“Los pagos del personal se hacen a costa del dinero de los titulares”

Natural de Zaragoza, profesor de Matemáticas y religioso marianista. José Mª Alvira es, desde el pasado mes, el nuevo secretario general de Escuelas Católicas. Insiste en que le gustaría que en España se pudiera hacer un debate sereno sobre el papel de la escuela concertada y la pública, y cómo combinar ambas en un respeto mutuo sin tratar de hacer imposiciones de redes únicas.

¿Cómo están afectando los recortes a la enseñanza concertada?
Pues le están afectando de lleno y desde diversos frentes. Por una parte, los profesores que están en pago delegado han sufrido los mismos recortes, si no más, que los de la Pública. La aplicación de esos recortes se está haciendo de manera desigual según las comunidades, lo cual está creando situaciones complicadas. Y además, se está recortando la partida de otros gastos que afecta al funcionamiento de los centros, al pago de personal de administración y servicios y que está aumentando el déficit histórico de esa partida.

¿Qué comunidades presentan más dificultades?
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, desde hace tiempo está sufriendo unos retrasos importantes en los pagos, que en estos momentos estimamos en seis meses. Y eso supone que para hacer frente a los pagos ordinarios de funcionamiento, sobre todo de sueldos de personal de administración y servicios, se tiene que hacer a costa del dinero de los titulares.

¿Y alguna que destaque en sentido positivo?
Por ejemplo Navarra, Aragón y La Rioja, entre otras. Al menos tratan de cumplir los plazos, aunque no puedan evitar los recortes.

A veces se transmite que los recortes están beneficiando a la Concertada.
Lo que es cierto es que la enseñanza concertada supone un ahorro para el Estado que nosotros estimamos en 4.000 millones de euros al año. Pero los recortes están afectando a todos los sectores. Por tanto, no podemos admitir que se piense que nosotros somos los beneficiarios, porque no es así.

¿Pero ha habido un incremento de los colegios concertados en los últimos años?
En términos generales la proporción se mantiene, aunque también depende de las comunidades autónomas, porque en algunas se han perdido unidades. En cualquier caso, allí donde se aumentan los conciertos o hay más aulas concertadas se debe a que responde a una demanda social.

¿Corren el peligro algunos centros de no poder pagar la luz y la calefacción este invierno, como el año pasado?
Esto hace referencia a los recortes y retrasos en los pagos. Yo entiendo que hay centros que van a tener dificultades, y espero que no sean tan graves como para impedir su normal funcionamiento. Y eso se va a conseguir con la aportación económica de los titulares –aunque los recursos tampoco son ilimitados– y con la disposición para trabajar del personal de administración y servicios, profesores y directores, que también es importante. De manera que yo espero que no lleguemos a situaciones límite que obliguen a un centro a cerrar.

¿Están teniendo conversaciones con las administraciones sobre las dificultades?
En cada autonomía y en el Ministerio les recordamos el déficit histórico que ahora se ve agravado. Calculamos que, de hecho, los recursos públicos que llegan a los centros concertados sólo cubren entre un 50 y un 70% del coste real de la enseñanza. Y desde hace muchos años estamos pidiendo a la Administración pública algo a lo que se ha comprometido, pero que no llega a cumplir, que es el cálculo del coste real del puesto escolar en España, y que ese coste se haga público.

En cuanto a la reforma, Escuelas Católicas fue al principio muy crítico por el posible perjuicio para algunos centros concertados. ¿Cómo valora ahora el antreproyecto de ley?
No sólo perjudicaba a los centros, sino que impedía que el último año de la ESO pudiera ser propedéutico y proporcionara una buena orientación a los alumnos. Y yo creo que ahí el Ministerio atendió bien nuestros razonamientos. Por lo demás, hacemos una valoración general positiva de la ley, sobre todo en lo que respecta a la ordenación académica. Sin embargo, en cuanto al régimen interno de los centros concertados, ahí nuestra valoración no es tan positiva. El anteproyecto apenas habla de los centros concertados.

¿Podría concretar un poco más?
Por ejemplo, la ley debería contemplar la renovación automática de conciertos si no cambian las condiciones, y que no esté sujeta a la decisión administrativa cada cuatro años. También que el Consejo Escolar cumpla sus funciones y no sea un medio de inmiscuirse en la autonomía de los centros –no sabemos por qué tiene que haber un concejal, tal como la LOE impuso, en los consejos escolares de los centros concertados–. Esta ley proclama la autonomía de los centros como un principio, pero luego en la práctica lo desarrolla muy poco. Nos gustaría que se diera más espacio a los módulos de conciertos, a los criterios de admisión de alumnos, que el centro pudiera establecer más criterios para matizarlos y cambiarlos. Que haya controles externos nos parece bien si se deja una gran autonomía al centro desde el punto de vista pedagógico. Y la libertad de elección ni siquiera aparece tratada en la ley, y al menos debería estar como principio inspirador de la filosofía de la Educación.

En cuanto a EpC, que FERE al principio apoyó, ¿cómo se valora ahora el cambio de contenidos?
No es que FERE la apoyara, sino que optó por el diálogo y por llegar a acuerdos con el Ministerio. Y yo creo que la historia posterior ha demostrado que esa era la mejor vía, asegurar que se puede impartir la materia de manera acorde con el proyecto educativo de cada centro. Y ese va a seguir siendo nuestro criterio. Eso sí, nos gustaría que se pudiera hacer una Educación en valores compartidos por la sociedad, y que después cada centro, de acuerdo con su proyecto educativo conocido por las familias, pudiera hacer un desarrollo acorde de la materia.

¿Qué le parece que se retire el concierto a los centros de Educación diferenciada?
Nos parece que la Educación diferenciada es una opción más de tipo pedagógico. También es verdad que, de hecho, la inmensa mayoría de nuestros centros tiene Educación mixta, y creemos que se ha magnificado este asunto, ya que afecta al 0,4% de los alumnos, muy respetables, pero no es el tema fundamental ni debe serlo. Y Educación diferenciada no supone segregación como se pretende presentar. Los acuerdos internacionales y la misma Unesco son muy explícitos diciendo que es una opción que no supone segregación.

 

OTRAS REFLEXIONES

Profesorado
“El profesorado de la Concer-tada está sufriendo los mismos recortes que los de la Pública, si no más. Hay que tener en cuenta, además, que el profesorado de la Concertada ya partía de una situación de desventaja desde el punto de vista del salario y de la jornada. Y a esto hay que añadir los recortes que se aplican de manera similar que los funcionarios sin que sean funcionarios”.

Atacar a la Concertada
“Que se defienda la enseñanza pública es razonable, pero defenderla atacando a la Concertada, eso no es tan aceptable, porque no responde a la realidad, los datos no dicen eso, y yo creo que se aprovecha esa circunstancia para reclamar por parte de algunos una red educativa única, y esto no es defendible con los tratados internacionales, ni con la Cons-titución en la mano, ni con la tradición democrática de los países de nuestro entorno”.

Presupuestos
“Estamos estudiándolos y haremos una valoración más exhaustiva. En principio, con esos datos, parece que no se añaden nuevos recortes tanto a los sueldos de los profesores como en los otros gastos”.