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El ministro recula y presentará en unos días otro anteproyecto de la Lomce

Adrián ArcosMartes, 6 de noviembre de 2012
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La que podía haber sido una tormentosa Conferencia Sectorial en la que la mayor parte de las comunidades llegaba sin apoyar, en mayor o menor grado, el documento de la Lomce,dio lugar finalmente a una actitud más pacífica. Antes de empezar, ya había dos comunidades –País Vasco y Cataluña– que pedían directamente la retirada del borrador, por entender que invadía competencias autonómicas. Asturias, Andalucía y Canarias llegaban con una postura bastante combativa. Pero las comunidades del PP tampoco se quedaban atrás, a pesar de que sus consejeros lo desmintieran al final de la reunión. Con este clima, el ministro decidió aplazar la tramitación del anteproyecto y recopilar las aportaciones de las comunidades para, en el plazo de unos días, entregar un nuevo documento más acorde con las peticiones de los consejeros.
Ese nuevo borrador se discutirá durante este mes en dos comisiones generales de carácter técnico con los directores generales de las consejerías. De esa forma, llegará mucho más pulido a una nueva Conferencia Sectorial con los consejeros que se celebrará en diciembre. El objetivo es conseguir el mayor consenso posible ante un anteproyecto que ha sido criticado, precisamente, por no contar con el diálogo y el debate previos necesarios para llevar a cabo una reforma educativa. Con ese aplazamiento y la fijación de nuevas reuniones, también cambian las fechas de tramitación del documento, por lo que no será hasta febrero cuando se envíe al Congreso de los Diputados, ya que enero es un mes de vacación parlamentaria.
Sobre las aportaciones, el propio ministro apuntó algunas de ellas en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial. En primer lugar, con respecto a las solicitudes de retirada del documento provenientes de Cataluña y el País Vasco, Wert aseguró que “no es un proyecto recentralizador, pues no supone para el Ministerio tener competencias que hasta ahora venían ejerciendo las comunidades, sino que es un proyecto clarificador, porque establece con claridad, de acuerdo con la Constitución, cómo ejerce el Gobierno sus competencias en legislación básica”.
Las críticas de las consejeras vasca y catalana se referían, sobre todo, a la propuesta del Gobierno de implantar evaluaciones nacionales comunes para todos los alumnos al final de cada etapa educativa, que tendrán que superar para obtener los títulos de ESO y de Bachillerato. De hecho, según Wert, “la principal preocupación de las comunidades se centró en la necesidad de optimizar el sistema de evaluaciones, analizar sus consecuencias y determinar el nivel de participación de las comunidades en ellas”. Además, la Lomce atribuye al Gobierno central la definición del 65% de las enseñanzas comunes para las autonomías con lengua cooficial y el 75% para el resto –ahora son el 55 y el 65 % respectivamente–.
Sobre la Formación Profesional, “los consejeros pidieron que la FP Básica tenga una vía practicable que conduzca a la titulación en ESO”, según aseguró Wert. Además, aconsejaron “hacer más efectivas las pasarelas entre los distintos niveles formativos y, sobre todo, entre la FP de Grado Medio y la Superior”.
El Ministerio tampoco descarta que la ley recoja aspectos sobre la selección, formación inicial y carrera profesional del profesorado, aunque los detalles concretos se lleven al futuro Estatuto docente, del cual el ministro afirmó que empezará a negociarse tras la aprobación de la Lomce.

Huelga de los menores
Asimismo, Wert planteó la posibilidad de que la Lomce incluya la prohibición del derecho de huelga a los alumnos menores, tal y como pidieron algunos consejeros. Una de la que se mostró más a favor de esta última medida fue la consejera valenciana, Mª José Català, para quien esas huelgas son en realidad “novillos”. En su opinión, “vivimos en un periodo muy convulso, y si se quiere luchar contra el fracaso escolar se trata de que los alumnos vayan a clase”. También el consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, consideró que “no es lo mejor para la Educación que sean los más jóvenes los que incidan en una problemática tan compleja y complicada como es la huelga”.
Sobre las evaluaciones, la consejera aragonesa, Dolores Serrat, se mostró tajante sobre la necesidad de que “se le sumen una nota ponderada de todo el ciclo evaluado”. En la reunión, Serrat también propuso planes de mejora en atención a la diversidad desde 1º de Primaria, así como que no desaparezcan asignaturas troncales, en función de la modalidad de Bachillerato. “Nos encontramos –puso la consejera como ejemplo– con que la Economía no está en 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales y, sin embargo, en 2º consta como obligatoria Economía de Empresa, lo que parece un contrasentido”.
Otro de los consejeros del PP más críticos con la desaparición de asignaturas fue el riojano Gonzalo Capellán. De hecho, pidió al ministro que no elimine el Bachillerato de Artes Escénicas y que la Lomce no detalle las materias, sino que se limite a fijar objetivos comunes para todas las comunidades, que serán las responsables de fijar las materias necesarias. “Entiendo que la ley no debe determinar las materias, sino que debe marcar competencias básicas y objetivos comunes y dejar los procedimientos a los centros y a las comunidades”, aseguró Capellán tras la Conferencia Sectorial.
Sobre su apoyo al Bachillerato de Artes Escénicas, Capellán explicó que “es una postura a la que se han adherido hasta cuatro comunidades autónomas. Nosotros tenemos un instituto en el que funciona muy bien y es una opción que debería mantenerse porque es básica para el desarrollo de muchos alumnos que encuentran en esa vía la motivación”.
Otra de las peticiones que suscitó mayor apoyo fue la incorporación, con carácter excepcional, de profesores altamente cualificados en inglés para hacer posible el objetivo del bilingüismo.

Selección de directores
También varias autonomías pidieron que la nueva ley incluya un nuevo proceso de selección de los directores. Entre ellas, la Conselleria valenciana, cuyo objetivo es que “la Lomce contemple la creación de una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas, y en una proporción mayor del 30 y menor del 50%, por representantes del centro correspondiente”. El documento de la propia Conselleria explica que, de estos últimos, “al menos el 50% lo serán del Claustro de profesores de dicho centro”. Se pretende, además, que los directores se acrediten mediante un curso formativo previo y que sus funciones directivas se reconozcan como méritos a efectos de carrera.
Para el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, “se trata de trabajar en cuestiones fundamentales como dar más autonomía de gestión a los centros; profundizar en el plurilingüismo; impulsar un sistema de evaluación continua; mejorar la profesionalización de los equipos directivos de los centros; facilitar la libre elección de los centros por parte de los padres o mejorar en la Educación a través de los contenidos digitales”. Según Marín, “son cuestiones básicas y trascendentes, pero hay que trabajar con las aportaciones y las propuestas de todos”.

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