Evaluación externa: ¿desprecio del trabajo docente o aumento de su estabilidad laboral?

Como toda ley educativa en nuestro país, el anteproyecto de la Lomce continúa su lenta y accidentada aprobación. Ahora mismo envuelto en el plan económico, la nueva ley se ha ganado posicionamientos a favor, pero también muchas críticas y rechazo, sobre todo por parte de las organizaciones sindicales. Sin embargo, el sindicato catalán AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria) considera la Lomce como “una posibilidad de solucionar al fin todos los problemas educativos y conseguir que nuestros alumnos reciban una enseñanza de calidad y adaptada a las capacidades e intereses de cada uno”. Y destaca, especialmente, el establecimiento de evaluaciones externas al final de etapa.

Para AMES, “un ejemplo del gran beneficio que aportan estas evaluaciones se encuentra en los alumnos de 2º de Bachillerato, que trabajan mucho más que en cursos anteriores y ello se debe a que saben que, para acceder a la Universidad, deben superar las Selectividad con una buena nota, que es una evaluación puesta y corregida por profesores externos a su centro”. Según este sindicato, “para saber cómo va un centro no es suficiente lo que diga el propio centro, sino que es necesario que haya una entidad externa, que no tenga nada que ganar en función del sentido de su dictamen”.

Contra el establecimiento de las evaluaciones externas al final de cada etapa se han manifestado profesores, partidos políticos y algunos sindicatos y organizaciones del sector educativo. Para CCOO “estas pruebas obvian el diagnóstico previo del alumnado, su avance personal en destrezas emocionales y sociales y menosprecia al profesorado, ignorándose su labor profesional diaria”.

UGT también considera que “estas pruebas van en contra de la evaluación continua, por lo que no servirá de nada el esfuerzo de todo un año ya que éste se juzgará en una prueba final que será aplicada y calificada por especialistas externos”. Para este sindicato “estos mecanismos van a condicionar el desarrollo del aprendizaje, que va a orientarse a la superación de esta prueba en vez de conseguir una Educación integral del alumnado”.

A favor del profesorado
Para AMES “la realidad es que los controles externos no significan una falta de confianza en el profesorado sino un instrumento que le permite obtener el reconocimiento público de su trabajo y saber lo que ya hace bien y aquello en lo que puede mejorar”. De hecho, para esta organización, “las evaluaciones aumentarán la autoridad académica del profesorado, que ya no tendrá que defender los contenidos ni los niveles de exigencia que deben aplicarse en cada etapa, ya que esto ya no dependerá de él, sino de lo que esté establecido en las pruebas”.

Además, AMES asegura que “aumentará la estabilidad laboral del profesorado, ya que, al no ser el propio centro el que decide qué alumnos pueden pasar a la etapa siguiente, sino la prueba externa, el profesorado verá reconocido públicamente su trabajo y su esfuerzo en enseñar”. De esta forma, entiende que “disminuirán los casos en que un buen profesor es sustituido por otro menos competente pero más afín al equipo directivo, como consecuencia de un abuso de la denominada autonomía de centro”. Según AMES, “sin evaluaciones externas, la autonomía del centro puede facilitar el amiguismo como criterio de selección del profesorado”.

Gracias a las evaluaciones externas, en opinión de AMES, también “se asegurará, sobre todo en Secundaria, que el profesor que imparte una materia sea especialista en ella y no un profesor que la desconoce pero que, con tal de poder trabajar en un centro, se ofrece a dar clases de lo que no sabe y a obtener un alto porcentaje de éxito, con el consiguiente perjuicio para el alumnado”.

Por último, el sindicato catalán afirma que las pruebas externas evitarán las presiones sobre el profesorado para que apruebe más, ya que “los alumnos a los que se les haya regalado las notas no superarán dichas evaluaciones y el centro quedará en evidencia”. De esta forma, para evitar la pérdida de matrícula, esos centros se verán obligados a cambiar la estrategia de presionar al profesorado para que apruebe a más alumnos por la de respetar los criterios académicos del docente especialista.

Para AMES “los colectivos que critican las pruebas externas se comportan como aquellos responsables de bancos que tampoco querían que ninguna entidad externa, incluido el Banco de España, investigara lo que estaban haciendo”.

PRUEBA DE 6º CON VALOR ACADÉMICO

• AMES va más allá de la propuesta del Gobierno y no se muestra de acuerdo con que la evaluación externa al final de Primaria no tenga valor académico. Entiende que “quizá el Ministerio haya tomado esta decisión para evitar diferencias de edad excesivas entre el alumnado de 1º de ESO”, pero considera que “si un alumno de 6º de Primaria no está suficientemente preparado para iniciar la ESO, es preferible que repita curso al menos una vez”. El argumento que esgrime es que “en la ESO, al haber más profesores diferentes en un mismo curso, es más difícil que se pueda hacer un seguimiento tan personalizado de estos alumnos”. De hecho, AMES considera que “muchos de los problemas de la ESO se deben a que a ella acceden alumnos que no están suficientemente preparados". Y por otra parte, AMES piensa que “establecer una evaluación final de 6º de Primaria sin valor académico, es dejar sin este estímulo a todo el alumnado de Primaria, lo cual va contra el objetivo de recuperar la cultura del esfuerzo desde las primeras etapas”.
• Para UGT, sin embargo, “la implantación de estas reválidas a lo largo de la enseñanza va a suponer un aumento de las repeticiones desde los primeros cursos”. Este sindicato recuerda que, “si según el último informe de la OCDE, España es uno de los países con más tasa de repetidores (el 35% del alumnado de 15 años ha repetido), estas medidas pueden agravar la situación, además de que, según el mismo informe, repetir curso es una medida inútil y cara”.

