El choque ideológico de siempre espera a la Lomce en su trámite parlamentario
De nuevo, una reforma educativa reúne todas las papeletas para caer en el barro político del enconamiento ideológico. El mismo que ha viciado siempre cualquier pretensión de mejorar el sistema educativo y ha impedido que un asunto de Estado alcance un acuerdo a la altura de eso mismo.
El inicio de la negociación parlamentaria de la Lomce se prevé para finales de abril, una vez que el Consejo de Estado haya emitido su dictamen y el Consejo de Ministros apruebe el texto confeccionado por el Ministerio.
El PSOE, dueño y señor de todas las leyes que han regulado el sistema educativo los últimos 30 años, tiene claras sus tres líneas ‘de ataque’: la igualdad de oportunidades y la equidad; la escuela pública frente a la concertada, y la Educación en valores.
Su portavoz, Mario Bedera, explica que “casi todo en la Lomce perjudica a los alumnos que parten de una posición más desfavorecida”. Adiós al efecto corrector de la escuela, adiós al ascensor social de la Educación, auguran los socialistas. Las evaluaciones con consecuencias académicas y el adelanto de los itinerarios, unido a la restrición de recursos presupuestarios, “restarán posibilidades a los chavales con problemas”y, por tanto, “tienen un efecto segregador”. “Los chavales con plomo en el ala van dirigidos a FP”.
El PSOE también recela de la especialización de centros por alumnado porque “creará dos redes: la de los chicos con problemas, en la Pública, y la de los chicos sin problemas, en la Concertada”. También marca en rojo la introducción de “los conciertos a demanda” como“sesgo ideológico”del PP.
Los socialistas quieren más dinero para las escuelas, más atención a la diversidad, más apoyos y refuerzos, más comprensividad, menos obstáculos, evaluaciones no punitivas e internas (hechas por el profesorado, no por el Ministerio), Educación en valores (léase EpC), y que no desaparezca la Selectividad, “la única prueba de madurez que tenemos”.
Para el PP –como para gran parte de la comunidad educativa aunque no comparta sus postulados ideológicos–, si hay algo que hemos aprendido en los últimos 20 años es que dejar las cosas como están no funciona y ello está sobradamente demostrado con el papel de nuestro alumnado en PISA y con las deficiencias detectadas por la OCDE, como la falta de evaluaciones y de vertebración del sistema.
Ante los pésimos augurios del PSOE, Sandra Moneo responde que “es el mismo argumentario interesado que ya utilizaron contra la Ley de Calidad de 2002” y que “está instalados en el inmovilismo”.
Moneo sostiene que “una ley que tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad educativa para todos los alumnos independientemente de la región en la que vivan”, que “garantiza unas enseñanzas esenciales para todos” mediante evaluaciones, y en la que “la gran beneficiada es la escuela pública, que es la mayoritaria”, no puede sino “ahondar en la igualdad de oportunidades”.
También matiza que la especialización de los centros “no se hará en función del alumnado, sino de los intereses del alumnado” y asegura que, tanto en este como en otros aspectos, si la redacción del articulado resulta confusa, el Grupo Popular está “abierto a cualquier tipo de modificación que mejore la ley”.
La portavoz se muestra convencida de que el texto “tiene aún mucho recorrido por delante” y enfatiza el interés de su partido en “esforzarse al máximo por llegar al máximo acuerdo para que la ley perviva en el tiempo”.
En lo que respecta a la materia de Religión, eterno objeto de discusión política, Moneo responde que la Lomce se limita a respetar los acuerdos Iglesia-Estado.
Respecto a la subvención de colegios que separan por sexo, otro de los asuntos espinosos, el PP defiende que es una cuestión de libertad de elección de las familias y que en otros países no es fuente de problemas, sino de beneficios.
El otro asunto político que contaminará el debate educativo es la confrontación con Cataluña. De entrada, para el PP, “es de sentido común que el uso de la lengua deba ir en la ley”. La negociación se perderá, asimismo, por los derroteros de la batalla competencial.
Desaparece la reválida de FP Básica y la prueba de Primaria pasa a las CCAA
Nueve meses ha tardado la Lomce en salir del Ministerio para superar el último filtro: el del Consejo de Estado. En ese tiempo, el borrador del proyecto de ley ha experimentado numerosos cambios según iba pasando por el tamiz de las comunidades autónomas y del Consejo Escolar del Estado.
Las últimas modificaciones presentes en la denominada “versión 3 del anteproyecto de ley” se registraron el 14 de febrero. Entre ellas, algunas significativas como la eliminación del examen al término de la FP Básica como requisito para pasar al Grado Medio, una recomendación del Consejo Escolar para impedir que muchos alumnos se encuentren en una vía muerta. De este modo, la Formación Profesional Básica cada vez se va pareciendo más a los actuales PCPI, salvo porque con la superación de estos programas se consigue el título de ESO y con la FP Básica no.
También a petición del Consejo, pero además de las comunidades autónomas, la evaluación final de Primaria a todo el alumnado pasa a depender de ellas. El Ministerio delega, así, el diseño de una prueba que, en principio, se había reservado junto a las de ESO y Bachillerato. Según fuentes del Ministerio, la cesión responde a que la superación de la Primaria no entraña la expedición de ningún título oficial del Ministerio, como sí ocurre al concluir los ciclos siguientes. Sin embargo, de esta manera el Gobierno no podrá controlar la evaluación de una etapa crucial, en la que surgen los problemas que derivan en fracaso y abandono.
Otras novedades que parecen insignificantes entrañan una importancia política e ideológica considerable, como la apelación reiterada a la “libertad de enseñanza” o la constitución de un bloque de materias llamadas “de libre configuración autonómica”, de las cuales, por muchas que cada comunidad quiera meter, sólo la lengua cooficial (en caso de haberla) será evaluable en las reválidas estatales.