Educación ha pagado ya el 75% de gastos de funcionamiento
El director general de Infraestructuras y Promoción Educativa, José María Ramírez, recordó la semana pasada que “la comunidad ya ha abonado más de 13 millones de euros para gastos de funcionamiento en centros educativos, es decir el 75% de la partida total asignada para 2012”. Ramírez criticó la “actitud demagógica de la Federación de Enseñanza de UGT con una denuncia “innecesaria y oportunista”, que “demuestra claramente lo alejados que están de la realidad y de las inquietudes de nuestros centros educativos, y lo preocupados que están por el resultado de la huelga del pasado 14 de noviembre”.
Además, el director general recordó que “los centros educativos pudieron saldar todas las deudas contraídas en 2011 gracias al Plan de Pago a proveedores, que les ha permitido pagar todas las facturas pendientes hasta el 31 de diciembre del año pasado”. El último pago, explicó Ramírez, “se produjo hace tan sólo unos días, cuando la comunidad abonó otros 3,5 millones de euros, que permiten seguir garantizando el funcionamiento de los centros educativos en la Región”.
En este sentido, Ramírez subrayó el “esfuerzo” del Gobierno regional para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los centros educativos y para que, “dentro del contexto de dificultad económica, puedan sufragar aquellos gastos relativos al mantenimiento de los mismos”.
Ley de Autoridad Docente
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 9 de noviembre el proyecto de Ley de Autoridad Docente, el cual será remitido a la Asamblea Regional para su tramitación. El anteproyecto de Ley ha sido compartido con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores, y cuenta, además, con el visto bueno del Consejo Jurídico.
El objetivo de la norma es reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con respondabilidad y autoridad para garantizarlo, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.
Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la Ley Orgánica de Educación, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.
En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que estos constaten, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha autorizado una cuantía global de 3,7 millones para la dotación de 1.500 pizarras digitales y 2.400 ordenadores de aula con el objetivo de fomentar el uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías en los centros educativos de la Región.