BENEFICIOS DE LAS EVALUACIONES EN EL ALUMNO
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• Aumento de aprobados

Según AMES, “todos los alumnos que inicien una etapa tendrán la preparación necesaria para poderla cursar”. Debido a ello, todos podrán aprovechar mejor el tiempo de clase y, por lo tanto, mejorar su nivel de conocimientos y habilidades. En consecuencia, aumentará el porcentaje de aprobados.
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• Docentes especialistas

Todas las materias de Secun-daria serán impartidas por profesores especialistas. Todos los centros intentarán evitar que sus alumnos puedan obtener unos malos resultados en las evaluaciones externas, debido a que las materias hayan sido impartidas por un profesorado que no tiene suficientes conocimientos en ellas.
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• Contenidos de cada etapa

El alumnado recibirá todos los contenidos propios de cada etapa y con los niveles establecidos, lo que posibilitará, según AMES, que, “al acabar la etapa, todos los alumnos podrán iniciar la etapa siguiente sin especiales dificultades”.

• Vía adecuada al alumno

Las evaluaciones externas permitirán que cada alumno escoja a partir de los 15 años el tipo de estudios que mejor se adecue a sus intereses. Al haber una evaluación específica para acceder al Bachillerato y otra para acceder a la FP, los centros establecerán grupos de 4º de ESO encaminados a superar una u otra evaluación y, así, cada alumno podrá escoger la vía que desee.

• Diversificación temprana

Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a la evaluación de acceso al Bachillerato y también a la de acceso a la FP, y los alumnos que no la superen podrán volverse a presentar. Para AMES “este modelo es más adecuado que el actual, en el que sólo hay un tipo de ESO, por lo que la diversificación se inicia a partir de los 16 años o, en el caso de los alumnos repetidores, a partir de los 18 años”.

• Acceso al mundo laboral

Los alumnos que no estén interesados en realizar la prueba de acceso al Bachillerato o a la FP, podrán cursar un PCPI a los 15 años. Esto les permitirá acceder al mundo laboral a los 16 años con una cierta formación profesional reconocida.

LA DIFERENTE VISIÓN DEMOCRÁTICA DE LA AUTONOMÍA
Uno de los preceptos que recoge la Lomce es la potenciación de la autonomía de los centros dirigida a su especialización y a la rendición de cuentas, lo que también ha provocado una fuerte oposición por parte de muchas organizaciones del sector educativo. La nueva ley establece que el proyecto educativo de los centros con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro. También establece que los centros dispondrán de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios.

UGT rechaza aumentar la autonomía curricular a los centros, pues entiende que “puede convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando lugar a la especialización curricular y a la selección de los alumnos por el currículo”. De esta forma, a su juicio, “se excluye a un determinado grupo –alumnos con dificultades de aprendizaje, sociales o económicas, minorías…– para los que el anteproyecto no contempla medidas especiales que les ayude a disminuir esas dificultades”.

Por otra parte, CCOO considera que “la Lomce retrocede en la gestión democrática de los centros, justificando en base a la autonomía la pérdida de participación y corresponsabilidad profesional, familiar y social de la comunidad educativa”.

AMES, sin embargo, rompe una lanza en favor del refuerzo de la autonomía de los centros. Cree que “el Consejo Escolar, entendido como órgano directivo y supremo del centro, no ha dado resultado: su convocatoria y requisitos muchas veces es una carga burocrática y un freno para la aplicación de medidas importantes, la representatividad de los padres es mínima dada su escasa participación en las elecciones, y la preparación y experiencia en tareas directivas por parte de alumnos y padres muy a menudo es muy exigua”.

Por tanto, AMES está de acuerdo con el Ministerio en que “la gestión de los centros ha de estar en manos de los profesionales –dirección y Claustro de profesores– y que la participación de los diferentes estamentos ya se satisface suficientemente con sus deliberaciones y propuestas”.

Por otra parte, AMES defiende que los resultados de las evaluaciones de final de etapa y diagnósticas que se realicen sean puestos en conocimiento de la comunidad educativa. Para este sindicato “las familias tienen derecho a saber el rendimiento académico de los centros antes de matricular a sus hijos, porque es justo que los centros que están haciendo bien las cosas vean reconocido su esfuerzo y porque es un gran estímulo para que los centros corrijan sus deficiencias”. Eso sí, advierte de que “para hacer comparaciones se ha de tener en cuenta que los centros pertenezcan a un mismo contexto social y económico y que la valoración no sea de un año concreto sino su tendencia en los últimos años”.

Para CCOO “la clasificación de centros a partir de estos resultados supone abrir la puerta a la competencia desleal, perjudicando especialmente a la escuela pública que atiende casi con exclusividad los barrios marginales y de entornos sociales desfavorecidos”.

Por último, AMES considera muy acertado que “se pida formación específica para ser director y que en la selección se tenga muy en cuenta la valoración recibida en cargos directivos previos”. El sindicato piensa que “los directores deben tener competencias para poder dirigir bien el centro, pero que, para evitar errores, deben asumir la rendición de cuentas periódica de su gestión, especialmente la de intentar mejorar los resultados de los alumnos en las evaluaciones finales externas”.