El Consejo Escolar del Estado reclama que padres y docentes elijan a los directores

El Consejo Escolar del Estado (CEE) no pedirá finalmente la retirada de la reforma educativa del Gobierno. En el pleno del pasado jueves, los sindicatos STES, FETE-UGT, FE-CCOO y CIG, junto a las asociaciones de padres de Ceapa y de alumnos Faest y Sindicato de Estudiantes, pidieron la retirada de la reforma educativa y presentaron varios informes alternativos al dictamen de la ponencia en los que refutaban frontalmente el anteproyecto de la Lomce. Pero el organismo rechazó esos informes por 50 votos en contra, 20 a favor y 22 abstenciones.

Por el contrario, el Consejo sí que aprobó el dictamen preliminar de la comisión permanente –con 56 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones– en el que se pide un Pacto de Estado por la Educación o que la comunidad educativa participe en la gestión del centro y en la elección de los directores. Uno de los aspectos en los que hace más hincapié este dictamen es la exigencia de colaboración de las Administraciones educativas con los actores sociales que conforman la comunidad educativa. Según el máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria, “sólo los consensos y los pactos pueden dotar de estabilidad los sistemas educativos para varias generaciones, ya que sin un Pacto de Estado por la Educación, los sistemas educativos durarán lo que dure el gobierno de turno”.

Asimismo, en el dictamen se reclama que la participación social en la Educación sea real y efectiva a través de las asociaciones representativas de padres y, en su caso, de los alumnos. El CEE entiende que “la intervención de las organizaciones representativas de los distintos sectores sociales contribuye a reforzar las decisiones que se adopten y al respeto y difusión de los planes, cualquiera que sea su ámbito”.

Sobre la selección de directores de los centros públicos, el organismo critica que “en la redacción del anteproyecto de ley no se aluda a la presencia o representación del Consejo Escolar del centro en la comisión que se cree para elegir al director, y se haga depender tácitamente de la regulación que aprueben las Administraciones educativas al respecto”.

De hecho, en cuanto a la profesionalización de la función directiva, el Consejo considera que “el liderazgo pedagógico y el de gestión pueden no ser compatibles”. En este sentido, el organismo reconoce el liderazgo pedagógico, porque entiende que “el director, como profesional, debe estar más cerca de la docencia que de la gestión”.

Para ANPE, el anteproyecto de la Lomce “pretende dotar a los directores de unas atribuciones que sobrepasan, en mucho, las requeridas para cumplir con el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros”. Por eso, este sindicato rechaza que el director del centro pueda establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal docente, incluido el de nombrar o rechazar interinos.

En opinión de ANPE, “estas potestades pueden perturbar notablemente el actual sistema de provisión de vacantes en la función pública docente y, sobre todo, generar una inseguridad jurídica del funcionariado docente e interino, con un cambio radical en el estatus profesional”. Este sindicato también pide que “todas estas cuestiones profesionales salgan de la redacción de una ley orgánica y se incorporen al Estatuto Docente”.

Desregulación docente
En su informe alternativo, FETE-UGT considera que “no se pueden introducir en los centros públicos mecanismos propios de la empresa privada, en cuanto a la selección del personal, y que conviertan a los directores en jefes de personal con autoridad para seleccionar al profesorado, incluso pudiendo negarse a contratar a docentes interinos o contratando a profesores que no pasen por procesos públicos de selección”. Este sindicato advierte del peligro de la desregulación del profesorado funcionario que accede mediante concurso de traslados.

Para UGT también “parece contradictorio que, por un lado, esta reforma quiera aumentar la autonomía de los centros y, por otro, recorte competencias a la comunidad educativa –profesorado, madres, padres y alumnado–, otorgándoselas al director. Según esta organización sindical, “la autonomía, adecuadamente gestionada, produce un mayor nivel de implicación y de responsabilidad de las personas que integran la comunidad educativa en la toma de decisiones”, por lo que, en su opinión, “la participación en los centros escolares constituye una exigencia, ya que la toma de decisiones en común conduce a situaciones más ampliamente aceptadas y estables”.

Por su parte, CCOO considera que “con la Lomce se implantará la autonomía de la competitividad y representará un salto atrás en la gestión democrática de los centros educativos; supondrá un retroceso de la Educación en valores y en la igualdad de los sexos y la ruptura de los principios de un Estado aconfesional, al obligar a todo el alumnado a elegir entre religión o su alternativa como parte del currículum y en horario escolar”.

El presidente del Consejo, Francisco López Rupérez, aseguró que “se han intentado, hasta donde se ha podido, cerrar fórmulas de acuerdo y compromiso entre todos los sectores de la comunidad escolar para dictaminar el anteproyecto”. Según Rúperez, “hemos hecho esfuerzos de aproximación para la búsqueda de consensos y están reflejados en el informe de la ponencia, pero hay determinado punto a partir del cual no es posible y entran en funcionamiento las reglas de las mayorías, el libre juego de los apoyos”.

