ANPE, cauto ante el anuncio de oposiciones para docentes y pide 2.000 plazas
El sindicato de educación ANPE en Castilla-La Mancha ha tomado con "grandes reservas" el anuncio de convocar oposiciones realizado por el Gobierno regional y ha calculado que la oferta debería ser de, al menos, 2.000 plazas. El sindicato, que ha advertido de que "no va a consentir" al Gobierno regional que "juegue con los opositores", ha considerado en un comunicado que las cien plazas que anunció el consejero de Educación, Marcial Marín, que se sacarían a oposición son "cifras ridículas e injustificadas". Por eso, ANPE –sindicato mayoritario entre los profesionales de la Educación– ha exigido una oferta de empleo público amplia que aumente el número de profesionales de la Educación y genere empleo.
Así, ha calculado que sería necesaria una oferta de al menos 2.000 plazas para cubrir las necesidades de profesorado en la región y "evitar una nueva agresión a la calidad del sistema educativo castellanomanchego", porque "lo lógico y razonable" desde su punto de vista es que "si hay un anuncio de convocatoria de oposiciones, lo sea en la cuantía suficiente". La cifra de alrededor de cien plazas que baraja la Consejería, que se basa en la tasa de reposición de efectivos del 10 por ciento, va en contra de la legalidad, la jurisprudencia y los estándares de calidad que precisa el sistema educativo, según el sindicato. En cambio, ANPE ha exigido la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 que declara la obligación de las Administraciones Públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público.
La sentencia argumenta también, tal y como ha indicado el sindicato, que no cabe alegar motivos económicos para reducir el número de plazas ofertadas, ya que estas están ya presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. Por tanto, ANPE ha considerado que si la Consejería de Educación sustrae plazas en las próximas oposiciones "actuaría ilegalmente" y atentaría, según su criterio, contra la Constitución, que recoge el derecho de acceso a los empleos públicos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.