La dificultad de la Concertada para pagar salarios bloquea el VI Convenio
Hace ya cuatro años que se viene negociando el VI convenio colectivo de la enseñanza concertada sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el PP en junio del año pasado, si no se firma un nuevo convenio antes del próximo 7 de julio, el sector –formado por 130.000 docentes– se quedará sin regulación laboral con todas las consecuencias que esta situación puede acarrear.
“Si el 7 de julio no hay convenio, se podría liberalizar tanto el sector que podría haber un convenio en cada centro, se caerían todos los acuerdos autonómicos vinculados al convenio sectorial estatal –como acuerdos de lactancia o complementos autonómicos– y cualquier nuevo trabajador que entrase al centro de trabajo tendría las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional, lo que crearía un drama social y una competencia despiadada no sólo entre centros sino entre trabajadores del mismo centro”. Así lo manifestó Jesús Gualix, responsable de enseñanza privada de FETE-UGT, en la rueda de prensa que ofreció junto a los secretarios generales de FE-USO, Antonio Amate, y FSIE, Jesús Pueyo.
La dificultad para alcanzar el acuerdo se produce por la dispar interpretación que sindicatos y patronales realizan de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en noviembre del pasado año sobre los recortes aplicados en el País Vasco en las ikastolas y centros concertados, que tienen convenios propios. La sentencia dice que los recortes efectuados por la Administración son legales y que las empresas están obligadas a abonar lo pactado en los convenios colectivos, ya que no se había previsto la vinculación entre lo pactado y lo presupuestado, ni las partes habían iniciado una nueva negociación para adecuar los salarios a los recortes.
La patronal, como consencuencia de la sentencia, mantiene que tanto los salarios como la paga extraordinaria de antigüedad y el complemento por incapacidad transitoria deben estar condicionados a lo que presupueste la Administración, quedando las empresas exoneradas de abonar cualquier cantidad por encima de lo presupuestado.
Los sindicatos, por su parte, recuerdan que “el personal docente de centros concertados no mantiene ninguna relación laboral con la Administración y, por tanto, ésta no puede reconocernos el derecho, sino abonarlo en pago delegado en nombre de las empresas”. Además, advierten de que “si este derecho queda a la libre disposición de las administraciones autonómicas es casi seguro que, en las actuales circunstancias, una buena parte no lo abonaría y el convenio colectivo permitiría unas diferencias salariales enormes e injustas entre comunidades”.
Los sindicatos aseguran “entender las dificultades presupuestarias que atraviesan las administraciones” y, por ello, proponen “diferir el abono de la paga y del complemento en función de unos calendarios negociados”.
ARGUMENTOS SINDICALES
- Antonio Amate, secretario general FE-USO: “Es muy habitual pactar calendarios”
Según el secretario general de FE-USO, Antonio Amate, “la patronal hace una interpretación interesada de la sentencia, de forma que cuando haya una discrepancia en materia económica en pago delegado, serán los centros los que tengan que abonarlo, lo que podría llevar a un grave problema porque nos podríamos encontrar con cierre de centros”. Amate piensa que “es posible un tratamiento distinto de esas cuestiones dentro del convenio para garantizar que ni los trabajadores ni las empresas salgan perjudicados”. Por eso, expone la “posibilidad de que se pacten calendarios de abono para pagar esas cantidades en los años que hagan falta, que de hecho es el ejercicio habitual que se ha seguido en muchas comunidades”.
- Antonio Gualix, responsable FETE-UGT: “El salario correcto es de 2009 y 2010”
El responsable de enseñanza privada de FETE-UGT, Antonio Gualix, explica la propuesta sindical conjunta, cuyo objetivo es “recuperar el salario de los años 2009 y 2010 que están todavía sin la consiguiente subida salarial de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a esos años, ya que en 2011 y 2012 se aplicaron el recorte salarial propiciado por los gobiernos del PSOE y del PP”. Gualix considera que “en 2011 y 2012 no podemos poner las tablas salariales como la patronal quiere, ya que se nos podría volver en contra y crear un doble recorte si sindicatos y patronales lo ponemos dentro del concepto del convenio”. Por eso, asegura que “el salario correcto es el correspondiente a los años 2009 y 2010”.
- Jesús Pueyo, secretario general FSIE: “Vamos a recurrir a la mediación”
Como explicó Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, los tres sindicatos van a presentar ante la Fundación SIMA –solución autónoma de conflictos laborales– la solicitud de procedimiento de mediación con el objeto de poder encontrar una salida a la situación de atasco en el que se encuentra el convenio. “La intención de nuestras organizaciones es acudir a una solución extrajudicial que permita mantener dicho convenio”, aseguró. Si la mediación no fuera posible, las organizaciones van a solicitar reuniones con las patronales, consejerías, partidos políticos, con el ministro de Educación, con los grupos parlamentarios, con la Defensora del Pueblo y con Concapa y Cofapa, además de movilizaciones y concentraciones a partir de abril.