Los 7,5 millones de ninis cuestan a la UE 150.000 millones anuales
“Ahora es el momento de que los Estados miembros establezcan las reformas estructurales y la infraestructura para hacer la Garantía Juvenil una realidad lo antes posible”. Este fue el mensaje del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y del comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, durante una conferencia de alto nivel sobre el desempleo juvenil presidida por el presidente francés François Hollande en París el pasado 12 de noviembre. Seis Estados (República Checa, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Eslovaquia) ya han presentado a la Comisión sus primeros planes de aplicación.
“Estamos todos de acuerdo en que la Garantía Juvenil es la mejor manera para que los Estados ayuden los jóvenes a encontrar trabajo y reduzcan los niveles inaceptables de de-sempleo juvenil”, dijo el presidente Barroso.
“Nos damos cuenta de que es un gran reto para los Estados miembros aplicar las reformas estructurales necesarias para aplicar la Garantía Juvenil –añadió el comisario Andor– pero sin una inversión tan específicamente orientada a nuestro capital humano, corremos el riesgo de una generación perdida”.
La Garantía Juvenil pretende que los Estados miembros garanticen que todos los jóvenes de hasta 25 años reciban una buena oferta de empleo, formación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la formación formal o quedar desempleados.
La lógica de la Garantía Juvenil es muy sencilla: garantizar que los servicios públicos de empleo ayuden de manera activa a los jóvenes o bien a encontrar un empleo acorde con su formación, competencias y experiencia, o bien a adquirir la formación, competencias y experiencia jóvenes que buscan los empresarios, y por lo tanto, son directamente pertinentes para aumentar sus posibilidades de encontrar empleo en el futuro.
El ejemplo de Finlandia
La Garantía Juvenil se basa en la experiencia de Austria y Finlandia, que muestran que invertir en los jóvenes es rentable. Por ejemplo, en Finlandia se ha traducido en una reducción del desempleo entre los jóvenes. Un 83,5% de ellos ha logrado un empleo, un período de prácticas, un puesto de aprendiz o la ampliación de estudios en un plazo de tres meses a partir de la fecha de registro.
Para muchos Estados, la implantación de la Garantía Juvenil requerirá reformas estructurales. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo deben poder garantizar que los jóvenes reciben oportuno asesoramiento sobre los puestos de trabajo y las oportunidades de Educación y formación más adecuadas para su propia situación. A este respecto puede resultar de utilidad la propuesta de Decisión de la Comisión, de junio de 2013, por la que se ayuda a los servicios públicos de empleo a maximizar su eficacia a través de una cooperación más estrecha.
Otro de los ámbitos que requieren reformas estructurales se refiere a los sistemas de Educación y Formación Profesional, en los que los Estados miembros deben asegurarse de que dan a los jóvenes las capacidades que buscan los empresarios. A este respecto, puede resultar útil el diálogo entre sindicatos, organizaciones patronales, establecimientos educativos y autoridades públicas sobre la estructura y contenido de los cursos de Educación y formación, dice la Comisión.
La Garantía Juvenil tiene un coste presupuestario para los Estados que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado en 21.000 millones de euros al año. No obstante, los costes de no actuar son mucho mayores. La fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha estimado la pérdida económica actual en la UE por tener a 7,5 millones de jóvenes desempleados o sin Educación o formación en más de 150.000 millones de euros al año (1,2 % del PIB de la UE) en términos de prestaciones pagadas y pérdidas de producción. A ello se añaden los costes a largo plazo para la economía, la sociedad y las personas.