Valoración de la firma del VI Convenio de Enseñanza Concertada

Siempre es positivo que en un convenio se llegue a acuerdos aunque, como en este caso, se haya prolongado la gestión durante casi cuatro años, poniendo en peligro su vigencia. El convenio de la enseñanza concertada tiene unos condicionantes que le permiten una mínima elasticidad y el campo de negociación es muy reducido. El núcleo fundamental que es la financiación, viene determinado por los presupuestos generales del estado (que no son negociables ni por patronales ni por sindicatos) y con ellos se fijan los salarios y el mantenimiento de los centros. Los complementos autonómicos tampoco es materia de negociación en un convenio. Para los niveles no concertados y el personal de administración y servicios, en teoría, la posibilidad de llegar a acuerdos podría ser mayor pero la situación del sector no permite grandes aspiraciones. El resto de variables como jornada, mejoras sociales, etc, vienen condicionadas, de una u otra forma, por esa financiación pública no negociable.

Teniendo esto en cuenta y siendo conscientes de una realidad incontrolable por ambas partes, creemos que se podría haber llegado mucho antes al consenso ahora alcanzado y lo único positivo es la finalización del proceso negociador. Así lo valoramos:

–Si después de cuatro años de reuniones se hubiesen perdido los derechos adquiridos por no haber llegado a la firma del convenio antes del 8 de julio, los únicos responsables serían los negociadores. Nos parece positivo marcar para lo sucesivo un periodo máximo de dos años de negociación. Incluso menos, sería mejor.

-En cuanto a los salarios de los años 2009 y 2010 solo cabía constatar lo practicado en cada comunidad. Parece lógico, también, que se marque un periodo transitorio para los años 2011-2014 dado que, en la actual situación, es imposible fijar unas tablas generales.

-Los niveles no concertados y el PAS mantienen su situación de penuria en el sector. La única esperanza se centraba en alguna mejora para este colectivo y para ellos solo se aplica el mismo porcentaje de subida salarial que para los niveles concertados, lo que supone aumentar más las diferencias. En este sentido, nada se ha conseguido a pesar de tener ambas partes capacidad suficiente para negociar.

-En la paga por antigüedad, dada la sentencia de algunos tribunales y la disposición de algunas Comunidades, la patronal trata de garantizar su exención en el pago por este concepto. Tampoco aquí era posible la negociación, al igual que en el complemento por incapacidad. Su aplicación corresponde y queda pendiente de las dotaciones presupuestarias de las Comunidades. En el convenio se reconoce el derecho (que ya estaba), pero no se certifica el abono.

-La regulación del tramo infantil de 0-3 años era una aspiración constante de la patronal debido a la tendencia de los centros a ofrecer este servicio. Lo ha conseguido y se ha dado un primer paso, a nuestro entender poco definido para los trabajadores, y que tendrá que madurarse en lo sucesivo.

Entendemos que en este VI Convenio no se ha incorporado ninguna novedad relevante y únicamente se ha tratado de adaptarlo a la legislación actual y a las circunstancias impuestas desde las administraciones públicas. Esto nos reafirma en el convencimiento de que el margen de negociación entre patronal y sindicatos era mínimo y, por tanto, se ha prolongado innecesariamente, lo que ha provocado a los centros y a los trabajadores un largo periodo de inseguridad y de desconcierto.

Creemos que todo el sector debería profundizar sobre las condiciones del sistema de conciertos, sus riesgos y sus posibles alternativas. Que todo dependa de la disponibilidad presupuestaria de la administración central o autonómica, sin que en ello puedan intervenir ni los titulares de los centros ni los trabajadores, es dejar al sector indefenso y sin capacidad de organización en algo tan fundamental como son las relaciones laborales.

Francisco Vírseda García y Joaquín Moreno Cejuela