La Abogacía del Estado avala reforma del gobierno universitario y profesorado

Según señala el Ministerio en un comunicado, dos de los expertos advirtieron en su momento que esas cuestiones podrían tener alguna "dificultad de encaje" dentro de la Constitución, así que el departamento que dirige José Ignacio Wert solicitó un dictamen a la Abogacía General del Estado. La propuesta del grupo consistía en simplificar los dos órganos de dirección universitaria vigentes, el Consejo Social y la Junta de Gobierno, y formar uno solo de composición mixta entre miembros de la parte académica (como la actual Junta de Gobierno) y de la sociedad civil.

"El dictamen de la Abogacía manifiesta que, en principio, eso no tiene por qué ser anticonstitucional siempre que quede garantizada la autonomía de la parte académica de la Universidad, lo cual se consigue con la normativa pertinente regulatoria, como garantizar que la parte académica no sea minoritaria", según explica el Ministerio. La segunda razón de la eventual inconstitucionalidad derivaba de la llamada "doble vía" de acceso del personal docente e investigador, lo que significa la coexistencia del personal funcionario y del laboral (de contratación directa), pues podría ser "atentatorio" contra la libertad de cátedra garantizada constitucionalmente. Sin embargo, el dictamen de la Abogacía del Estado, según Educación, concluye que esta cuestión "en absoluto" atentaría contra la Constitución.

La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, ha entregado el informe a los rectores que estudian con el Ministerio la reforma universitaria.