TAMBIÉN EN LA CONCERTADA

• La exigencia de participación de la comunidad educativa en los centros no sólo afecta a la enseñanza pública. También el Consejo Escolar del Estado considera que padres, alumnos y profesores, cada uno a su nivel, deben intervenir en el control y gestión de los centros concertados.
• El conflicto se produce por la utilización del término “informar” en la redacción del anteproyecto cuando expone que, “a propuesta del titular, el centro tiene que informar sobre el reglamento de régimen interior o sobre el presupuesto del centro”. De esta forma, el Consejo propone que se sustituya “informar” por “aprobar”, ya que considera que “el primer término no constituye una participación real de la comunidad educativa en la gestión”.
• En el dictamen, el Consejo propone también recuperar un artículo de la LODE que queda suprimido en el anteproyecto de la Lomce y que señala que “el despido de profesores de centros concertados requerirá que se pronuncie previamente el Consejo Escolar del centro mediante acuerdo motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable, se reunirá inmediatamente la Comisión de conciliación”.
• El CEE considera que “la función del Consejo Escolar del centro de intervenir en los despidos del profesorado de colegios concertados con un pronunciamiento previo mediante acuerdo motivado, ha sido una experiencia en todo caso positiva” por lo que no ve la necesidad de suprimirla.

MÁS PROPUESTAS DEL CEE EN SU DICTAMEN
­­­- Recortes
El CEE propone añadir que “la finalización de un ciclo económico expansivo, y sus inevitables consecuencias presupuestarias, no puede ser una coartada para eludir las necesarias reformas de nuestro sistema educativo ni para limitarse a la aplicación de unas medidas de ajuste o racionalización, aunque éstas se presenten como coyunturales”. El organismo afirma que “las medidas de recorte aplicadas al sistema educativo han penalizado claramente la calidad del servicio y las condiciones de sus profesionales”.
­­­- Ley del Docente
El Consejo cree que “se debe elaborar una Ley del Docente sin perjuicio de reconocer las peculiaridades de cada colectivo de profesionales en función del tipo de centro en el que trabajan, de forma que no se excluya a todos los profesionales de la enseñanza privada y concertada, que son figura esencial en el proceso de transformación y mejora del sistema educativo”.
­­­- Especialización docente
El Consejo pide otorgar “mayor autonomía a la función docente que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la Educa-ción, respetando con carácter general el principio de especialización del profesorado, condición indispensable para una Educación de calidad”.

• Concreción en las materias

En opinión del Consejo, “convendría añadir, entre las competencias de la Administración General del Estado, la determinación de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, así como los objetivos de cada asignatura”. Además, considera que “tanto en el bloque de asignaturas específicas como de especialidad las Administraciones educativas deben actuar en el margen horario porcentual que resta una vez descontado el horario escolar fijado por la Administración General del Estado para las asignaturas troncales”.
­­­- Lengua materna
Según determina la LOE, y que no ha modificado la Lomce, el alumnado debe cursar necesariamente tanto la lengua castellana como la lengua cooficial en determinadas comunidades autónomas. Por eso, el CEE ve razonable que “la comprobación del grado de dominio de las capacidades de expresión oral y escrita sea evaluado en ambas lenguas, ya que su dominio constituye un objetivo de la Educación Primaria, como refleja la LOE”.

• Evaluaciones

En opinión del Consejo, “la prueba final de 6º de Primaria debe valorar la madurez del alumnado y detectar sus déficits de aprendizaje para la corrección de los mismos”. Por tanto, señala que “en una ley orgánica, no pueden establecerse para la evaluación los indicadores de nivel ‘alto’, ‘medio’ o ‘bajo’ que recoge la Lomce, ya que son confusos y ambiguos”.
­­­- Calificación final de la ESO
Los horarios escolares podrán ser diferentes en cada Administración educativa e incluso en cada centro. Por ello, el Consejo advierte de que “la calificación final de la ESO, al hacerla depender en un 70% de la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias de ESO ponderadas en función de su peso horario, generaría una heterogeneidad de condiciones”.
­­­- Requisitos académicos
El Consejo no cree conveniente que “el alumnado que reunió en su momento los requisitos necesarios para la obtención de su titulación deba ahora reunir nuevos requisitos para proseguir estudios en el sistema educativo, según la nueva normativa. Por ello, sugiere implantar un periodo de tiempo transitorio lo suficientemente amplio como para facilitar el paso desde las situaciones de hecho nacidas bajo la legislación precedente a la nueva normativa legal.
­­­- Pasarelas en FP
EL CEE reclama que “el título de Técnico Profesional Básico permita el acceso directo a los ciclos formativos de Grado Medio de FP y a la evaluación final de la ESO”.
­­­- Mejora de resultados
El Consejo opina que “la actuación de las administraciones educativas para mejorar los resultados de los centros que lo precisen ha de ser una obligación, no una simple opción que dependa de la voluntad política o administrativa”.