga referencia a que estas medidas son estrictamente transitorias, en tanto que se resuelve esta grave situación económica, y que tampoco se apunte cuándo podrían restituirse los derechos que ahora se recortan, por lo que pide que se haga constar expresamente en la Ley el carácter transitorio de las medidas. Esta organización considera que en la definición de las medidas ha faltado imaginación para evitar mantener como paganos e, incluso, responsables de los propios ajustes, a quienes en modo alguno han sido causantes de esta crítica situación.
Por ello, en sus aportaciones al texto, FSES incluye el mantenimiento de la jornada semanal de 35 horas, puesto que el incremento a 37,5 horas va a suponer la reducción del número de empleados públicos, especialmente temporales, y cuando en algunas categorías de personal como es el caso de enfermería son deficitarias en efectivos. Estos sindicatos reclaman, igualmente, la consolidación de empleo, tanto en la función pública docente como para el ingreso del personal estatutario en la categoría de enfermeros, por las necesidades existentes en ambos sectores. FSES señala que no se puede admitir que no sólo no se vaya a aprobar la oferta pública de empleo en 2012, sino que además se anule la de 2010, ya aprobada, al tiempo que piden que tanto las medidas aplicables a los sectores de Educación y Sanidad sean negociadas en las mesas sectoriales.